Actualización sobre condiciones en prisiones (octubre de 2024)
Cuando faltan dos meses para concluir el año, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ya ha documentado 40 muertes de personas privadas de libertad, cifra superior a las 24 registradas en 2023. Durante el mes octubre, se conoció el fallecimiento de cuatro prisioneros: Enoldys Castellano Pagán y un recluso apodado “Ñoño”, (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba), Ignacio Pedroso Valledor (Prisión de Melena del Sur, Mayabeque) y el preso político del 11J Geraldo Díaz Alonso (Prisión de Canaletas, Matanzas). Recalcamos que estas cifras constituyen un subregistro importante debido al control de la información que ejerce el régimen cubano en las prisiones del país y la imposibilidad de que organizaciones independientes nacionales e internacionales ingresen a los centros penitenciarios.
Entre las denuncias recibidas durante el mes, preocupa también el deterioro de las ya de por sí precarias condiciones de vida en las cárceles, debido a la crisis energética y económica que vive el país, que impacta directamente en sectores vitales como la alimentación, el acceso al agua potable y la atención médica. Todo ello empeorado por la desidia estatal hacia los reclusos y la persistencia de prácticas represivas y de hostigamiento, en un ambiente de falta de control y de aplicación de justicia hacia las autoridades.
Durante el mes de octubre, el CDPC registró 135 eventos relacionados con personas privadas de libertad, de los cuales 115 ocurrieron en 41 prisiones y centros de detención de 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Los otros 20 eventos ocurridos fuera de las prisiones tienen que ver con procesos penales, traslados a hospitales, otorgamiento de pases y pronunciamientos internacionales en favor de la libertad de presos políticos.
De los 115 eventos registrados en prisiones, 111 implicaron algún tipo de violación a los derechos de los reclusos. Las provincias con mayor cantidad de incidentes violatorios fueron La Habana (30), Camagüey (24) y Villa Clara (18); y entre las cárceles el Combinado del Este (La Habana), Kilo 8 (Camagüey) y la prisión de Quivicán (Mayabeque). Al menos 83 reclusos (13 mujeres y 70 hombres) fueron víctimas de violaciones y 16 denuncias se refirieron a situaciones que perjudicaban al total de la población penal. Entre los prisioneros con más acciones represivas en su contra estuvieron los presos políticos Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán), Ángel Cuza Alfonso y Duannis Dabel León Taboada (Combinado del Este), y Lisdiani Rodríguez Isaac (Prisión Guamajal de Mujeres, Villa Clara). Las poblaciones vulnerables con más violaciones en su contra fueron los presos políticos, los reclusos con enfermedades crónicas y los afrodescendientes1.
De las 111 violaciones contabilizadas, 81 implicaron alguna forma de hostigamiento o represión, 28 fueron de negación de atención médica o prestación deficiente del servicio, 20 hicieron referencia a procesos penales o administrativos, 18 a malas condiciones de vida en prisión, 15 a problemas con la alimentación, 15 al empleo de celdas de castigo y 15 a la ejecución de golpizas o torturas físicas. En total se registraron violaciones en otras 30 categorías de incidentes represivos2. Se identificaron total o parcialmente 21 personas (3 mujeres y 18 hombres) vinculadas directamente a la ejecución de estos incidentes de represión: 20 autoridades penitenciarias y un oficial de la Seguridad del Estado.
De las cuatro muertes documentadas en el mes, tres fueron producto de la mala atención médica o falta de esta. Como se señala en cada una de nuestras actualizaciones mensuales, la salud de los reclusos es una de las grandes problemáticas existentes en las cárceles cubanas. En el reporte mensual “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud” pueden consultarse los casos de 32 prisioneros enfermos a los cuales se les ha negado de manera explícita la asistencia médica o han recibido una atención deficiente. Como en meses anteriores, son varias las denuncias que refieren contagios de Oropouche en diferentes prisiones del país.
La proliferación de enfermedades está estimulada por las pésimas condiciones estructurales y sanitarias en que se encuentran las prisiones. Una de las denuncias recurrentes este mes tuvo que ver con la escasez de agua potable (Prisión de Mujeres de Occidente, La Habana; prisión de Guanajay, Artemisa; Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas y Kilo 9, Camagüey) afectada, además, por los cortes de energía eléctrica que impiden el bombeo.
