«He sido víctima de un abuso enorme. Yo, mi hijo y mi familia«. Así comenzó el cubano Wilber Aguilar Bravo, la noche del 3 de noviembre de 2025, un video en sus redes sociales que ha sido visto por cientos de miles de personas. Wilber denunció que a Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 12 años de prisión por las protestas del 11J, lo habían llevado, sin avisar a su familia, del Combinado del Este, en La Habana, hacia el penal de Agüica, en la provincia de Matanzas.
Pocos días después, se produjo un nuevo traslado hacia otra provincia (Sancti Spíritus), esta vez a la prisión Nieves Morejón, en el poblado de Guayos, a casi 400 kilómetros de donde vive la familia Aguilar. El joven está injustamente recluido desde los 21 años, condenado por supuesta «sedición» tras las manifestaciones pacíficas del 12 de julio de 2021 en el empobrecido barrio habanero La Güinera.
Para realizar los traslados arbitrarios, el Ministerio del Interior (MININT) no tomó en cuenta que en las Reglas Nelson Mandela de la ONU se pide alojar a las personas privadas de libertad en instituciones penitenciarias cercanas a su hogar. Ni siquiera detuvo al poder que Walnier tenga un diagnóstico de discapacidad intelectual.
«Esto es en represalia por alzar la voz, por defender a un hijo», afirmó Wilber Aguilar, quien cuenta —como Walnier— con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde enero de 2025. La CIDH ha considerado que ambos están «en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba».
No es el único caso de violencia institucional en el sistema penitenciario de la Isla. Entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) documentó 126 denuncias relacionadas con el estado de salud de personas reclusas de las que se conoce que presentan alguna discapacidad.
Según la Organización Panamericana de la Salud las personas con discapacidad «son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás».
Cada 3 de diciembre la ONU celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para «promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural».
El tema exige una mirada urgente en Cuba, donde existe una crisis multidimensional que afecta a todos los sectores sociales, pero se ceba en los grupos más vulnerables de la población. En este contexto, las personas con discapacidad que están privadas de su libertad se encuentran expuestas a violencias y desatención en un sistema penitenciario que no cumple con estándares mínimos de condiciones para una vida digna y de respeto a los derechos humanos.
Condiciones inhumanas
En Cuba, uno de los sistemas penitenciarios más cerrados del continente, apenas se conoce cómo viven las personas con discapacidades físicas, intelectuales o psicosociales que están privadas de libertad. Sin embargo, el silencio institucional contrasta con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos establecen que la asistencia médica a las personas privadas de libertad es una responsabilidad del Estado. Según esta normativa, conocida como Reglas Nelson Mandela, cada penal debe contar «con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud».
Por otra parte, el Manual sobre Reclusos con Necesidades Especiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) orienta cómo se debe garantizar un trato digno, humano y no discriminatorio a las personas privadas de libertad que presentan discapacidades físicas, mentales o enfermedades crónicas. El documento subraya que estas personas enfrentan vulnerabilidades particulares dentro de los sistemas penitenciarios —como la falta de accesibilidad, atención médica inadecuada o abusos— y recomienda adoptar medidas de trato diferenciado que aseguren su inclusión y bienestar.
Además, el manual de la UNODC insta a los Estados a aplicar las Reglas Mandela y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada y ratificada por el Gobierno de Cuba en 2007), promoviendo políticas penitenciarias centradas en la rehabilitación y el respeto a la dignidad humana.
Incluso el Reglamento del Sistema Penitenciario cubano, en el Artículo 36.1 (inciso g), establece que las autoridades deben tener en cuenta el estado de salud de las personas privadas de libertad (si son sanos, enfermos crónicos, enfermos contagiosos o con trastornos psiquiátricos) para la evaluación, clasificación y compartimentación de los internos. Sin embargo, múltiples denuncias y testimonios de personas internadas en penales o exreos indican que la mención en la legislación cubana no significa que se cumpla con el trato diferenciado a favor de quienes lo necesitan por motivos de salud.
Entre las principales causas de la falta de atención a las personas privadas de libertad que viven con discapacidad, documentadas por el CDPC, está la inexistencia de condiciones adecuadas en las prisiones cubanas y el carácter represivo y violatorio de derechos humanos de las autoridades penitenciarias.
Testimonios recogidos por el CDPC desde 2023, han revelado que los centros penitenciarios cubanos se caracterizan por la sobrepoblación y el hacinamiento; la falta de higiene, agua limpia y potable, iluminación, ventilación y productos de primera necesidad (como jabón, pasta de dientes, papel sanitario), así como la existencia de humedad, temperaturas bajas y vectores en las instalaciones. Otras denuncias exponen la escasez y precariedad de la comida, así como en la falta de medicinas, insumos médicos, personal capacitado y combustible para traslados a centros hospitalarios, lo que en el caso de las personas con discapacidad agrava sus padecimientos físicos o mentales.
Aunque estos problemas dificultan la vida en prisión de toda la población penal, significan barreras y riesgos extraordinarios para las personas con discapacidades, quienes muchas veces sufren las repercusiones sobre su salud y calidad de vida.
José Díaz Silva, un veterano disidente y expreso político desterrado en diciembre de 2022, recordó en una entrevista con el CDPC que convivió con varias personas a las que le faltaban extremidades o tenían padecimientos mentales. En su opinión, en el sistema penitenciario cubano no existen las condiciones para internar a estas personas, que «están en las prisiones [cubanas] como todos, buscando cómo sobrevivir», dijo.
