Represión, inseguridad, ausencia de medicamentos, pésima alimentación y las condiciones paupérrimas de habitabilidad hacen que las prisiones cubanas sean formas de tortura por sí mismas. Así lo confirman los 154 eventos recogidos en 45 cárceles de todo el país durante el mes de enero por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
De todos los eventos, 127 implican alguna forma de represión hacia reclusos; 66 estuvieron relacionados con denuncias sobre situaciones de salud; 33 con problemas con la alimentación; 21 con procesos penales o administrativos; y 21 con golpizas y torturas físicas. Como norma, cada evento registrado incluyó más de un incidente de represión.
Las provincias con más eventos represivos fueron La Habana (34), Camagüey (27), Mayabeque (18) y Villa Clara (16). Los centros penales con más denuncias documentadas fueron el Combinado del Este, en La Habana (13); la Prisión Provincial de Mujeres, en Camagüey (8); así como la Prisión de Quivicán (Mayabeque), Alambrada (Villa Clara) y Kilo 7 y Kilo 8 (Camagüey), todas con 7 denuncias.
Se identificaron 126 reclusos (15 mujeres y 111 hombres) víctimas de estas violaciones de derechos, concentrándose la mayor cantidad de denuncias de represión en los prisioneros políticos Roberto Pérez Fonseca y Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión de Quivicán), Danisbel Labrada Morales (Prisión Provincial de Cienfuegos), Jacqueline Heredia Morales (Prisión Cuba-Panamá), Yanet Pérez Quevedo, Mayelín Rodríguez Prado y Yennys Artola del Sol (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) y Reinier Calderín Socarrás (Prisión Kilo 8 de Camagüey). Un total de 27 eventos refirieron afectaciones a la población penal de una prisión en su totalidad. Las categorías de vulnerabilidad más comunes en las víctimas de violaciones de derechos fueron los presos políticos, afrodescendientes y personas que padecen enfermedades crónicas.
Las instituciones más involucradas en la comisión de actos represivos y violaciones fueron los propios funcionarios de prisiones (120), oficiales de la Seguridad del Estado que actúan en las cárceles (20) y miembros del sistema judicial (18). Durante el mes de enero se identificaron, total o parcialmente, 31 personas involucradas de modo directo en actos represivos. De ellos, 22 fueron autoridades penitenciarias, 3 oficiales de la Seguridad del Estado, 3 jueces, 2 fiscales y 1 abogado.
La alimentación continuó siendo un elemento crítico dentro de las cárceles. Se recibieron 33 denuncias de problemas con la comida en 18 prisiones en 10 provincias: Campamento “Ceiba 5” y Prisión de Guanajay (Artemisa); Prisión Valle Grande, Combinado del Este y Prisión Jóvenes del Cotorro (La Habana); Prisión de Quivicán y Prisión Melena del Sur (Mayabeque); Combinado del Sur y Prisión de Mujeres Bellotex (Matanzas); Prisión Nieves Morejón (Sancti Spíritus); Prisión Provincial de Villa Clara y Alambrada (Villa Clara); Prisión Provincial de Mujeres de Ciego de Ávila y Prisión de Morón (Ciego de Ávila); Kilo 7 y Kilo 8 (Camagüey); Campamento “La Demajagua” (Granma); y Prisión Provincial de Guantánamo.
Varios de los reportes hacen alusión a estados de desnutrición colectivos, desmayos producto del hambre, raciones de comida muy por debajo de lo establecido, deficiente balance nutricional, alimentos descompuestos y no aptos para el consumo o preparados de forma que atentan contra la dignidad humana. En la prisión Alambrada, los reclusos reciben su última comida a las 4 p.m. y no vuelven a tomar alimentos hasta el desayuno del día siguiente, más de doce horas después. El preso político Omar Ortega denunció que en la Prisión de Morón torturan a los reclusos con la cuestión de la alimentación.
En las prisiones Bellotex, Combinado del Sur y Kilo 8 de Camagüey también existen problemas con el suministro de agua. Además, se reportó humedad en las celdas de castigo de Alambrada y falta de avituallamiento adecuado para el frío en Bellotex, Kilo 8 y Nieves Morejón. En esta última, hay reclusos durmiendo en el suelo debido al hacinamiento y la escasez de colchones; algo que también sucede en Kilo 7. En todos los penales anteriores y en la Prisión Provincial de Villa Clara, la Prisión Provincial de Mujeres de Granma y la Prisión de Quivicán, existen plagas de chinches que impiden dormir a los reclusos y les provocan enfermedades en la piel.
