El opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia, llegó este lunes a Miami, Estados Unidos, tras ser desterrado forzosamente por el régimen cubano. Su salida ocurre luego de casi seis meses de un nuevo encarcelamiento arbitrario, torturas y hostigamiento sistemático en la prisión de Mar Verde (Santiago de Cuba), periodo en el que se documentaron 29 eventos represivos en su contra, lo que convierte su caso en uno de los más graves registrados este año.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y Justicia 11J, ambos programas de la asociación civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, celebran que el prisionero de conciencia de Amnistía Internacional José Daniel Ferrer García se encuentre finalmente fuera de Cuba a salvo junto a su familia, tras haber soportado en los últimos meses un nuevo encierro injustificado caracterizado por la violencia extrema. Sin embargo, resultan profundamente preocupantes las condiciones en que se produjo este exilio forzado, resultado de una estrategia estatal que combina la represión carcelaria con el destierro político, y que priva a las víctimas primero de su libertad, y luego del derecho a permanecer en su propio país.
De acuerdo con los registros de ambos programas, luego de ser devuelto a prisión el 29 de abril de 2025, Ferrer García fue objeto de 29 eventos represivos durante su reclusión. En 23 de ellos se constató el uso de violencia física, psicológica o administrativa como método de castigo. Dichos incidentes implicaron 13 actos de hostigamiento, nueve golpizas y torturas físicas, y ocho hechos de negación o irregularidades en las visitas familiares (un incidente puede contener varias violaciones).
Durante este periodo, José Daniel protagonizó una huelga de hambre entre el 25 de junio y el 9 de julio, en protesta por las condiciones inhumanas de detención y los maltratos sufridos. En ese contexto, reclusos comunes que actuaban bajo órdenes de la Seguridad del Estado lo agredieron físicamente y emplearon técnicas de tortura para obligarlo a ingerir alimentos.
Entre mayo y septiembre de 2025, Ferrer García figuró sistemáticamente en los informes mensuales del CDPC entre las personas con mayor número de hechos violatorios documentados. En ese mismo periodo, fueron identificados seis agentes y funcionarios directamente vinculados a su represión, entre ellos el teniente coronel Vladimir Pineda Guerra (jefe de la prisión Mar Verde, Santiago de Cuba), el teniente coronel Adalberto Andreu Chacón, y el capitán José Miguel Hechavarría Gorget, así como Julio Fonseca, segundo jefe de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, y un preso común conocido como “Caney”, empleado como instrumento de hostigamiento.
La represión también se extendió a su entorno familiar, incluso fuera de prisión. Su esposa, Nelva Ortega, fue víctima de actos de repudio, detenciones arbitrarias y desaparición forzada por varias horas, acciones en las que participaron agentes de la Seguridad del Estado como el capitán Mario Raciel Soulary Garcés, quien acumula un largo historial de persecución contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y del comedor humanitario que Ferrer García sostenía desde hacía varios años y que había retomado tras su excarcelación en enero de este mismo año, producto de negociaciones entre el régimen cubano, el Vaticano y la anterior administración estadounidense.
El pasado 3 de octubre, su portavoz y hermana Ana Belkis Ferrer difundió en redes sociales una carta manuscrita fechada el 10 de septiembre, en la que José Daniel relataba las condiciones impuestas por el régimen cubano para permitir su salida del país y a las que no había accedido, alegando que estaba: “listo para morir, pero no para vivir sin honor, sin dignidad”. En esa misiva, Ferrer García denunció que las autoridades “han querido que haga declaraciones o que pida a la embajada de Estados Unidos y a la Iglesia Católica, que inicien un diálogo —régimen cubano y gobierno de EUA—, diálogo que conduzca a la vergonzosa ‘negociación’ de otras veces: liberación de presos políticos a cambio de levantamiento de sanciones y otras facilidades a la dictadura”, evidenciando así las presiones políticas que acompañaron su excarcelamiento y posterior destierro.
También en esta carta afirmó: “durante los últimos cuatro meses y nueve días el ensañamiento de la dictadura en mi contra ha sobrepasado todo límite. Las golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas, los robos de mis alimentos y productos de aseo, ordenados por los esbirros del régimen, y las amenazas contra mi esposa e hijos en Cuba han sido mayores que en toda época anterior en prisión”.
La liberación y salida forzada del país de José Daniel Ferrer García, confirmada este 13 de octubre, no constituye un acto de justicia ni de reparación, sino la prolongación de la violencia institucional que el Estado cubano ejerce contra quienes hacen uso de derechos fundamentales.
En una rueda de prensa en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) en Miami, prometió continuar la lucha “dentro y fuera de Cuba” para “acercar el fin de la tiranía”.
Según los registros de Justicia 11J, en Cuba permanecen actualmente más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos, lo que evidencia la persistencia de un patrón de represión estructural que utiliza el encarcelamiento y el exilio como herramientas de control social y castigo político.
El CDPC, en coordinación con Justicia 11J, continuará documentando las violaciones cometidas contra esta población penitenciaria y exigiendo responsabilidad penal y política para los perpetradores. Asimismo, llama a los mecanismos internacionales de derechos humanos, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de la sociedad civil a mantener la atención sobre la situación de las personas presas y exiliadas por motivos políticos en Cuba.
