Actualización sobre condiciones en prisiones (agosto de 2024)
Durante el mes de agosto, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) monitoreó un total de 103 eventos relacionados con personas privadas de libertad, de los cuales 96 ocurrieron en 35 centros penitenciarios de 13 provincias del país y la Isla de la Juventud. Los otros 7 eventos tuvieron lugar en hospitales, instancias del poder judicial y sedes de la Seguridad del Estado.
De los 103 eventos monitoreados, 84 implicaron algún tipo de violación contra las personas privadas de libertad. Los incidentes más reiterados fueron las denuncias sobre estado de salud y negación de asistencia médica (49), alimentación inadecuada (14), procesos penales y administrativos (12), traslados de centros penitenciarios o al interior de estos (7) y uso de celdas de castigo (8)1. En total se registraron 36 tipos de incidentes relacionados con violaciones, condiciones de vida y procesos penales y administrativos a los que fueron sometidas las personas.
Las provincias donde más eventos se contabilizaron fueron La Habana (24), Villa Clara (17) y Camagüey y Mayabeque (ambas con 13), mientras que las cárceles con mayor cantidad de incidentes violatorios fueron el Combinado del Este (La Habana), la prisión de Melena del Sur (Mayabeque), la cárcel 1580 (La Habana), Kilo 7 (Camagüey) y la Prisión Provincial de Las Tunas.
En total, 74 personas privadas de libertad (7 mujeres y 67 hombres) fueron identificadas como víctimas de algún incidente represivo o violatorio de derechos humanos, mientras que 13 de las denuncias se refirieron a situaciones que afectan al total de la población penal de un determinado centro penitenciario. Las vulnerabilidades más recurrentes entre las víctimas de violaciones fueron ser persona privada de libertad por razón política, pertenecer a algún grupo de la oposición y ser afrodescendiente2.
La persona contra quien se reportó mayor cantidad de acciones de hostigamiento durante el mes fue la presa política del 11J Yilian Lucía Oramas García (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque), quien debió acudir a una huelga de hambre que puso en riesgo su vida para impedir que le revocaran el régimen de menor severidad, como castigo por una llegada tarde al retorno al pase debido a la pésima situación del transporte interprovincial y que había informado previamente a las autoridades del penal.
Se identificaron total o parcialmente 19 individuos (2 mujeres y 17 hombres) implicados directamente en la comisión de las violaciones: 18 funcionarios de prisiones y un oficial de la Seguridad del Estado.
Como se ha expuesto en informes anteriores, las enfermedades y la deficiente atención médica son de las principales problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad en Cuba. Además de los casos individuales, que pueden consultarse en el informe mensual “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud”, preocupan las denuncias sobre enfermedades colectivas como el dengue, tuberculosis, varicela y otras que ni siquiera son correctamente diagnosticadas y provocan a los prisioneros fiebres, vómitos, dolores de cabeza y desmayos. En todos los casos, la ausencia de medicamentos es una constante. Las muertes este mes de los reclusos Luis Franklin Ruiz (Kilo 7) y Mario Benítez (Prisión 1580) estuvieron asociadas a atención médica negligente.
La situación de la alimentación sigue siendo crítica. Este mes el CDPC compiló denuncias procedentes de 10 prisiones de seis provincias del país. Además de las raciones por debajo de la norma, la mala calidad de la elaboración, el escaso balance nutricional y el robo de los alimentos, en el tema de la comida evidencia una deshumanización extrema o intención de humillación de parte de las autoridades penitenciarias, que con frecuencia sirven a las personas detenidas alimentos descompuestos o que no se consumen tradicionalmente en el país. En la prisión Kilo 8 de Camagüey dieron a los reclusos una ración de pollo el 13 de agosto para “celebrar” el cumpleaños de Fidel Castro, artífice del sistema responsable del injusto encarcelamiento de muchos de ellos. Sin embargo, la carne estaba podrida.
En estas condiciones de subalimentación los reclusos son obligados a realizar trabajos forzados durante largas jornadas, a veces sin pago y en áreas que son propiedad de los jefes de las prisiones.
Estos tratos degradantes, que además se practican con impunidad, se expresan en casi todos los órdenes de las relaciones de los carceleros con los reclusos. Durante el mes hubo denuncias de golpizas contra Yusnier Luperón (Prisión Playa Manteca, Holguín), el adulto mayor René Moya Pérez (Prisión Guamajal, Villa Clara) y un recluso cuya identidad se desconoce que intentó mediar en una pelea en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh (Mayabeque). También se reportó la aplicación de torturas físicas con esposas al preso político Jorge Luis Gamboa Román (Prisión Provincial de Las Tunas) y a Faustino Laza Ajete (Combinado de la Construcción “Augusto César Sandino”, Pinar del Río). A este último, el director de la cárcel lo obligó a ir en ropa interior al comedor, delante de los demás presos. También el preso político Nilo Abrahantes Santiago (Prisión 1580) ha sido víctima de ofensas y humillaciones por tener tatuada la frase “Patria y Vida”.
