Entre el 1 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2025, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 1,858 eventos relacionados con personas privadas de libertad en Cuba, de los cuales 1,330 constituyen violaciones a derechos humanos que evidencian el incumplimiento sistemático de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). Estos hallazgos revelan una crisis humanitaria caracterizada por violaciones graves y sistemáticas que afectan a todos los aspectos de la vida penitenciaria, desde las condiciones materiales básicas hasta el derecho fundamental a la vida.
El aspecto más grave documentado son las 59 muertes bajo custodia estatal, que incluyen 37 fallecimientos por negligencia médica, 8 por violencia física directa y 5 por suicidio. Ninguna de estas muertes ha sido objeto de investigación independiente e imparcial, perpetuando un patrón de impunidad que facilita la repetición de estos hechos. Las violaciones más frecuentes documentadas incluyen hostigamiento y represión con 1,176 incidentes, seguidos por 555 denuncias sobre problemas de salud general, 454 casos de negación de atención médica, 341 relacionados con condiciones inadecuadas de vida y 260 referidos a deficiencias alimentarias. Estas cifras, que representan únicamente los casos verificables en un contexto de opacidad informativa total, afectan a 548 víctimas individuales identificadas (40 mujeres y 508 hombres), además de 244 denuncias colectivas que reportan violaciones que afectan a la totalidad de la población penal en diversos centros.
La documentación revela violaciones sistemáticas en todas las categorías establecidas por las Reglas Mandela. En cuanto a tortura y tratos crueles, se registró el uso de métodos específicos como “la cama turca”, que consiste en mantener a la persona esposada en posición fetal durante días, y “la bicicleta”, donde obligan al recluso a caminar encorvado con las manos esposadas en la espalda. Casos extremos incluyen encierros de hasta tres años en celdas de castigo y el uso prolongado de esposas “shakiras” que impiden realizar funciones básicas como comer o asearse. Las condiciones materiales documentadas revelan un estado de infrahumanidad generalizada, con desnutrición masiva que en algunos centros afecta a más de 400 personas clasificadas como “bajo peso”, suministro de agua contaminada, hacinamiento extremo que obliga a personas a dormir directamente en el suelo, y filtraciones constantes en infraestructuras deterioradas. La negligencia médica constituye una práctica sistemática que incluye la negación deliberada de atención, ausencia casi total de medicamentos básicos, y casos extremos como el de una reclusa que se extrajo sus propios cordales sin anestesia ni instrumental médico adecuado debido a la negativa reiterada de las autoridades a proporcionarle asistencia.
El informe también documenta prácticas de trabajo forzoso donde las personas reclusas deben cumplir jornadas laborales sin remuneración o con pagos muy inferiores a lo establecido legalmente, bajo amenaza de pérdida de beneficios penitenciarios. Particularmente grave resulta la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, que representan al menos 304 de las víctimas identificadas y enfrentan niveles adicionales de represión, incluyendo la utilización de reclusos comunes como agentes de violencia, aislamiento sistemático y restricciones arbitrarias a la comunicación con sus redes de apoyo.
La impunidad estructural que facilita estas violaciones se sustenta en la ausencia total de mecanismos independientes de supervisión. La Fiscalía General de la República, subordinada constitucionalmente al Presidente de la República, carece de independencia real para investigar abusos cometidos por otros órganos del Estado. Esta estructura institucional, combinada con la criminalización de la documentación de derechos humanos, genera un contexto donde las violaciones más graves quedan sin investigación ni sanción, perpetuando un ciclo de violencia institucional.Los hallazgos de este informe evidencian que Cuba mantiene un sistema penitenciario fundamentalmente incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y con sus propios compromisos constitucionales. La magnitud, sistematicidad y gravedad de las violaciones documentadas configuran una crisis humanitaria que trasciende incidentes aislados para revelar una política deliberada de degradación humana que demanda respuesta inmediata y coordinada de la comunidad internacional, incluyendo la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el establecimiento de mecanismos independientes de supervisión, y la investigación exhaustiva de todas las muertes bajo custodia estatal conforme a los estándares internacionales.
