Actualización sobre condiciones en prisiones cubanas (abril de 2025)

Durante el mes de abril, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró un total de 96 eventos vinculados a personas privadas de libertad. De estos, 79 tuvieron lugar en 34 centros penitenciarios distribuidos en 14 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. Entre ellos, 76 involucraron algún tipo de violación a los derechos de las personas reclusas. Los eventos restantes, ocurridos fuera del entorno carcelario, estuvieron principalmente relacionados con procesos penales en curso, pronunciamientos de organismos internacionales y excarcelaciones de personas presas políticas registradas durante el mes.

Las provincias con mayor número de violaciones documentadas fueron Mayabeque, La Habana y Camagüey. En cuanto a los centros penitenciarios, destacaron por su recurrencia Kilo 8 (Camagüey), el Combinado del Este (La Habana) y la prisión de Melena del Sur (Mayabeque).

Al menos 46 personas privadas de libertad (41 hombres y 5 mujeres) fueron víctimas de algún tipo de violación de derechos humanos. Además, se documentaron 18 denuncias relacionadas con condiciones que afectan de forma colectiva a toda la población penal de determinados establecimientos penitenciarios. Fernando “Nando Obdc” Almenares Rivera (Prisión del SIDA, Mayabeque y Villa Marista, La Habana), Saylí Navarro Álvarez (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas), Loreto Hernández García (Prisión Guamajal, Villa Clara), Dixan Gaínza Moré y Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá  (Kilo 8), Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión de Quivicán y Melena del Sur, Mayabeque), Maykel “Osorbo” Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río) y José Gabriel Barrenechea Chávez (Prisión La Pendiente, Villa Clara) fueron las personas reclusas con más violaciones en su contra registradas durante el mes. Todas, detenidas por razones políticas.

Las condiciones de vulnerabilidad más frecuentes entre las víctimas incluyen su condición de preso político, el hecho de ser afrodescendiente y la vinculación con movimientos de oposición al régimen. *En una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad.

Se identificó total o parcialmente a 13 personas involucradas directamente en la comisión de las violaciones registradas: 12 hombres —todos funcionarios del sistema penitenciario— y una mujer, también privada de libertad, quien actúa en complicidad con las autoridades, hostigando de forma sistemática a la presa política Lizandra Góngora Espinosa en la prisión de Los Colonos, en la Isla de la Juventud.

Entre los incidentes violatorios de derechos humanos más frecuentes registrados en abril destacan los actos de hostigamiento y represión (53), seguidos por las malas condiciones de vida en prisión (21), las deficiencias en la alimentación (18) y la negación de asistencia médica (18). *Un evento puede contener varios incidentes de represión. 

Casos individuales de personas privadas de libertad con enfermedades graves que no reciben la atención médica requerida pueden consultarse en el informe complementario “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud”, correspondiente al mes de abril.

Durante abril se recibieron denuncias sobre problemas con la alimentación provenientes de 14 prisiones y centros de detención ubicados en nueve provincias del país. En todos los casos, se describen raciones mínimas, alimentos en mal estado y falta de diversidad nutricional. Los reclusos reportaron explícitamente que pasan hambre, y mencionaron casos generalizados de desnutrición y anemia, condiciones que han contribuido —o incluso provocado— la muerte de personas privadas de libertad. En una denuncia sobre la prisión La Pendiente se afirma que algunos presos han llegado a cazar ratones para alimentarse, una práctica extrema que el CDPC ya había documentado anteriormente en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.

Los reportes sobre brotes epidemiológicos continúan siendo motivo de preocupación. Enfermedades como tuberculosis, hepatitis, escabiosis, dengue y afecciones diarreicas fueron documentadas en varios centros penitenciarios, entre ellos Melena del Sur, Mar Verde (Santiago de Cuba) y la Prisión Provincial de Cienfuegos. En estos establecimientos, además, se denunciaron graves deficiencias en el acceso al agua potable y en la calidad del agua disponible. En el penal de Cienfuegos, donde también se registran condiciones de hacinamiento y filtraciones estructurales, más de una veintena de reclusos recurrieron a la autolesión como forma de protesta ante el estado de abandono en el que se encuentran.

