El mes de noviembre estuvo marcado por las huelgas de hambre en las cárceles cubanas, un indicador que sobresalió dentro de un panorama represivo que, en líneas generales, mantuvo niveles semejantes a los de meses anteriores. El recurso de la inanición voluntaria no solo refleja el profundo estado de indefensión en el que se encuentran las personas privadas de libertad y la ausencia de mecanismos eficaces para atender sus reclamos, sino que añade una señal de alarma, tanto por la gravedad de los motivos que la desencadenan como por el impacto de estas formas de protesta sobre la salud ya profundamente deteriorada de las personas privadas de libertad en Cuba.
El pasado mes, este Centro de Documentación tuvo conocimiento de al menos 18 reclusos que recurrieron a este recurso para exigir derechos básicos como la atención médica, la protección frente a agresiones o la revisión de condenas impuestas con motivaciones políticas. En varios casos, estas protestas estuvieron vinculadas a traslados arbitrarios hacia prisiones más alejadas de las familias; en otros, respondieron a golpizas, revocación de beneficios penitenciarios, decomisos de pertenencias, imputación de nuevos delitos o medidas disciplinarias desproporcionadas y pedidos de traslado a celdas de aislamiento.
Durante el mes, el Centro monitoreó 107 eventos relacionados con personas privadas de libertad. Ochenta y uno (81) ocurrieron dentro de 27 establecimientos penitenciarios y de detención ubicados en 14 provincias del país. Los 26 restantes corresponden a eventos fuera de las prisiones, vinculados sobre todo a procesos penales y a atenciones médicas en hospitales civiles.
De los 81 eventos ocurridos en centros penitenciarios, 71 constituyeron violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. Cabe señalar que un evento puede implicar más de un tipo de violación. Las formas más recurrentes fueron los actos de hostigamiento y represión (55), la negación de atención médica (29), los traslados arbitrarios (13), el uso de celdas de castigo (10), las golpizas y torturas físicas (9) y las restricciones a la comunicación. En total, se documentaron 33 tipos distintos de violaciones a los estándares mínimos de trato.
El deterioro de la salud de la población penal continúa siendo uno de los indicadores más alarmantes para el Centro. Durante el mes se identificaron 21 personas cuya salud física o emocional se encuentra en grave riesgo, tanto por enfermedades o condiciones preexistentes como por situaciones derivadas del entorno carcelario. Dos personas —Masniel Lompui Rodríguez (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus) y José Bravo Navarro (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba)— fallecieron en noviembre por la falta de atención médica oportuna, lo que subraya el carácter estructural de este patrón.
Las provincias donde se documentaron más violaciones fueron La Habana, Matanzas y Camagüey; entre los centros de reclusión más afectados se encuentran el Combinado del Este (La Habana), Agüica (Matanzas), la Prisión Provincial de Cienfuegos, la prisión 1580 (La Habana) y Kilo 8 (Camagüey).
Al menos 65 personas —cuatro mujeres y 61 hombres— fueron víctimas de algún tipo de violación. Los prisioneros políticos José Antonio Pompa López (Prisión de Agüica, Matanzas), Walfrido Rodríguez Piloto (Prisión Jóvenes del Cotorro, La Habana), Walnier Luis Aguilar Rivera (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus) y Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba) sufrieron la mayor cantidad de incidentes represivo. Los grupos más afectados continúan siendo los de personas privadas de libertad por razones políticas, las personas afrodescendientes y opositoras. (En una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad).
Asimismo, se identificó total o parcialmente a 19 agentes estatales (cuatro hombres y 15 mujeres) involucrados en estas violaciones: 15 funcionarios penitenciarios y cuatro oficiales de la Seguridad del Estado que operan dentro de los penales.
Las condiciones materiales continúan profundizando la vulnerabilidad de las personas reclusas. En un entorno marcado por el hacinamiento y la escasez de agua, siguió circulando una variedad de arbovirus sin que existan medicamentos disponibles para tratarlos. La alimentación fue, una vez más, insuficiente y de muy mala calidad, con efectos visibles de desnutrición en varias personas reclusas. Persisten además prácticas de desvío de alimentos por parte de guardias y un mercado informal de comidas, drogas, bebidas y medicamentos operado por personas procesadas por delitos comunes con el consentimiento de las autoridades.
Entre las represalias más frecuentes contra quienes iniciaron huelgas de hambre estuvo el envío a celdas de castigo, a pesar de las condiciones inhumanas que caracterizan estos espacios. Algunas de estas sanciones incluyeron mantener a los reclusos sin ropa o sin medios para protegerse del frío. También se documentaron golpizas contra los presos políticos trasladados desde el Combinado del Este (La Habana), y contra Ibrahim Domínguez Aguilar (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba), Aníbal Yasiel Palau Jacinto Prisión de Melena del Sur, Mayabeque), Yurisán Franco Soriano y Esney Echeverría Estrada (Campamento de trabajo forzado La Colonia, Cienfuegos), Carlos Raúl Perdomo Cancio (Centro Penitenciario Tarea Confianza, Las Tunas) y Adrián Curuneaux Stevens (Prisión 1580, La Habana). Tanto Curuneaux como Alfonso Pérez López (Prisión de Guamajal, Villa Clara) fueron, además, sometidos a torturas como la de permanecer esposados por largos periodos.
Las restricciones a la comunicación continuaron utilizándose como castigo, ya fuera mediante la prohibición total de llamadas, su interrupción, la obligación de realizarlas bajo supervisión de guardias o la negación del contacto con familiares. En el caso de Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba), la restricción de las llamadas telefónicas fue aplicada como represalia directa por denunciar violaciones en el penal. Algo similar ocurrió con Amaury Díaz García (Prisión Kilo 8, Pinar del Río), quien fue amenazado de muerte por un grupo de reclusos comunes que opera dentro de la prisión, tras una serie de denuncias hechas por su familia. Las requisas arbitrarias también se mantuvieron como práctica regular, sobre todo contra presos políticos.
La información relacionada en este informe representa un subregistro de los eventos y víctimas reales; una documentación completa resulta imposible debido a la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios.
