Como ha ocurrido en los dos años anteriores, el mes de julio en las cárceles cubanas lleva la marca de la represión que las autoridades carcelarias y la Seguridad del Estado articulan en los días previos y posteriores al aniversario de las protestas del 11J.
Traslados transitorios y hacia otras provincias, envíos a celda de castigo, prohibición del uso del uso de ropa blanca o negra y amenazas fueron algunas de las estrategias represivas empleadas para castigar a los reclusos que hicieron huelgas de hambre conmemorado el 11J o para evitar la realización de actos de conmemoración o protesta.
No obstante, las violaciones de derechos en las cárceles cubanas no se restringen a fechas específicas, sino que son parte de su funcionamiento cotidiano. Durante todo el mes de julio, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas recogió un total de 130 denuncias, procedentes de 40 centros penitenciarios y de detención de 14 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud.
Las provincias con mayor cantidad de eventos registrados fueron La Habana (30), Camagüey (21) y Mayabeque (14), y entre las cárceles el Combinado del Este en La Habana (18), la prisión de Guanajay en Artemisa (8), así como la Prisión Provincial de Las Tunas y la prisión de Quivicán, en Mayabeque (ambas con 7). Estas cifras constituyen un subregistro importante de las violaciones que realmente ocurren, debido a la imposibilidad de las organizaciones de la sociedad civil de acceder a las prisiones, así como la represión y el férreo control de la información ejercido por las autoridades carcelarias.
De los 130 eventos recogidos en el mes, 108 implican alguna forma de acoso u hostigamiento hacia los reclusos, 42 se refieren a situaciones de salud y deficiente atención médica, 15 a procesos penales y administrativos, 12 a golpizas y torturas físicas y 11 a traslados dentro de los establecimientos penitenciarios u otras cárceles1, junto a otros 27 tipos de violaciones a los derechos de los prisioneros, sancionadas en los instrumentos internacionales.
En total se registraron eventos represivos contra 94 prisioneros (8 mujeres y 86 hombres) y 21 denuncias se refirieron a violaciones contra el total de la población penal de centros penitenciarios específicos. Entre los reclusos que fueron víctimas de mayor cantidad de acciones de hostigamiento estuvieron los presos políticos Maikel Puig Bergolla (Prisión de Quivicán y Melena del Sur, Mayabeque), Carlos Michael Morales Rodríguez (Prisión de Guamajal, Villa Clara), Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán y Prisión de Ganuza, Mayabeque) y Onaikel Infante Abreu (Combinado del Este).
Se identificaron total o parcialmente 36 personas (6 mujeres y 30 hombres) que participaron en la ejecución de las violaciones: 22 funcionarios de prisiones, 6 jueces, 5 oficiales de la Seguridad del Estado, dos policías que fungieron como testigos en un juicio político y un recluso que acosa a prisioneros políticos bajo las órdenes de las autoridades.
En el informe mensual “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud” se da cuenta de los casos particulares de 27 reclusos. Todos tienen en común la falta de medicamentos y de atención médica. Los problemas de salud se agravan con la pésima alimentación que provoca escenarios de hambruna según los propios reclusos, la proliferación de enfermedades como el Oropouche, dengue, tuberculosis, diarreas, escabiosis y gripe, las plagas de insectos como las chinches, el agua contaminada y las malas condiciones estructurales de las prisiones.
Además de Roberto Pérez Fonseca, Yasmany González Valdés y otros reclusos que se declararon en huelga de hambre como tributo al aniversario de las protestas del 11J, durante el mes se contabilizaron otros 22 prisioneros que acudieron a esta forma de protesta límite.
Fueron Yordis García Fournier (Prisión Provincial de Guantánamo), Roberto Ramírez Almaguer (Prisión Provincial de Las Tunas), Denys Hernández Ramírez, Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, Luis Manuel Otero Alcántara y José Luis Navarro Cabrera (Prisión de Guanajay, Artemisa), Onaikel Infante Abreu, Walnier Luis Aguilar y Yasser Rivero Bonni (Combinado del Este), Yaquelín Heredia Morales (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque), Walfrido Rodríguez Piloto (Prisión de Jóvenes de Cotorro, La Habana), Carlos Michael Morales Rodríguez (Prisión Guamajal), José Antonio Pompa López (Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado “Villa Marista”), Ernesto Santos Rosabal* y Yoandrys Gutiérrez Vargas (Prisión Provincial de Granma); y Rolando Yusetf Pérez Morera, Vladimir Castillo Llanes, Emilio Puig Herrera, Lidier Fariñas Sánchez, Roberto Barias Pérez, Juan Enrique Pérez Sánchez y Maikel Puig Bergolla (Prisión de Melena del Sur).