De sus periodos encarcelado recuerda que «muchos enfermos mentales se agredían o trataban de ahorcarse. La medida era esposarlos a un banco o a una reja para controlarlos. La única condición, en prisiones como el Combinado del Este, es que cogen un piso para tenerlos ahí».
Dariel Ruiz García, quien usa una prótesis de pie izquierdo y padece miopía, fue encarcelado durante casi dos años y medio por manifestarse de forma pacífica en agosto de 2021, en el municipio Madruga (provincia Mayabeque). En ninguno de los centros penitenciarios en los que estuvo —la Prisión de Melena del Sur y el campamento de trabajo El Paraíso—, disfrutó de facilidades por sus condiciones físicas, explicó al CDPC.
«No solo las personas como yo, con discapacidad, sino ningún ser humano está apto para vivir en las prisiones de Cuba«, afirmó Ruiz García.
Testimonios de otros reclusos con discapacidad coinciden con lo descrito por Ruiz García. En noviembre de 2023, Héctor Conyedo denunció que en la Prisión Provincial de Cienfuegos enfrentaba dificultades para asearse y comer debido a la falta de varios dedos en ambas manos. En diciembre de ese mismo año, otro prisionero, Andrey Garza, dijo desde la Prisión de Boniato (Santiago de Cuba) que no contaba con silla de ruedas dentro del penal, pese a que le faltan ambas piernas.
En la Prisión Provincial de Las Tunas, el recluso Lisandro Betancourt denunció, en mayo de 2024, que sufrió varias caídas en los baños del centro penitenciario por las malas condiciones de las instalaciones, que le afectan especialmente porque le faltan las manos, tiene problemas severos de visión y una pierna paralizada por una inyección mal puesta por un enfermero del penal.
En la Prisión de Mujeres de Occidente (La Habana), la manifestante del 11J Yanay Solaya Barú, fue testigo de cómo las personas con discapacidad «tenían que salir por la mañana a trabajar», como el resto de las reclusas.
Según el testimonio de la expresa política, conoció a una señora delgada y mayor que estaba «en una silla de ruedas, con asma, que ya no podía ni caminar (…) tenía que salir a trabajar a las seis de la mañana, como todo el mundo. Allí no importa edad ni condición ni nada».
Sin medicación ni cuidados especiales
La escasez de personal sanitario, medicamentos e insumos médicos es una constante en las cárceles cubanas, y afecta especialmente a las personas con discapacidad. «Las condiciones son pésimas, no hay ni medicinas», dijo Dariel Ruiz García al CDPC.
En noviembre de 2023, el preso Julio César Vega denunció que en el penal provincial de Granma no había ningún oftalmólogo ni médico que pudiera tratar la pérdida de visión de uno de sus ojos.
Entre las situaciones más preocupantes constatadas por el CDPC en su monitoreo sobre lo que ocurre al interior de las prisiones cubanas, destaca la de las personas reclusas con discapacidad mental o trastornos psicológicos.
Los testimonios recopilados por esta organización indican que no cuentan con la supervisión de personal médico ni penitenciario especializado, lo que los vuelve especialmente vulnerables a episodios de discriminación y violencia (física y psicológica) por parte de guardias y reclusos. Además, la falta de medicamentos pone en riesgo no solo su salud, sino también su integridad, sobre todo la de aquellos con depresión e ideaciones o intentos suicidas, quienes dependen de ellos para mantenerse estables.
El preso político Amalio Álvarez denunció en mayo de 2023 que en el penal de máximo rigor Combinado del Este (La Habana) no contaba con pastillas de clonazepam ni carbamazepina, indispensables para su tratamiento psiquiátrico.
En 2023, familiares del manifestante del 11J y recluso con discapacidad psicosocial Ismael Rodríguez (Prisión Combinado del Este, La Habana) denunciaron que este no estaba recibiendo los medicamentos recetados, aun cuando ellos mismos se encargaban de proveerlos al centro penitenciario. Esto influyó en un agravamiento severo de su condición, al punto de que no reconocía a sus padres en las visitas, no se aseaba y hablaba de manera incoherente.
Otros prisioneros con discapacidad psicosocial, como Dayron Martín (Prisión Combinado del Este, La Habana), Maykel Dávila (Prisión El Típico, Granma), y Adrián Cao (Prisión Canaletas, Matanzas), han atentado directamente contra sus vidas debido a los desequilibrios que les produce la falta de medicamentos y el estrés por la situación general de violencia en las cárceles cubanas.
De acuerdo con las denuncias recopiladas por el CDPC, es usual que personas reclusas que viven con discapacidad sufran maltratos, torturas físicas y violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades penitenciarias.
Otras veces, son directamente trasladados a galeras o compañías de alta peligrosidad, ambientes hostiles que provocan estrés y preocupación. En ocasiones son hostigados y golpeados por los reos comunes —a veces cooptados por los carceleros o por la Seguridad del Estado—, lo que garantiza su impunidad.
El CDPC también ha registrado múltiples denuncias sobre uso injustificado y desmedido de celdas de castigo contra personas reclusas discapacitadas o con enfermedades crónicas.
Generalmente se trata de celdas muy pequeñas —no más de nueve metros cuadrados, según descripciones obtenidas por el CDPC a través de entrevistas—, muchas de ellas tapiadas o mal iluminadas y ventiladas, provistas apenas de una «cama» de cemento y una letrina, y sin acceso directo a agua.
El Estado de Cuba, parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene la obligación jurídica y moral de garantizar que ninguna persona privada de libertad con discapacidad sufra condiciones que atenten contra su dignidad o su vida. Ignorar estas obligaciones equivale a perpetuar una forma de violencia institucional.
Publicado originalmente en Diario de Cuba.
