Actualización sobre condiciones en prisiones (septiembre de 2024)
El prisionero político y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer García logró enviar este mes una carta desde la prisión Mar Verde (Santiago de Cuba) en la cual describe su situación y la del resto de los reclusos en ese penal. “La dictadura me ha sepultado vivo”, dijo respecto al extremo aislamiento al que lleva sometido por más de un año y agregó: “la alimentación que reciben los presos -recibimos- en este penal, y en otros, compite con la que recibían las víctimas en los campos de concentración de los nazis”.
Las múltiples violaciones descritas por Ferrer en su misiva son similares a las documentadas mes tras mes en prisiones de todo el país por nuestro centro y otras organizaciones cubanas de derechos humanos. Es una realidad recurrente, extendida e innegable.
En septiembre, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) recopiló 100 eventos relacionados con personas privadas de libertad, de los cuales 79 ocurrieron en 39 prisiones y centros de detención de todas las provincias del país y la Isla de la Juventud. Los otros 21 eventos ocurridos fuera de las prisiones tienen que ver con procesos penales, otorgamiento de pases y pronunciamientos internacionales en favor de la libertad de presos políticos.
De los 79 eventos ocurridos en prisión, 72 implican algún tipo de violación hacia los reclusos y sus derechos. Las provincias donde se registraron más eventos violatorios fueron La Habana (13), Villa Clara (11) y Camagüey (10) y entre las prisiones el Combinado del Este (La Habana), Mar Verde (Santiago de Cuba), Guamajal (Villa Clara) y Kilo 9 (Camagüey). Un total de 55 reclusos (5 mujeres y 50 hombres) fueron víctimas de algún tipo de violación, mientras que 10 denuncias hicieron referencia a situaciones que afectan al total de la población penal de establecimientos específicos. Fueron recurrentes las violaciones contra reclusos personas presas por razones políticas, afrodescendientes y opositoras1.
La mayoría de los hechos violatorios fueron cometidos por agentes del sistema penitenciario y oficiales de la Seguridad del Estado que operan en las prisiones. Se identificaron total o parcialmente 27 personas (3 mujeres y 24 hombres) que tomaron parte directamente en las violaciones: 25 funcionarios de prisiones, un oficial de la Seguridad del Estado y un recluso que ha actuado bajo órdenes de las autoridades penitenciarias.
Los incidentes represivos más frecuentes fueron acciones que implicaron alguna forma de hostigamiento y represión (55), denuncias sobre estado de salud y negación de atención médica (26), uso de las celdas de castigo (18), problemas con la alimentación (15) y referidas a malas condiciones de vida en prisión (12)2. Durante el mes se registraron, además, otros 27 tipos de incidentes de represión.
Las quejas sobre la escasa, poco balanceada y mal elaborada alimentación procedieron de 12 prisiones de siete provincias del país. Al igual que José Daniel Ferrer, el prisionero Gregorio Rafael Ocaña García utilizó el término “campo de concentración nazi” para referirse a las malas condiciones de la Prisión de Guamajal y la Prisión Provincial de Villa Clara, en especial a la pobre alimentación, lo que provoca un gran número de reclusos desnutridos.
La mala base alimentaria, junto a las pésimas condiciones de habitabilidad y la ausencia de medicamentos, son algunas de las causas fundamentales de la alta proliferación de enfermedades entre la población penal. En el informe mensual “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud” se documentan los casos particulares de 23 reclusos que se encuentran enfermos y a los cuales se les ha negado de manera explícita la asistencia médica o han recibido una atención deficiente.
Dos de las muertes ocurridas durante el mes, las de los reclusos Yoan Ramírez Rosales (Prisión Provincial de Las Tunas) y Geovanis Ramón Álvarez Tamayo (Prisión Baraguá, Santiago de Cuba) estuvieron relacionadas con falta de atención médica. Los otros dos fallecimientos conocidos fueron producto de la violencia: Iroel Rodríguez Rodríguez (Prisión Provincial de Cienfuegos), tras una golpiza propinada por una grupo de guardias a los que apodan “el escuadrón de la muerte”; y Fidel Olivares Rodríguez (Prisión Provincial de Guantánamo), quien se ahorcó luego que penados al servicio de la guarnición lo golpearan y humillaran.