La cantidad de personas en huelga de hambre exigiendo su libertad, mejores condiciones, atención médica o cese de arbitrariedades es una muestra de las difíciles condiciones en que se encuentran los reclusos, así como de la falta de voluntad para la búsqueda de soluciones.
Se tuvo información de al menos 15 reclusos que fueron llevados a celda de castigo, ya sea como represalia por iniciar huelgas de hambre, denunciar violaciones o después de golpizas, para mantenerlos apartados hasta que desaparezcan las marcas físicas. Entre los casos extremos debe mencionarse nuevamente a José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde, Santiago de Cuba), quien está próximo a cumplir tres años en esa situación.
Durante el mes se denunciaron las fuertes golpizas propinadas por guardias a Eliecer Funes Martín (Kilo 9, Camagüey), quien estaba esposado, lo que le provocó dislocación de un hombro; así como a Alexis Torres Galván (Prisión Jóvenes de Occidente, La Habana), Yendri Pascual Cervantes (Prisión Provincial de Guantánamo) y Onaikel Infante Abreu (Combinado del Este), en dos ocasiones, una de estas luego de abandonar una huelga de hambre.
También se reportaron formas de torturas empleando esposas en los casos de Onaikel Infante (Combinado del Este), a quien mantuvieron varios días, de forma permanente, con shakiras; y a Leosbel Pérez Carbonell (Kilo 7, Camagüey) a quien aplicaron la tortura conocida como “el potro”, consistente en esposar de manos y pies al recluso, acostado, y golpearlo. En la Prisión Provincial de Las Tunas también se denunció el uso de una modalidad de esta tortura, allí denominada “cama turca”, que consiste en dejar al recluso en esta posición por varios días, sin comer y obligándole a realizar así sus necesidades fisiológicas.
Durante el mes le fueron negadas las visitas que les correspondían a José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde), Yasser Rivero Bonni (Combinado del Este) y Leosbel Pérez Carbonell (Kilo 7). A Daniel Moreno de la Peña* (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba) lo sancionaron a un año sin recibir visitas de su esposa y a Luis Manuel Priel Herrera (Campamento de trabajo forzado “Zona Cero”, La Habana) lo privaron de la rebaja de dos meses de prisión por cada año cumplido por reclamar la visita que le correspondía.
Por exigir atención médica, le fueron suspendidas las llamadas telefónicas a Carlos Manuel Pupo Rodríguez (Prisión de Guanajay), Nosley Lázaro Domínguez Linares (Prisión de Quivicán) y Alejandro Camejo Paumier (Kilo 7). A este último, anteriormente lo habían cambiado de destacamento y le abrieron una nueva causa por desorden penitenciario por gritar consignas contra el régimen y pedir el cese de las torturas físicas y psicológicas que se cometen contra los reclusos.
Se recibieron reportes sobre robo de los alimentos de los reclusos por parte de las autoridades carcelarias en el campamento de trabajo forzado “Zona Cero”* y la Prisión Provincial de las Tunas. De esta última cárcel, al igual que del Combinado del Este, también hubo denuncias de tráfico de drogas por parte de los guardias, en complicidad con reclusos comunes. En Kilo 8, los carceleros permiten a presos que actúan como paramilitares contra los prisioneros políticos, tener bancos de apuestas y juegos de azar, los cuales se encuentran prohibidos en el país. También en “Zona Cero”* los presos son obligados a laborar sin paga y tienen que comprar ellos mismos los instrumentos de trabajo.
Por su parte, en la Prisión Mujeres de Occidente (La Habana) las reclusas son forzadas a realizar labores de chapea, bajo el fuerte sol del mediodía, so pena de perder su derecho a las llamadas telefónicas. En cambio, les violan los horarios de sol establecidos por reglamento.
En general, durante el mes de julio se mantuvieron los patrones de represión registrados sistemáticamente por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y otras organizaciones de derechos humanos del país que dan cuenta del estado de precariedad y de constantes violaciones en que sobreviven los reclusos cubanos, de los cuales, una parte considerable tiene privada su libertad por las características restrictivas del régimen.
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- Un mismo evento puede contener más de un incidente de represión. ↩︎