Todas estas situaciones contribuyen a los múltiples padecimientos que sufren los reclusos, agravados por la falta de atención médica y de medicamentos. En total, se recibieron 66 denuncias de este tipo, ya sea de casos individuales o de situaciones colectivas, procedentes de 35 prisiones en 12 provincias. Las prisiones con mayor cantidad de reportes sobre denuncias de salud fueron Kilo 8 y Kilo 7 (Camagüey), y Cuba-Panamá y Quivicán (Mayabeque). Como norma, se evidencia la escasez casi total de medicamentos, negativas a que los familiares puedan suplir estas carencias en los casos de los presos políticos, así como indolencia de los guardias ante situaciones de salud delicadas y la negación de asistencia médica como forma de tortura. Recientemente, el reeducador Félix Sedeño, de la prisión Agüica, le dijo a Samuel Pupo, paciente de esclerodermia sistémica, que si se moría “era un preso menos que cuidar”.
Tres de las cuatro muertes en prisión reportadas durante el mes de enero tuvieron que ver con situaciones de salud y atención médica (1 en Cuba-Panamá, Mayabeque y 2 en Boniato, Santiago de Cuba). La otra, fue producto de una golpiza que el jefe de la prisión Canaleta (Matanzas) le propinó al recluso Roleivis León.
Con respecto a este tema, se recibieron 21 denuncias de golpizas y otros tipos de torturas físicas en 14 prisiones. Las formas de violencia más empleadas fueron las golpizas propinadas por guardias o reos comunes al servicio de estos, dadas incluso a reclusos esposados, muy enfermos e impedidos físicos; el uso arbitrario de spray y agujas despuntadas para inyectar; empleo de shakiras y esposas muy apretadas, así como el confinamiento en celdas de castigo con condiciones infrahumanas.
Sobre el uso de reclusos comunes para hostigar a presos políticos, se recibieron denuncias del empleo de este tipo de acoso contra los prisioneros Alejandro Camejo Paumier (Kilo 7); Yaquelín García Jaén (Prisión Provincial de Mujeres de Granma); Yasmani González Valdés y Ernesto Borges Pérez (Combinado del Este); y Yaquelín Heredia Morales (Cuba-Panamá). También fue una práctica generalizada contra reclusos que exigen sus derechos en las prisiones Alambrada, Melena del Sur, Boniato y Kilo 7. Recientemente, uno de los presos que agredió de manera física a Luis Frómeta Compte, en el Combinado del Este, fue premiado con su nombramiento como jefe de disciplina en otra compañía.
Durante el mes, fueron enviados de manera arbitraria a celda de castigo los prisioneros Denys Hernández Ramírez, Omar Hernández Calzadilla y Víctor Alejandro Panceira Rodríguez (Prisión de Guanajay); Adel de la Torre Hernández (Prisión 1580, La Habana); Duannis León Tablada y Onaikel Infante Abreu (Combinado del Este); José Rodríguez Fuentes y Fernando Saínz Durruttí (Prisión Provincial de Guantánamo); Danisbel Labrada Morales (Prisión Provincial de Cienfuegos); Caridad Borroto Suárez (Prisión Provincial de Mujeres de Ciego de Ávila); y Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión Melena del Sur). En esta situación continúa desde hace meses José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde, Santiago de Cuba).
Cuatro de estos prisioneros fueron llevados a aislamiento por protestar reclamando sus derechos; 2, luego de iniciar huelga de hambre; y 5, tras haber recibido una paliza. Estas prácticas son empleadas comúnmente en las prisiones cubanas y, en el caso específico de los golpeados, no los dejan salir hasta que hayan desaparecido las marcas.
Al menos 21 reclusos (2 mujeres y 19 hombres) realizaron huelgas de hambre en enero en 12 prisiones, como forma de protesta ante abusos o para exigir justicia en sus procesos. Desde el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, alertamos recientemente sobre las ideaciones suicidas expresadas por los presos políticos Lizandra Góngora Espinosa (Los Colonos, Isla de la Juventud), Omar Ortega Mendoza (Prisión de Morón) y Yasmani González Valdés (Combinado del Este), debido a las difíciles condiciones en que viven; así como del intento de suicidio ejecutado por las también presas políticas Yanet Pérez Quevedo y Mayelín Rodríguez (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey).