Actos de violencia también fueron cometidos contra Idaelso Guevara Cárdenas (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus), a quien los guardias desmayaron e hicieron sangrar abundantemente tras una extensa golpiza por mostrar un cartel con la frase “Patria y Vida”; y contra el adulto mayor y paciente oncológico Pedro Albert Sánchez (Prisión 1580, La Habana), a quien apretaron tan fuerte las esposas que le rajaron la piel y lo trasladaron utilizando la técnica conocida como bicicleta, con las manos tras la espalda y el torso doblado. Con frecuencia se utilizan a reclusos comunes para acosar a los presos políticos, como sucedió este mes con Lidiel Ramón Hernández Urbita (Prisión de Quivicán, Mayabeque) y Oscar Sánchez Madan (Combinado del Sur, Matanzas).
En las celdas de castigo, los reclusos son sometidos a condiciones que clasifican como tortura física. El paciente oncológico Eduardo Ramírez González (Prisión Provincial de Las Tunas) fue recluido en una celda muy pequeña, con mosquitos y durmiendo en una cama de cemento. En situación similar se encuentra desde hace más de dos meses Alejandro Camejo Paumier (Kilo 7, Camagüey), rodeado de insectos, sin sus pertenencias y durmiendo en el suelo. Oscar Sánchez Madan (Combinado del Sur) fue mantenido seis días en aislamiento, el primero de estos, esposado y sin alimento.
Las pésimas condiciones de habitabilidad no son privativas del régimen de aislamiento, sino que son comunes en todos los establecimientos penitenciarios. Falta de higiene, plagas de chinches, mosquitos, cucarachas y ratas, brotes de escabiosis y problemas con el agua son tópicos que se repiten mes por mes en las denuncias recibidas desde decenas de cárceles del país.
Durante el mes se denunciaron violaciones al derecho a la comunicación de los reclusos Reinier Calderín Acosta (Kilo 8, Camagüey) y Manuel Velázquez Licea (Prisión de Melena del Sur, Mayabeque). José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde) lleva más de un año y medio sin recibir visitas familiares ni realizar llamadas y tiene cámaras de vigilancia y dispositivos de escucha instalados en su celda. A Idaelso Guevara Cárdenas (Prisión Nieves Morejón) le impiden realizar llamadas internacionales a su madre residente en Estados Unidos. A Lizandra Góngora Espinosa (Los Colonos, Isla de la Juventud) le vigilan las conversaciones telefónicas y a Alejandro Camejo Paumier, cuando le autorizan a llamar por teléfono, es custodiado por guardias que le cuelgan si realiza alguna denuncia.
En el caso de Jorge Luis “Tangallo” Rodríguez Valdés (Kilo 8, Pinar del Río), preso político que no tiene familia que lo atienda, la Seguridad del Estado no permite que sea visitado por el opositor Eduardo Díaz Fleitas. Han llegado al punto de prohibir que otras personas, gestionadas por Díaz Fleitas, vayan a verlo a la prisión para llevarle algo de alimento y aseo durante las visitas establecidas. Por exigir este derecho, “Tangallo” fue enviado a una celda de castigo. Las arbitrariedades y corrupción existentes en las prisiones también se expresan en el robo de recursos y negocios que involucran a los guardias. En los campamentos de trabajo forzado San Rafael y Mijalito, en Cienfuegos, los guardias se roban y venden el pan del desayuno de los presos y los alimentos que producen en el autoconsumo mientras estos pasan hambre. También los llevan a trabajar, como mano de obra esclava, a sembradíos particulares. En la prisión de Quivicán, además de robarse la comida de los reclusos, las autoridades permiten la circulación de la droga conocida como «el químico», lo que ha aumentado considerablemente el nivel de violencia dentro del penal.
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