Entre el 1 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2025, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 1,858 eventos relacionados con personas privadas de libertad en Cuba. De estos, 1,330 constituyen violaciones a derechos humanos que evidencian el incumplimiento reiterado de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). Estos hallazgos revelan una crisis humanitaria caracterizada por violaciones graves y sistemáticas que afectan a todos los aspectos de la vida penitenciaria, desde las condiciones materiales básicas hasta el derecho fundamental a la vida.
El aspecto de mayor gravedad documentado son las 60 muertes bajo custodia estatal, que incluyen 47 fallecimientos relacionados con la salud física y mental de las víctimas, así como por falta de atención oportuna y siete por violencia física directa. Ninguna de estas pérdidas de vida ha sido objeto de investigación independiente e imparcial, perpetuando un patrón de impunidad que facilita la repetición de estos hechos. Las violaciones más frecuentes documentadas incluyen hostigamiento y represión con 1,176 incidentes, seguidos por 555 denuncias sobre problemas de salud general, 454 casos de negación de atención médica, 341 relacionados con condiciones inadecuadas de vida y 260 referidos a deficiencias alimentarias. Estas cifras ⏤limitadas a los casos que fue posible verificar en un contexto de opacidad informativa total⏤ afectaron a 548 víctimas individuales identificadas (40 mujeres y 508 hombres), además de 244 denuncias colectivas que reportaron violaciones que alcanzaron a la totalidad de la población penal en diversos centros.
La documentación pone en evidencia violaciones sistemáticas en todas las categorías de las Reglas Mandela que fueron objeto de análisis. En cuanto a tortura y tratos crueles, se registró el uso de métodos específicos como “la cama turca”, que consiste en mantener a la persona esposada en posición fetal durante días, y “la bicicleta”, donde obligan al recluso a caminar encorvado con las manos esposadas en la espalda. Casos extremos incluyen encierros de hasta tres años en celdas de castigo y el uso prolongado de esposas “shakiras” que impiden realizar funciones básicas como comer o asearse. Las condiciones materiales documentadas revelan un estado de infrahumanidad generalizada: desnutrición masiva que en algunos centros afecta a más de 400 personas clasificadas como “bajo peso”; suministro de agua contaminada; hacinamiento extremo que obliga a personas a dormir en el suelo; y filtraciones permanentes en infraestructuras gravemente deterioradas. La negligencia médica constituye una práctica sistemática, que incluye la negación deliberada de atención, la ausencia casi total de medicamentos básicos, y casos extremos como el de una reclusa que se extrajo sus propios cordales sin anestesia ni instrumental adecuado, ante la negativa reiterada de las autoridades a proporcionarle asistencia.
El informe también documenta prácticas de trabajo forzoso donde las personas reclusas deben cumplir jornadas laborales sin remuneración o con pagos muy inferiores a lo establecido legalmente, bajo amenaza de pérdida de beneficios penitenciarios. Particularmente grave resulta la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, que representan al menos 329 de las víctimas identificadas y enfrentan niveles adicionales de represión, incluyendo la utilización de reclusos comunes como agentes de violencia contra ellos, aislamiento sistemático y restricciones arbitrarias a la comunicación con sus redes de apoyo.
La impunidad estructural que facilita estas violaciones se sustenta en la ausencia de mecanismos independientes de supervisión. En este esquema, La Fiscalía General de la República ⏤subordinada constitucionalmente al Presidente de la República⏤ centra en su Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios (CLEP) la función de velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, lejos de constituir una garantía efectiva, el CLEP opera dentro de la misma cadena jerárquica que responde al Fiscal General y, en última instancia, al propio Presidente, y carece de independencia real para investigar abusos cometidos por otros órganos del Estado. Esta estructura institucional, combinada con la criminalización de la documentación independiente de violaciones de derechos humanos, genera un contexto donde los abusos más graves quedan sin investigación ni sanción, perpetuando un ciclo de violencia institucional.
Los hallazgos de este informe evidencian que Cuba mantiene un sistema penitenciario incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y con los propios mandatos de su Constitución. La magnitud, sistematicidad y gravedad de las violaciones documentadas configuran una crisis humanitaria que trasciende incidentes aislados para revelar una política deliberada de degradación humana. Esta situación demanda una respuesta inmediata y coordinada de la comunidad internacional, así como medidas urgentes por parte del Estado cubano, entre ellas la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el establecimiento de mecanismos independientes de supervisión, y la investigación exhaustiva de todas las muertes bajo custodia estatal conforme a los estándares internacionales.
