Ciudad de México, 28 de octubre de 2025 – Ante el inminente paso del huracán Melissa, de categoría 5, por territorio cubano, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) emite una alerta urgente sobre la situación de extrema vulnerabilidad de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del país.
El huracán Melissa, con vientos sostenidos superiores a 290 km/h, impactará en la madrugada las provincias orientales de la isla, donde se concentran múltiples prisiones con infraestructura deteriorada y condiciones ya críticas antes del desastre.
El CDPC ha recibido, desde su fundación en 2023, información proveniente de 63 prisiones y campamentos de trabajo forzado de las seis provincias en la fase de alarma: Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey, aunque sabemos que el número real podría ser significativamente mayor, dada la inexistencia de información pública sobre el sistema penitenciario cubano.
El pasado día 25, fuentes oficialistas (mas no oficiales) informaron de una evacuación del Establecimiento Penitenciario de Aguadores en Santiago de Cuba, reubicando a los prisioneros en «centros más seguros dentro del municipio». Sin embargo, esta evacuación parcial genera interrogantes urgentes: ¿qué prisiones adicionales en la trayectoria del huracán serán evacuadas?, ¿bajo qué criterios se determina qué centros evacuar y cuáles no?, ¿qué medidas se están tomando en las prisiones ubicadas en zonas de alto riesgo?, y ¿cómo se garantizará agua potable, alimentos, medicamentos y atención médica en aquellas que no sean evacuadas?
La opacidad sistemática del Estado cubano —que no ha permitido acceso de observadores independientes a prisiones desde hace décadas— genera preocupación fundada sobre las condiciones reales que enfrentarán las más de 90 mil personas privadas de libertad en Cuba, de acuerdo con los datos más recientes de la World Prison Population List, un registro que no contempla el alto número de personas detenidas en el país tras el estallido social de julio de 2021.
El informe más reciente de esta organización, publicado el pasado día 24, da cuenta de que el sistema penitenciario cubano ya enfrenta una crisis estructural grave, con 60 muertes documentadas entre marzo de 2024 y marzo de 2025 y más de 1,330 violaciones de derechos humanos, incluyendo negación de atención médica, desnutrición, agua contaminada y hacinamiento extremo.
El huracán Melissa amenaza con agravar exponencialmente esta situación:
Infraestructura vulnerable: La mayoría de prisiones fueron construidas hace décadas, con deterioro estructural, sin sistemas adecuados de drenaje ni resistencia a huracanes. Riesgo inminente de colapsos, inundaciones y electrocución.
Crisis eléctrica previa: Cuba atraviesa apagones de 18+ horas diarias que impiden el funcionamiento de bombas de agua, refrigeración de medicamentos, comunicaciones y atención médica básica.
Precedentes de opacidad y devastación en prisiones: Durante el huracán Sandy (2012), que devastó Santiago de Cuba con 11 muertos y 185,000 viviendas destruidas, las prisiones de Aguadores y Mar Verde quedaron gravemente afectadas. Reportes de periodistas independientes indicaron que en Mar Verde se derrumbó una pared que dividía la sección de jóvenes, causando un número indeterminado de heridos y fallecidos. En Aguadores se desató un brote de cólera, y al menos un preso político fue reportado en estado grave. Las autoridades penitenciarias suspendieron visitas, dejando a los presos sin comunicación con sus familias, y los jefes de ambas prisiones negaron cualquier información sobre lo ocurrido.
Por otra parte, otros reportes de ese entonces sugieren que, en el campamento penal La Caoba (Dos Ríos, Palma Soriano), más de 50 presos fueron encerrados bajo llave en una celda durante el paso del huracán mientras los guardias abandonaron el lugar. Los gritos de pánico de los reclusos se escucharon desde el exterior. Al día siguiente, estos mismos presos fueron obligados a recoger escombros en las calles, evidenciando que las autoridades priorizaron el aprovechamiento de mano de obra forzada sobre la protección de vidas durante la emergencia.
Desde el CDPC, recordamos que las personas privadas de libertad están bajo custodia del Estado y dependen completamente de éste para su supervivencia. Cuba tiene obligaciones ineludibles.
Por ejemplo, tanto las Reglas Mandela como los Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Personas Privadas de Libertad establecen que los Estados no pueden invocar emergencias o desastres naturales para evadir su obligación de proteger a quienes están bajo custodia. En tales contextos, el Estado refuerza —no suspende— su deber de garante, debiendo adoptar medidas preventivas como planes de evacuación, protocolos de emergencia y coordinación con sistemas de protección civil para garantizar la vida, integridad y trato digno de las personas privadas de libertad.
Asimismo, la CIDH ha establecido que los Estados tienen «responsabilidad especial» respecto a quienes están bajo custodia, incluyendo en situaciones de emergencia. La Corte Interamericana ha determinado responsabilidad internacional cuando el Estado, estando en posición de garante, no adopta medidas para prevenir riesgos conocidos.
Ante este escenario, desde el CDPC pedimos ayuda a la comunidad internacional para que exija al Estado cubano:
- Publicar inmediatamente qué prisiones serán evacuadas y los criterios utilizados
- Garantizar protocolos de emergencia en TODOS los centros penitenciarios en zonas de riesgo
- Asegurar servicios básicos (agua, alimentos, medicamentos, atención médica) sin interrupción
- Permitir acceso a mecanismos de monitoreo independiente durante y después del huracán
- Transparentar información sobre evacuaciones, daños y condiciones de las personas privadas de libertad
El huracán Melissa representa una amenaza inminente. La ventana para actuar es de horas. Cada momento de inacción aumenta el riesgo de tragedias evitables. Las personas privadas de libertad no pueden protegerse por sí mismas: dependen completamente del Estado.
La comunidad internacional debe observar si las autoridades cubanas cumplen con sus obligaciones legales y morales de proteger a las personas más vulnerables bajo su custodia.
