Durante septiembre de 2025, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró cuatro muertes de personas privadas de libertad, reflejo de patrones de incumplimiento de la responsabilidad del Estado cubano y de las graves violaciones de derechos humanos y de estándares internacionales de lamentable alta frecuencia en los centros de detención de la Isla.
Alfredo Ulecia Planche, conocido como “Alfredito”, cumplía una condena de 25 años en la Prisión Provincial de Guantánamo, y trabajaba en la cocina del penal. Tras ser acusado por otro recluso de vender alimentos, el jefe de orden interior lo apartó de su puesto y, como protesta, Alfredo ingirió psicofármacos. Las autoridades penitenciarias lo sometieron como castigo a un método de tortura conocido como “fijación mecánica”. Durante tres días permaneció amarrado e inmovilizado de manos y pies en un cuarto insalubre del puesto médico, sin recibir alimentos ni atención médica. Fue otro interno quien advirtió que no respondía. A sus familiares les comunicaron que la causa del fallecimiento había sido “sobredosis”, lo cual resulta incompatible con las circunstancias del hecho.
También se registró la muerte de Ezequiel Aleixi Figueroa Mesa, en el campamento de trabajo forzado “Bungo 8” (Santiago de Cuba). Aunque oficialmente se informó que se trató de un suicidio, los familiares denunciaron signos de violencia física y contradicciones en la información oficial, lo que sugiere manipulación de pruebas y falta de transparencia.
Las otras dos muertes bajo custodia —la de Roberto “El Nene” (Prisión Provincial de Granma) y Leudis Ramos Mejías (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba)— fueron catalogadas como suicidios. Ambos casos revelan omisiones graves en la obligación estatal de prevención y resguardo de la vida, dado que uno de los reclusos había intentado previamente suicidarse sin recibir seguimiento psicológico, y el otro padecía un cuadro depresivo evidente, sin acceso a atención médica ni protección frente a amenazas de otros internos.
En total, el Centro registró en septiembre 85 eventos relacionados con personas privadas de libertad. De estos, 73 ocurrieron en centros de detención y prisiones de 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Los eventos ocurridos fuera de las prisiones correspondieron fundamentalmente a procesos penales y pronunciamientos internacionales a favor de los presos políticos. De los 73 eventos registrados dentro de las cárceles, 71 implicaron algún tipo de violación a los derechos de las personas privadas de libertad.
Durante el mes, las formas más frecuentes de eventos represivos registrados incluyeron hostigamiento y represión (48 incidentes), violaciones al derecho a la salud (24), negación o deficiencia de atención médica (20), malas condiciones de vida (10) y uso de celdas de castigo (8). En total, se registraron incidentes bajo 30 categorías distintas de violaciones y actos represivos, reflejo de la diversidad y complejidad de los patrones de abuso. (Un evento puede contener varios incidentes de represión).
Las provincias donde mayor cantidad de eventos violatorios se registraron fueron La Habana, Santiago de Cuba y Pinar del Río. Entre las prisiones con mayor número de incidentes destacan el Combinado del Este (La Habana), Mar Verde (Santiago de Cuba), Prisión Provincial de Pinar del Río y Agüica (Matanzas).
Al menos 55 personas privadas de libertad resultaron víctimas de alguna violación (5 mujeres y 50 hombres) y ocho de las denuncias documentadas hicieron referencia a situaciones que impactaron a la totalidad de la población penal de determinados establecimientos, evidenciando condiciones estructurales de violación de derechos. Las personas presas políticas, opositoras y afrodescendientes fueron las más vulneradas entre las víctimas. (En una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad).
Los reclusos con más violaciones reportadas en su contra fueron los presos políticos José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde) y Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río).
Se identificaron total o parcialmente a 14 individuos, todos hombres, implicados directos en la comisión de violaciones: ocho funcionarios penitenciarios, cuatro oficiales de la Seguridad del Estado y dos reclusos colaboradores de las autoridades.