También como forma de protesta ante las condiciones carcelarias y la vulneración de sus derechos, varios reclusos recurrieron a huelgas de hambre como forma de protesta. Entre ellos se encuentran Yuri Almenares González (Campamento de trabajo forzado de Melena del Sur), Pedro Luis Sarmiento Capote (centro de detención no identificado en Sancti Spíritus), Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá (Kilo 8), Yaniel Tejeda Molina (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus), Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión de Quivicán), Georlys Olazábal Drake (Combinado del Este) y los prisioneros Yuri Alexey Reyes Capote, Jorge Luis Sánchez Riverón y Yorley Rodríguez Rosales (Prisión Provincial de Granma). Estos tres últimos, además, se cosieron la boca como forma extrema de manifestarse frente a la petición fiscal de 15 años de cárcel por un presunto delito de robo de ganado mayor. Cabe destacar el caso del recluso Maikel Ponte Herrera, quien falleció durante una huelga de hambre en la prisión de Melena del Sur, mientras reclamaba atención médica urgente.

Durante abril, varios reclusos fueron trasladados a celdas de castigo como medida punitiva. Entre ellos se encuentran Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá (Kilo 8), Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión de Quivicán), Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río), Misleydis Rodríguez Más (Prisión de Mujeres de Occidente, La Habana) y Jaime Alcide Firdó Rodríguez, manifestante del 11J, cuya excarcelación —concedida en enero como parte de los acuerdos entre el régimen cubano y el Vaticano— fue revocada arbitrariamente a incios de abril. También se reportaron golpizas contra los presos políticos Dixán Gaínza Moré (Kilo 8), agredido por reclamar que le respetaran su tiempo de uso del teléfono, y José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde, Santiago de Cuba), quien fue golpeado tras negarse a usar el uniforme de preso común, poco después de que se revocara su libertad condicional, que le había sido concedida en enero como parte del acuerdo. De igual forma, se documentó la revocación arbitraria de la excarcelación del líder opositor Félix Navarro Rodríguez, también beneficiado en enero, quien, como José Daniel Ferrer, había sido constantemente hostigado hasta su nuevo arresto.

Tras ser golpeado, el preso político Dixán Gaínza Moré fue sometido a una forma de tortura conocida como “El Potro”, que consiste en esposar al recluso de manos y pies a una cama durante períodos prolongados. Esta práctica, habitual en el hospital de la prisión Kilo 8, implica también estiramientos forzados de las extremidades, golpizas, exposición a agua fría y abandono en condiciones degradantes, pues los detenidos terminan defecándose y orinándose encima. En la prisión 1580 de La Habana también se denunciaron prácticas constitutivas de tortura, como golpizas, desnudez forzada, uso de spray irritante en los ojos y la retirada sistemática de colchones durante la mayor parte del día.

A los abusos físicos se suman formas de tortura psicológica y tratos crueles, como los infligidos a los presos políticos Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río) y José Gabriel Barrenechea Chávez (Prisión La Pendiente), a quienes se les negó el derecho a despedirse de su abuela y su madre, respectivamente, antes de que estas fallecieran.

También se reportaron restricciones arbitrarias al derecho de visita, utilizadas como forma de castigo o control. Misleydis Rodríguez Más (Prisión de Mujeres de Occidente), en abril, llevaba cuatro meses sin recibir visitas familiares ni conyugales. A Saylí Navarro Álvarez (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas) se le impidió por sexta vez recibir a su madre, únicamente por vestir de blanco. A Fernando Almenares Rivera (Villa Marista) le fue interrumpida la visita de sus padres tras denunciar los malos tratos sufridos. En el caso de Jorge Martín Perdomo (Campamento de trabajo forzado “Ho Chi Minh”, Mayabeque), se le negó la visita de su hermano, el también preso político Nadir Martín Perdomo, quien se encontraba de pase. Tampoco se permitió una llamada telefónica entre ellos.

Se documentaron también violaciones al derecho a la comunicación en los casos de Alexander Díaz Rodríguez (Campamento de trabajo forzado “El 25”, Pinar del Río), Juan Enrique Pérez Sánchez (durante su reclusión en la prisión de Melena del Sur, antes de su traslado a Quivicán), Fernando Almenares Rivera (Villa Marista) y Loreto Hernández García (Prisión Guamajal, Villa Clara). 

Asimismo, se recibieron denuncias de corrupción por parte de las autoridades penitenciarias, incluyendo la introducción y venta de la droga conocida como “químico” en la prisión 1580, y el robo sistemático de alimentos destinados a los reclusos en la prisión La Pendiente.

En el campamento de trabajo forzado de la prisión Melena del Sur, las personas privadas de libertad son obligadas a realizar labores agrícolas en condiciones de explotación, recibiendo salarios extremadamente bajos. En este centro, el recluso Yuri Almenares González es forzado a estibar sacos de carbón pese a sufrir problemas en la columna vertebral. Además, ha sido objeto constante de discriminación y agresiones por su orientación sexual.

Los información expuesta en este informe representa un subregistro de los eventos y víctimas reales; una documentación completa resulta imposible debido a la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios.