El mes de noviembre concluyó con un registro de 163 hechos violatorios de derechos humanos en centros penitenciarios, de acuerdo a la documentación de nuestra organización; la negación de la existencia de presos políticos por parte del régimen cubano durante el Examen Periódico Universal de la ONU; y el viaje a Cuba del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, quien afirmó pedir a representantes gubernamentales cubanos la liberación de los presos del 11J, si bien no inspeccionó las prisiones y se reunió con solo cuatro familiares de presos políticos, en una visita que muchos calificaron como decepcionante.
Los hechos violatorios proceden de 53 prisiones, centros de detención y organismos encargados de impartir justicia de todas las provincias del país, siendo las más representadas La Habana (53 hechos), Villa Clara (20) y Camagüey (19). Las cárceles con más violaciones registradas fueron el Combinado del Este (21) y Valle Grande (12), ambas en La Habana; así como Alambradas (10), en Villa Clara.
En total, se identificaron 114 víctimas (14 mujeres y 100 hombres) y 19 eventos refieren hechos que afectan a la población penal en su conjunto. Los reclusos sobre los que más violaciones se recogieron son Leonel Tristá (Alambradas), Yamani González (Combinado del Este) y Ohuaris Rondón (Valle Grande). Entre las categorías de vulnerabilidad más comunes de las víctimas están el ser preso político, opositor y activista de derechos humanos.
La mayor parte de las violaciones estuvieron relacionadas con incidentes de hostigamiento y represión (127), denuncias sobre estado salud (47), huelgas de hambre (20) y procesos penales y administrativos (19). Casi todos los hechos incluyeron más de un incidente de represión.
La mayor parte de las violaciones fueron cometidas por los propios funcionarios penitenciarios (127); aunque también se registraron acciones represivas por los oficiales de la Seguridad del Estado que ejercen en las prisiones (22), del sistema judicial (14) y de reclusos que actúan bajo las órdenes de los oficiales de las cárceles (10). Se identificaron total o parcialmente 46 personas (2 mujeres y 44 hombres) que participaron en algunas de las violaciones listadas. De estas, 33 son funcionarios de prisiones, 6 oficiales de la Seguridad del Estado, 4 reclusos bajo las órdenes de oficiales, así como 3 jueces y 1 fiscal del ámbito civil.
Días antes de la llegada de Gilmore a La Habana, el prisionero político del 11J Luis Barrios Díaz murió por negligencia de las autoridades penitenciarias de la cárcel 1580 (La Habana), que no permitieron su hospitalización a tiempo, a pesar de la recomendación hecha por los médicos debido a la avanzada bronconeumonía que padecía. Asimismo, a inicios de mes, se suicidó en la prisión Kilo 8 (Camagüey) un recluso de nombre Omar; y se supo del fallecimiento a finales de septiembre de Dayron Mena Bu, también por negligencia de los responsables del penal Laguna Blanca (Santiago de Cuba), quienes lo enviaron a chapear sin medios de protección a una zona con cables de alta tensión, donde resultó electrocutado.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la embajada de Estados Unidos en La Habana se pronunciaron sobre la muerte de Barrios y pidieron su investigación; mientras el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, llamó a la comunidad internacional a atender las terribles condiciones en que se encuentran los presos políticos cubanos y a exigir su liberación.
Estas tres nuevas muertes se suman al subregistro de al menos 12 reclusos fallecidos en cárceles cubanas en lo que va de año. Una estadística alimentada por las malas condiciones de las prisiones, la falta de medicamentos y atención médica, las negligencias de quienes están a cargo de cuidar a los reclusos y el comportamiento abusivo de muchos de estos funcionarios del orden interior. Todo ello señala a las cárceles cubanas como lugares para nada seguros.
Uno de los elementos que contribuyen a esta inseguridad es la práctica violatoria de las Reglas Mandela, extensiva a todo el sistema penitenciario cubano, de usar a reos comunes con historial de violencia para acosar a otros reclusos por órdenes de las autoridades del penal. Durante el mes de noviembre se recopilaron denuncias procedentes de diez prisiones de ambos sexos, en cinco provincias y el municipio especial, donde ocurrieron acciones de hostigamiento y ataques violentos de reclusos coludidos con los guardias, fundamentalmente, contra prisioneros políticos. Fueron los casos de Virgilio Mantilla (Kilo 7, Camagüey), Mayelín Rodríguez (Prisión Provincial de Mujeres Camagüey), Jorge Alexis Agüero (Kilo 8, Camagüey), Lizandra Góngora (Los Colonos, Isla de la Juventud), Duniesky Pedroso (Alambradas), Yaquelín García (Prisión Provincial de Mujeres, Granma), Jorge Yenier Ortiz (Prisión Provincial de Granma), Aramís Cruz (Prisión Provincial de Guantánamo) y Yasmani González y Luis Frómeta (Combinado del Este). Estos dos últimos fueron golpeados de forma muy violenta por varios presos. A Frómeta hubo que coserle la nariz, ya que se la cortaron con una cuchilla de afeitar.
En todos los casos, los agresores fueron reclusos de alta peligrosidad que ejercen como “disciplinas” o colaboran con las autoridades, por lo cual no son sancionados luego de cometer los hechos violentos. Más bien, reciben el apoyo de los oficiales, como sucedió con Duniesky Pedroso, a quien, luego de ser golpeado y sustraídas sus pertenencias, un mayor le dijo: “Eso te pasa por hablar tanta mierda todos los días contra la Revolución”.
Estos procederes también son cometidos de forma sistemática y sin consecuencias por los propios guardias, que incluso llevan con orgullo apodos que hacen referencia a sus comportamientos violentos. Al menos nueve reclusos fueron agredidos físicamente por oficiales: Ángel Serrano, Amaury Leyva, Ramón Pérez Conde, Jorge Bello y Julián Díaz (Combinado del Este), Adriel Hernández (Prisión Provincial de Las Tunas), Lionel Tristá (Alambradas), Oslanis Zulueta (Kilo 7) y Frederict Otero (Valle Grande). Las razones fueron varias: solicitar atención médica, no pararse en firme ante un oficial, manifestarse políticamente, o como expresión de abuso de poder. Las golpizas, en muchas ocasiones, son propinadas a los reclusos estando esposados, a quienes se les rocía spray en el rostro. Las denuncias presentadas por estas causas ante la Fiscalía o los superiores no suelen progresar, como le ocurrió, recientemente, a Lázaro Yuri Valle Roca.
Las autoridades penitenciarias abusan de las celdas de aislamiento, con condiciones infrahumanas, y envían allí a cualquier recluso que reclame sus derechos. Durante el mes de noviembre, se supo que fueron castigados de esta forma Ángel Cuza (Combinado del Este); Walfrido Rodríguez (1580); Luis Mario Tamayo (Kilo 7); Nelson Amaya, Alaín Forbes y Jorge Luis Rodríguez (Kilo 8); Adriel Hernández (Prisión Provincial de Las Tunas); Mario Alberto Hernández y Jorge Luis Boada (Valle Grande); Ricardo Almenares y Humberto Paz (Prisión Provincial de Ciego de Ávila); y Duvier Medina (Ariza, Cienfuegos). En esta situación continúa, desde que fue encarcelado en julio de 2021, José Daniel Ferrer (Mar Verde, Santiago de Cuba), en total violación de las Reglas Mandela; las mismas que el régimen cubano afirmó respetar en el EPU.
Se repite como un patrón dentro del sistema penitenciario cubano el no darles colchón durante gran parte o todo el día a los reclusos en celda de castigo, encerrarlos solo con la ropa interior a pesar de la frialdad y humedad de esos locales y enviar a celda de aislamiento a las personas que se declaran en huelga de hambre.
En noviembre se declararon en huelga, como forma de exigir sus derechos, Yasser Rivero, Ángel Cuza y Lázaro Rolando Kessel (Combinado del Este); Pedro Albert Sánchez (Vivac, La Habana); Nelson Amaya y Alain Forbes (Kilo 8); Leonel Tristá, Carlos Michael Morales y Liván Hernández (Alambradas); Léster Miranda (Ariza); Luis Yoilán Puebla (Prisión Provincial de Villa Clara); Jesús David Rodríguez (Prisión Provincial de Guantánamo); Luis Mario Tamayo (Kilo 7); y Pável Alberto Rodríguez (Nieves Morejón, Sancti Spíritus).
A la violencia física se suman las constantes amenazas, que muchas veces llegan a concretarse. Son comunes estos procedimientos contra reclusos que hacen llegar al exterior las violaciones que se cometen en las prisiones. Tales son los casos de Lisandro Betancourt (Típico Viejo, Las Tunas); Taimir García y Mayelín Rodríguez (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey); Yasser Fernando Rodríguez (Prisión Provincial de Pinar del Río); y Francisco Rangel Manzano (Canaleta, Matanzas). También se registraron amenazas contra reclusos que realizaron protestas, reclamaron por una visita que le correspondía, exigieron medicamentos o simplemente se tatuaron en el cuerpo “Patria y Vida”. Las amenazas más frecuentes incluyen golpizas, el ser llevados a celdas de castigo, la fabricación de nuevas causas penales y el traslado hacia prisiones alejadas.
Durante el mes, se reportó que Aníbal Ribiaux fue trasladado hacia la prisión de máxima seguridad Mar Verde; mientras Luis Miguel Alarcón y Daniel Álvarez fueron llevados a un destacamento de sancionados en la Prisión Provincial de Guantánamo, a pesar de que a ninguno de los tres se les ha realizado juicio. Carlos Michael Morales y Liván Hernández (Alambradas) fueron enviados a otras cárceles de la provincia cuando se declararon en huelga de hambre. Yasser Fernando Rodríguez fue movido en menos de treinta días por cárceles de Pinar del Río como castigo por las denuncias que realiza desde la prisión. Marco Antonio Pintueles fue llevado hacia el Centro de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado de Holguín para ser investigado por componer y hacer pública una canción contestataria. En tanto Yussuan Villalba y Yasmani González fueron cambiados de edificios en el Combinado del Este, con las correspondientes afectaciones en sus días de visitas familiares.
También le fueron negadas las visitas familiares en tres ocasiones a José Daniel Ferrer (Mar Verde), Lizandra Góngora (Los Colonos), Adriel Hernández (Prisión Provincial de las Tunas), Walfrido Rodríguez (1580) y Lázaro Yunior Villa; a este último, por discriminación transfóbica, ya que su visitante, una mujer trans, se presentó vestida con prendas femeninas y los guardias le negaron la entrada. A Yosvany Rosell (Prisión Provincial de Holguín) le fueron espaciadas las visitas a cada 45 días. En el campamento de trabajo Forzado Arcos de Canasí (Mayabeque), adonde fue trasladado Jorge Martín Perdomo, los reclusos no tienen derecho a visitas conyugales y en el campamento de mujeres “El Caramelo” (La Habana) le suspendieron a todas las reclusas los pases del mes de diciembre.
Otra forma de abuso de poder violatoria de las Reglas Mandela cometidas de manera sistemática contra los reclusos es la suspensión de las llamadas telefónicas para que no puedan comunicarse con sus familiares o cursar denuncias hacia el exterior. Con frecuencia, los prisioneros son sometidos a requisas y decomiso y/o robo de prendas de vestir, comida, libros y objetos personales. Muchas veces, estas acciones son hechas con alevosía, como ocurrió con Maykel Mediaceja (Tarea Confianza, Santiago de Cuba), a quien decomisaron una pequeña cartera que había hecho para su abuela por su cumpleaños.
Asimismo, continúan los reportes de las prácticas de impedir a los reclusos salir a tomar el sol. Además, en los campamentos de trabajo forzado, los prisioneros no solo son sometidos a largas jornadas laborales, con escasa o nula remuneración y mal alimentados, sino que también son obligados a aportar ellos mismos los instrumentos de trabajo.
Otra forma de hostigamiento, sobre todo a los presos políticos, es la negativa a progresar a régimen menor severidad, aun cuando cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento penitenciario. En el mes de noviembre, este derecho le fue negado a Duniesky Ruiz (Quivicán, Mayabeque), Gerardo Yordanis Salazar (San Ramón, Granma), Humberto Paz (Prisión Provincial de Ciego de Ávila), Reynier Hernández (Combinado del Este) y Elier Padrón (1580). A este último, un oficial le dijo: “Tú no tienes apuro, te quedan muchos años por cumplir”. A Javier Delgado Torna (Guamajal, Villa Clara) le fue negada nuevamente la licencia extrapenal; mientras a Amauris Arrate (Mar Verde) fue privado del derecho a los dos meses de rebaja de sanción por año efectivo de cumplimiento, supuestamente por realizar denuncias sobre las condiciones del penal. A Roberto Sosa (Campamento No, 38, Granma) le fue revocado el régimen de mínima severidad por llegar cuatro horas tarde al pase y Luis Robles continúa recluido en el Combinado del Este, a pesar de que hace meses le concedieron la mínima. Su madre anunció, luego de reunirse con Eamon Gilmore, que se plantaría frente a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios para protestar contra esta injusticia y exigir su libertad.
En noviembre fueron encarcelados por motivos políticos el opositor Ohuaris Rondón (Valle Grande); el protector de animales Gustavo Mena entró a cumplir dos años de trabajo correccional con internamiento; los opositores Lázaro Rolando Kessel, Ángel Cuza y Yasser Rivero fueron trasladados al Combinado del Este a cumplir penas de hasta dos años de cárcel; y recibieron condenas de privación de libertad y trabajo correccional con internamiento ocho personas que se manifestaron en octubre de 2022 en Güines.
Tras cumplir íntegramente su condena, Esquizander Benítez recibió la libertad, con signos visibles de deterioro físico producto de diez meses en prisión debido a la mala alimentación y a la falta de atención médica. Por otra parte, Alejandro Garlobo fue excarcelado bajo fianza y se encuentra a la espera de juicio, tras ocho meses de encierro.
La falta de atención médica y de medicamentos, así como la pésima alimentación, continúan siendo dos de los principales problemas que enfrentan los reclusos en las prisiones cubanas.
El desabasto de medicamentos es generalizado, lo cual se agrava con el hacinamiento y las malas condiciones de los establecimientos, que facilitan el brote de enfermedades como escabiosis y plagas de chinches. A esto se suma la indolencia de los guardias, que en ocasiones niegan a los reclusos los medicamentos que les llevan sus familiares. También ha sido denunciado en varias prisiones el uso de agujas despuntadas y de placebo para inyectar a los reclusos.
En cuanto a la alimentación, continúan los problemas críticos reportados en informes anteriores: raciones mínimas, alimentos descompuestos, presencia de insectos y animales en la comida, ausencia de balance en las dietas y robo de la comida por parte de los oficiales para alimentar sus cerdos. Todo esto trae consigo la disminución considerable del peso de la población penal, la proliferación de enfermedades y la ocurrencia de desmayos. En total, durante el mes de noviembre, se recibieron reportes de problemas graves con la alimentación en 17 prisiones de ocho provincias: Valle Grande, Combinado del Este, 1580 y Toledo 2 (La Habana); Prisión Provincial de Granma, San Ramón y El Molino (Granma); Prisión Provincial de Villa Clara, Guamajal Mujeres y Alambradas, (Villa Clara); Prisión Provincial de Las Tunas y Típico Viejo (Las Tunas); Kilo 8 y Kilo 9 (Camagüey); Ariza (Cienfuegos); Prisión Provincial de Pinar del Río y Guanajay (Artemisa).
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