En Cuba, mientras la población enfrenta una crisis generalizada marcada por cortes prolongados de corriente eléctrica, escasez de medicamentos, brotes de enfermedades y una severa limitación de derechos, las condiciones dentro de las prisiones son aún más alarmantes. Las personas privadas de libertad viven el abandono institucional, pues el Estado no solo incumple su obligación de garantizar derechos básicos, sino que permite —con total impunidad— abusos sistemáticos, tratos crueles y condiciones degradantes.
Un reflejo de esta situación desesperada es el recurso extremo a la huelga de hambre. Durante el mes de julio de 2025, al menos 11 prisioneros se declararon en inanición voluntaria como forma de protesta, en un intento de hacer visible lo que el sistema intenta silenciar. Los reclusos implicados son: Yan Carlos González González, Miguel Alfonso Jiménez Marrero y Henry Ramírez Cantillo (Prisión La Pendiente, Villa Clara), Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Walfrido Rodríguez Piloto y Duannis Dabel León Taboada (Combinado del Este, La Habana), José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde, Santiago de Cuba), Elier Sánchez Sánchez (Prisión Cuba Sí, Holguín), Fernando Almenares Rivera (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque), Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá (Prisión Kilo 8, Camagüey) y Yosbany Meriño Carmenate (Prisión Provincial de Las Tunas). Protestar contra la privación arbitraria de la libertad y exigir atención médica fueron los motivos más recurrentes para asumir esta medida, que evidencia también la falta de canales efectivos para reclamar derechos desde la cárcel.
El caso del preso político Yan Carlos González González evidencia el costo extremo de esta desesperación. Su huelga de hambre, que se extendió por más de un mes, terminó con su muerte, ante la intransigencia de las autoridades que se negaron a revisar la petición fiscal de 20 años basada en pruebas insuficientes, por un delito de sabotaje que él negaba haber cometido. Pocos días antes de fallecer, cuando su estado de salud era ya irreversible, se le otorgó una modificación de medida cautelar, una práctica común del sistema penitenciario cubano para evitar el registro de nuevas muertes bajo custodia.
Durante el mes también se tuvo conocimiento del deceso de Jimmy Castrillo, recluso en la prisión La Condesa (Mayabeque), como consecuencia de tuberculosis, otra muestra de las precarias condiciones sanitarias que persisten en los centros de reclusión.
En julio, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró un total de 91 eventos relacionados con personas privadas de libertad. De estos, 77 ocurrieron en prisiones y centros de detención de 13 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Los eventos ocurridos fuera de las cárceles se refieren fundamentalmente a procesos penales, excarcelaciones y pronunciamientos internacionales en favor de las personas privadas de libertad por razones políticas. De los 77 eventos registrados dentro de las cárceles, 68 implicaron algún tipo de violación contra los derechos de las personas reclusas.
Las provincias donde se registró el mayor número de violaciones contra personas privadas de libertad fueron La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba. En cuanto a los centros penitenciarios, los más señalados fueron el Combinado del Este, la Prisión de Mar Verde y la Prisión Provincial de Pinar del Río.
Se documentaron violaciones de derechos humanos contra al menos 51 personas privadas de libertad —10 mujeres y 41 hombres—, mientras que ocho denuncias hicieron referencia a situaciones que afectan de manera colectiva a la población penitenciaria de centros específicos. Los presos políticos José Daniel Ferrer García (Prisión de Mar Verde), Roberto Pérez Fonseca y Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión de Quivicán, Mayabeque), Duannis Dabel León Taboada (Combinado del Este) y Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río) fueron las personas con mayor cantidad de incidentes represivos en su contra. Los grupos más vulnerables frente a estos hechos continuaron siendo el de personas privadas de libertad por razones políticas, así como las personas opositoras y afrodescendientes. Cabe destacar que en una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad.
Se logró identificar total o parcialmente a 16 personas involucradas directamente en la ejecución de las violaciones documentadas —5 mujeres y 11 hombres. De ellas, 14 son funcionarias del sistema penitenciario y una es oficial de la Seguridad del Estado que opera dentro de las prisiones.
Los incidentes represivos más frecuentes durante el mes fueron los relacionados con formas de hostigamiento y represión (55), seguidos por la negación de atención médica (23), las restricciones a la comunicación (11) y los casos de golpizas y torturas físicas (10) —un evento puede contener varios tipos de incidentes. Los detalles sobre personas privadas de libertad con condiciones de salud delicadas y sin acceso a atención médica adecuada pueden consultarse en el informe complementario “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud”.
Entre los hechos más graves documentados durante el mes se encuentra la brutal golpiza contra José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde), propinada por presos comunes al servicio de las autoridades, con el objetivo de forzarlo a abandonar una huelga de hambre. En el Combinado del Este, Roberto Silva Arencibia sufrió golpizas prolongadas por parte de reclusos comunes, hasta el punto de quedar impedido de caminar. En la Prisión de Melena del Sur (Mayabeque), Manuel Velázquez Licea recibió una paliza del oficial Rudy Méndez Rodríguez, quien le dijo que “a los contrarrevolucionarios hay que matarlos”. En la Prisión Provincial de Granma, Alexander Guzmán Silva fue esposado a una reja y golpeado en el rostro por una oficial mujer con la mano cubierta de anillos, junto a otros tres guardias hombres. Por otra parte, Manuel de Jesús Rodríguez García (Prisión Provincial de Pinar del Río) fue agredido físicamente después de que los carceleros le robaran su saco de comida.
Asimismo, se documentó el uso de personas presas comunes para hostigar e intentar desestabilizar psicológicamente a las personas presas políticas María Cristina Garrido Rodríguez (Prisión de Mujeres de Occidente, La Habana) y Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río).
Tras sufrir golpizas, y de forma similar a lo que ocurre durante las huelgas de hambre, las personas reclusas fueron enviadas a celdas de aislamiento. Este castigo también se utiliza como represalia contra quienes denuncian las violaciones de derechos de las que son víctimas.
Para impedir que se conozcan los abusos cometidos, las autoridades recurrieron a otras formas de restricciones en la comunicación, como la suspensión, limitación y vigilancia de llamadas telefónicas, así como la prohibición de salidas al patio para evitar que las personas reclusas transmitieran información a otras internas.
Como represalia por denuncias, se documentó además el uso de traslados a destacamentos de mayor peligrosidad e incluso a otras prisiones, en condiciones que constituyen desaparición forzada.
Entre los casos registrados, a Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba) se le negó la posibilidad de asistir al sepelio de su abuela. En el Combinado del Este, bajo el pretexto de combatir la supuesta fabricación de la droga conocida como “el papelito”, se prohibió a los reclusos tener cartas, libros u hojas en blanco.
Con motivo de la cercanía del 11 de julio, fecha en que se conmemora el aniversario de las protestas populares de 2021, se tuvo conocimiento de la suspensión masiva de los pases para los reclusos de los campamentos de trabajo forzado Ho Chi Minh (Mayabeque) y La Lima (La Habana), medida que presumiblemente se pudo haber extendido a la mayoría de los centros penitenciarios con régimen de menor severidad.
Como se ha señalado en informes anteriores, las condiciones materiales en las cárceles siguen siendo críticas: alimentación deficiente, ausencia de medicamentos, agua potable contaminada, hacinamiento que obliga a muchos reclusos a dormir en el suelo, soportando un calor sofocante y la presencia constante de chinches, mosquitos y otras plagas. Esta situación favorece la propagación de enfermedades transmisibles como tuberculosis, hepatitis, gripes y escabiosis, documentadas en el mes.La información expuesta en este informe representa un subregistro de los eventos y víctimas reales; una documentación completa resulta imposible debido a la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios. Toda la información recopilada, así como sus fuentes, está disponible para consulta en la base de datos pública del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas: https://docubprisiones.org/eventos-prisiones/.