Las amenazas por parte de funcionarios son recurrentes en las prisiones. Por denunciar las violaciones en el penal y exigir que se respeten sus derechos, Fernando Michel Bárzaga Mompié (Prisión Provincial de Granma) ha sido amenazado de muerte, Liván Hernández Sosa (Campamento de trabajo forzado “Valle del Yabú”, Villa Clara) con ser revocado a régimen de mayor severidad y Yanet Pérez Quevedo (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey), quien se encuentra embarazada, con perder el derecho a llamar por teléfono. Igualmente, han denunciado ser víctimas de amenazas Fausto René Ramos Ramírez y Ramón Enrique Montero Meriño (Kilo 8, Camagüey), Virgilio Mantilla Arango (Kilo 7) y Luis Manuel Otero Alcántara (Prisión de Guanajay, Artemisa).
Estos dos últimos presos políticos sufrieron requisas en las cuales les decomisaron artículos personales; al igual que los prisioneros del 11J Maikel Puig Bergolla (Prisión Melena del Sur) y Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán, Mayabeque).
Como forma de hostigamiento le fueron impedidas las visitas a Ricardo Borrero García (El Guayabo, Isla de la Juventud), Liván Hernández Sosa (Campamento de trabajo forzado “Valle del Yabú”) y a William Valera Suárez (Prisión de Melena del Sur), mientras que a Luis Manuel Otero Alcántara (Prisión de Guanajay) solo le permiten visitas del entorno familiar más cercano y le prohibieron sacar pinturas u otras obras de arte que realiza. Manuel Velázquez Licea (Prisión de Melena del Sur) solo puede llamar por teléfono vigilado por tres guardias. A Lizandra Góngora Espinosa (Prisión Los Colonos, Isla de la Juventud) continúan negándole la asistencia religiosa. A José Óscar Sánchez Madan (Combinado del Sur, Matanzas), la Seguridad del Estado ha intentado presionarlo para que deje de realizar denuncias a cambio de permitirle este último derecho.
La insistencia en silenciar a las personas privadas de libertad se debe a la recurrencia de todos estos atropellos y las malas condiciones de las cárceles, que constituyen violaciones a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Es común el hacinamiento de los penales, al punto de que los reos tengan que dormir en los pasillos y en el suelo, la pésima higiene de los locales, contaminación del agua de beber, filtraciones y el desbordamiento de aguas albañales, así como las plagas de roedores, cucarachas, chinches y otros vectores que propician estas situaciones.
Cuando los reclusos protestan por los atropellos, con frecuencia son enviados por largos períodos a celda de castigo, como sucedió con José Oscar Sánchez Madan (Prisión Combinado del Sur), Wilmer Moreno Suárez (Combinado del Este), Alejandro Camejo Paumier (Kilo 7), Jorge Luis Gamboa Román (Prisión Provincial de Las Tunas), Juan Enrique Pérez Sánchez y William Valera Suárez (Prisión de Melena del Sur) y Jorge Luis Rodríguez Valdés (Prisión Kilo 8, Pinar del Río), a quien mantuvieron 27 días en aislamiento por una falsa sospecha de tuberculosis en vez de llevarlo al hospital como al resto de los reclusos. Con esta finalidad también son empleados los traslados, como ocurrió al preso político Félix Navarro Rodríguez, quien fue movido a un peor destacamento en la prisión Agüica (Matanzas) a pesar de su avanzada edad y deteriorado estado de salud.
Ante las arbitrariedades y la impunidad, las personas privadas de libertad continúan acudiendo a la huelga de hambre como principal forma de protesta. Durante el mes se declararon en estado de inanición voluntaria Manuel Velázquez Licea, Alexander Florinter Bener, Yordanis Díaz Sánchez, Juan Enrique Pérez Sánchez y William Valera Suárez (Prisión de Melena del Sur), Geobel Manzo López (Prisión Provincial de Villa Clara), Wilmer Moreno Suárez (Combinado del Este) y Yilian Lucía Oramas García (Prisión Cuba-Panamá).
En el mes de agosto se hizo efectivo el traslado a la cárcel Combinado del Este, bajo medida cautelar de prisión provisional, de los opositores José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, quienes llevaban detenidos arbitrariamente varias semanas en el cuartel de la Seguridad del Estado conocido como Villa Marista, en La Habana.
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