Es común que los reclusos duerman en el suelo debido al hacinamiento y la falta de colchones, las aguas negras llegan a los destacamentos, muchas edificaciones tienen filtraciones que provocan una humedad constante y en estas condiciones se encuentran hasta poblaciones vulnerables como los adultos mayores.
Las denuncias de mala alimentación se recibieron este mes desde 13 prisiones de 7 provincias. En las cárceles Kilo 7 (Camagüey) y San Ramón (Granma) los reportes hicieron alusión a alimentos descompuestos que son dados a los reclusos. Continúan las denuncias de poblaciones penitenciarias en estado de desnutrición, casi en su totalidad.
Otro elemento preocupante son los niveles de violencia por parte de los guardias hacia los prisioneros. Fueron recibidas denuncias de golpizas frecuentes a reclusos en la Prisión Provincial de Villa Clara, prisión de Guanajay, Prisión Mujeres de Occidente y prisión de Quivicán. En esta última cárcel, durante un apagón, varios guardias armados con garrotes de madera comenzaron a golpear a los presos por diversión.
Sufrieron fuertes golpizas los reclusos Jorge Yenier Ortiz Aguilera (Prisión Provincial de Granma) por reclamar asistencia médica; Doraida Pérez Quintana (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) por autolesionarse; Lidiel Ramón Hernández Urbita y Vladimir Castillo Llanes (Prisión de Quivicán) por defenderse del ataque de reclusos comunes; Maykel Montalvo Curbelo (Prisión Provincial de Cienfuegos) y Duannis Dabel León Taboada (Combinado del Este) por protestar gritando consignas antigubernamentales y Lisdiani Rodríguez Isaac (Prisión Guamajal de Mujeres) por no ponerse de pie ante un oficial.
También fueron golpeados durante el mes Elieser Gordín Rojas y Yoanky Báez Albornoz (Combinado del Este), Miguel Ángel Álvarez Sánchez (Prisión Provincial de Cienfuegos) y Emeregildo Duvergel Deliz (Prisión Provincial de Guantánamo), este último por cinco reclusos comunes a las órdenes de las autoridades del penal. Esta es una práctica violatoria de las Reglas Mandela, que delega en terceros la represión, empleada recurrentemente contra los presos políticos, y de la que también fueron víctimas durante el mes, en diferentes modalidades, Gregorio Rafael Ocaña García (Prisión Provincial de Villa Clara), Yaquelín Heredia Morales (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque) y Alexey Martínez Rojas (Prisión de Guamajal, Villa Clara).
Las golpizas propinadas por los guardias, en muchas ocasiones son ejecutadas por varios efectivos a la vez, con los reclusos esposados y usando de forma exagerada los sprais de gas pimienta. Tras los golpes, es común que los prisioneros sean abandonados en celdas de aislamiento, negándole atención médica y sus derechos a llamadas telefónicas y visitas, para que no se conozca lo ocurrido.
La reclusión arbitraria en celda de castigo fue empleada contra Yaquelín Heredia Morales (Prisión Cuba-Panamá), Mario Alberto Hernández Leyva (Campamento de trabajo forzado “Toledo 2”, La Habana), Miguel Ángel Álvarez Sánchez y Maykel Montalvo Curbelo (Prisión Provincial de Cienfuegos), Misael Morales Patterson (Prisión Provincial de Guantánamo), Osmedi Bárbaro Castelló Rivero (Prisión del VIH, Camagüey), Elieser Gordín Rojas, Duannis Dabel León Taboada, Ángel Cuza Alfonso y Lázaro Yasmani Rodríguez Serrano (Combinado del Este), Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión de Melena del Sur) y Mirdael Matos Gaínza (Prisión Provincial de Guantánamo); estos tres últimos encontrándose en huelga de hambre; un recurso de protesta que fue usado durante el mes por otros nueve prisioneros. En el caso de Misael Morales, todavía lo mantienen en aislamiento a pesar de que ya cumplió los tres meses de castigo que le impusieron en esa condición.
A todas estas formas de hostigamiento se suman las amenazas constantes a los reclusos. Leonel Tristá García (Campamento de trabajo forzado “Remedios 2”, Villa Clara) fue amenazado con represalias por negarse a trabajar como delator para la Seguridad del Estado y Luis Robles Elizástigui (Campamento de trabajo forzado “La Lima”, La Habana) con sufrir las consecuencias si su madre continúa denunciando en las redes. En Kilo 7 la Prisión Mujeres de Occidente se reportó el uso de música a altos volúmenes, incluso de madrugada, en este último penal.
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