En las prisiones son frecuentes las amenazas de golpizas, fabricación de nuevos delitos, daños a familiares, traslados a prisiones alejadas, pérdida de beneficios y requisas. Durante el mes, se recibieron varias denuncias que clasifican como formas de tortura psicológicas y tratos crueles como las amenazas a la presa política Lisdany Rodríguez Isaac (Prisión Guamajal de Mujeres Villa Clara), para que aborte; los 20 minutos que permitieron a Amalio Álvarez González (Combinado del Este) para que estuviera en el velorio de su padre; y la visita el día antes de su juicio a Mayelín Rodríguez Prado de un oficial de la Seguridad del Estado, que se dedicó a hostigarla hablándole de la cuantía de la sentencia que iba a recibir.
Continúan las denuncias de corrupción de las autoridades penitenciarias como son el robo de la comida destinada a los reclusos, venta o cambio por recursos de visitas conyugales y entrega de armas de fuego a cambio de beneficios.
Otras formas de hostigamiento empleadas contra los reclusos son la suspensión de visitas, llamadas telefónicas y el horario para tomar sol, negación de asistencia religiosa, así como la práctica de requisas y robo de pertenencias. Hubo denuncias por maltratos e impagos a los reclusos que se encuentran en los campamentos de trabajo forzado Corojos (Ciego de Ávila) y La Demajagua (Granma).
Yennys Artola del Sol (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) fue cambiada de destacamento para separarla de su compañera de causa, Mayelín Rodríguez Prado; el sindicalista Rodolfo Aparicio Alemán fue llevado a la Prisión Provincial de Cienfuegos; Frederict Otero Angueira fue trasladado hacia la Prisión 1580; Ibrahim Domínguez Aguilar ha sido declarado como desaparecido después de recibir una golpiza en Boniato; Pável Alberto Rodríguez Nápoles fue movido hacia el campamento Batalla de Ideas (Sancti Spíritus), para tratar de disminuir el número de protestas que convocaba en la cárcel Nieves Morejón; Yismel Alfonso Oliva fue trasladado al campamento Ceiba 5, con pésimas condiciones de alojamiento y alimentación; y a Yilian Lucía Oramas García la movieron durante la madrugada a la prisión Cuba-Panamá, porque supuestamente había dado positiva a una prueba de VIH, un resultado de cuya validez sospecha la presa política.
Durante el mes, le fue negada la progresión a régimen de menor severidad a Maikel Armentero Oramas y Leonel Tristá García (Alambrada); así como a Denys Hernández Ramírez, Lázaro Manuel Mendoza Caraza, Rolando López Rodríguez, Jetzel Zayas Rondán y Rolando González Arévalo (Prisión de Guanajay). Tampoco otorgaron la libertad condicional a Yaquelín García Jaén (Prisión Provincial de Mujeres de Granma) y César Antonio Granados Pérez (Campamento Corojos); ni la licencia extrapenal a Lázara Karenia González Fernández, quien aún se encuentra fuera de prisión tras dar a luz, pero a la espera de ser reincorporada al penal.
A los presos políticos Wilber Acevedo Cobas y Michel Hernández Medinas les fue otorgada la libertad condicional; este último en muy malas condiciones de salud. Taimir García Meriño (Campamento El Anoncillo, Camagüey) fue trasladada a régimen de menor severidad. Yusmely Moreno González extinguió íntegramente su sentencia; y Mario Alberto Hernández Leyva fue excarcelado por “modificación de medida”, tras casi un año de detención sin haber sido sometido a juicio. A Hernández Leyva no le fue informado cuál sería la nueva medida y desde su salida de prisión ha estado sometido a detenciones, citaciones, amenazas y abandono en lugares lejanos. En situaciones similares de acoso se encuentran los presos políticos de reciente excarcelación Alejandro Garlobo Aleaga (citación de la Seguridad del Estado), José Oscar Sánchez Madan (citación) y Manuel de Jesús Rodríguez García (multa).
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