El Centro documentó además manifestaciones pacíficas dentro de varios establecimientos penitenciarios, entre ellas varias huelgas de hambre protagonizadas por: Julio César Duque de Estrada Ferrer (Prisión Aguadores, Santiago de Cuba), Walfrido Rodríguez Piloto (Combinado del Este), Rolando Yusef Pérez Morera (Prisión de Quivicán, Mayabeque), Dilvaldo Valcárcel González (Prisión Agüica), Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt “Pupito Ensy” (Combinado del Este), Georlys Olázabal Draque (Combinado del Este) y Yoani Londres Gamón (100 y Aldabó, La Habana). Asimismo, se registraron otras formas de protesta: Luis Manuel Otero Alcántara (Prisión de Guanajay, Artemisa) se negó a recibir visitas; Alexander Verdecia Rodríguez (Prisión Las Mangas, Granma) lanzó consignas contra la dictadura, y Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río), junto a otros reclusos, se afeitó las cejas y la cabeza como un acto simbólico de resistencia. Las causas de estas protestas incluyeron denuncias por golpizas, arbitrariedades en el régimen de visitas, procesos judiciales excesivamente demorados (algunos por más de un año), permanencia en prisión tras cumplimiento de sanción, acusaciones fabricadas, juicios sin garantías procesales, condiciones de indignidad, exigencias por la liberación de presos políticos y el estado deplorable de las cárceles.
Como represalia por protestar dentro de los establecimientos penitenciarios, Walfrido Rodríguez Piloto (Combinado del Este), Maykel Castillo Pérez (trasladado a Prisión Kilo 8, Pinar del Río) y Divaldo Valcárcel González (Prisión de Agüica) fueron confinados en celdas de castigo, este último en condiciones degradantes, completamente desnudo. Asimismo, fueron sometidos a aislamiento prolongado Dairon Duque de Estrada Aguilera —recluido en una prisión de Santiago de Cuba, golpeado previamente y con sospecha de tuberculosis—, Manuel de Jesús Rodríguez García, recluido en el Combinado de la Construcción “Augusto César Sandino” (Pinar del Río), y José Alejandro Rodríguez Gelin (Prisión de Agüica), quien permanece en esa situación desde hace varios meses. Estas prácticas constituyen una violación directa de los estándares nacionales e internacionales que prohíben el uso abusivo del aislamiento como forma de castigo.
Las autoridades emplearon alteraciones a las visitas reglamentarias con el objetivo de castigar o intimidar a las personas privadas de libertad por razones políticas. Fue víctima de esta arbitrariedad Dayron Martín Rodríguez (Combinado del Este), quien fue conducido a su visita esposado de manos y pies, escoltado por numerosos guardias y perros, y obligado a ver a su familia en un local herméticamente cerrado y con altas temperaturas. También en el Combinado del Este, Duannis León Taboada fue llevado a un salón de protocolo, presumiblemente vigilado por cámaras, tras haber hecho esperar a su madre durante cuatro horas.
A otros presos, como José Daniel Ferrer García en la prisión de Mar Verde y Walfrido Rodríguez Piloto, se les interrumpieron las visitas antes del tiempo previsto. En la Prisión Provincial de Pinar del Río, Maykel Castillo Pérez fue hostigado verbalmente por un oficial durante todo el encuentro con sus familiares, quienes además no pudieron dejarle la comida que habían llevado. Por su parte, Manuel de Jesús Rodríguez García, desde su traslado al Combinado de la Construcción “Augusto César Sandino”, no había recibido visita alguna para que su familia le entregase productos de aseo.
Las restricciones también han incluido medidas de aislamiento prolongado. Yoel Prieto Tamayo (Combinado del Este) vio extendido el intervalo entre visitas a cada 45 días, mientras que Amalio Álvarez González, en la misma prisión, sufrió la suspensión arbitraria de sus visitas durante un año completo. En este último caso, un oficial informó a su hermana que, a partir de ese momento, sería considerado un “preso benéfico”, categoría que se asigna a los reclusos sin familiares, agravando aún más su situación, ya que Amalio es además paciente de Psiquiatría.
Durante el mes se registraron negativas de comunicación telefónica con sus familia a los presos políticos José Daniel Ferrer García, Jorge Martín Perdomo (Campamento de trabajo forzado “Ho Chi Minh”, Mayabeque) y Kevin Damián Frómeta Castro (Prisión 1580, La Habana), este último en fase de recuperación de un proceso quirúrgico. A Félix Navarro Rodríguez (Prisión de Agüica) y Yoel Prieto Tamayo (Combinado del Este) les redujeron el tiempo de llamadas. Desde el 11 de agosto y durante todo septiembre permanecieron recluidas e incomunicadas en la prisión provincial de las Tunas once personas que fueron detenidas bajo acusaciones de minería ilegal.
Durante el período, se documentaron múltiples casos de amenazas directas contra la vida de personas privadas de libertad. Funcionarios estatales y carceleros hicieron alusión explícita a la muerte de los reclusos como forma de castigo o represalia. En la Prisión Combinado del Sur (Matanzas) un carcelero advirtió al preso político Oscar Sánchez Madan, adulto mayor, que en cualquier momento “le iban a dar un susto” por sus denuncias sobre las condiciones de reclusión. En la Prisión Kilo 8 (Camagüey), un oficial de la policía política ordenó suspender la entrega de medicamentos a Amaury Díaz García y le dijo que moriría si su cuerpo no soportaba las condiciones impuestas, admitiendo que se trataba de una represalia por sus denuncias. En esa misma prisión, el carcelero de apellido Montalbán propinó una brutal paliza al reo Yasmani Ramos Hernández y, posteriormente, gritó ante el resto de los reclusos que “al que se hiciera el gracioso en su guardia lo mataba de ser necesario”. José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde) fue amenazado de muerte por un preso común que actúa en coordinación con las autoridades. En la Prisión Provincial de Granma, otro recluso colaborador, después de reunirse con oficiales de la Seguridad del Estado, amenazó al prisionero político Alexander Guzmán Silva con “matarlo a puñaladas” y colocarle drogas entre sus pertenencias para fabricarle una nueva causa penal.
En el Combinado del Este se identificaron a dos presos comunes, Yordan Humberto Iznaga y Osvaldo Same, que colaboran con las autoridades del penal y la Seguridad del Estado para controlar al resto de los reclusos, incluidos los presos políticos. A cambio, se les permite mantener redes internas de tráfico de drogas, alimentos y armas, con total impunidad.
Por denunciar las condiciones inhumanas y las violaciones en el campamento de trabajo forzado de Melena del Sur (Mayabeque), Yuri Almenares González (en estado crítico de salud, desnutrido y apenas pudiendo hablar) fue revocado al régimen severo en esa misma prisión y se le añadieron diez meses adicionales de privación de libertad. En el campamento de trabajo forzado “Ho Chi Minh”, a Jorge Martín Perdomo le prohibieron tomar el sol, lo cual atentó directamente contra su salud. Asimismo, en la Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey, a Ienelis Delgado Cué le negaron el derecho a recibir atención religiosa.
Finalmente, continuaron reportándose brotes extendidos de enfermedades contagiosas entre la población penal, incluyendo tuberculosis, escabiosis, chinches, chikungunya, dengue y hepatitis. Estas epidemias se desarrollan en un contexto de escasez de medicamentos, deficiencias graves en el abasto de agua, e inadecuada alimentación, lo que agrava la vulnerabilidad y el sufrimiento de las personas privadas de libertad.
La información presentada en este informe representa un subregistro de los eventos y víctimas reales; una documentación completa resulta imposible debido a la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios.
