Durante el mes de agosto, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas monitoreó 94 eventos relacionados con personas privadas de libertad, de los cuales 81 ocurrieron dentro de centros penitenciarios. En 75 de estos se constató algún tipo de violación a derechos. Los hechos registrados fuera de las prisiones se relacionaron principalmente con procesos penales, liberaciones y pronunciamientos internacionales sobre las personas presas políticas.
Se documentaron violaciones en 31 prisiones y centros de detención de 11 provincias del país. Entre las provincias, las que concentraron más casos fueron La Habana (17), Holguín, Santiago de Cuba y Mayabeque (10 cada una). Por otra parte, entre las prisiones con mayor número de reportes se encuentran el Combinado del Este (La Habana), Cuba Sí (Holguín) y Boniato (Santiago de Cuba).
De acuerdo con el subregistro de este Centro, las personas presas políticas que sufrieron más violaciones fueron Mario Alberto Hernández Leyva (Combinado del Este), Sissi Abascal Zamora (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas), Yosvany Rosell García Caso (Prisión Cuba Sí, Holguín), Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río) y Eider Frómeta Allen (Prisión Provincial de Guantánamo). Al menos 46 personas privadas de libertad (42 hombres y 4 mujeres) fueron víctimas de violaciones a sus derechos, mientras que 14 denuncias aludieron a situaciones que afectaron de manera colectiva a toda la población de determinados penales. Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran las personas presas políticas, opositoras y afrodescendientes, categorías que pueden coincidir en una misma persona.
Se identificaron total o parcialmente 13 responsables (2 mujeres y 11 hombres) involucrados de manera directa en la comisión de abusos: 11 funcionarios penitenciarios, una persona reclusa que trabaja bajo órdenes de las autoridades y un oficial de la Seguridad del Estado.
En los 75 eventos violatorios se registraron incidentes clasificados en 25 categorías de represión. Los más frecuentes fueron aquellos que implicaron hostigamiento y represión (50), negación de atención médica (30), condiciones de vida precarias (20) y problemas relacionados con la alimentación (12). Un mismo evento pudo incluir varias formas de represión.
Durante el mes se documentaron cuatro muertes, reflejo de dos problemas estructurales en las cárceles cubanas: la deficiente atención médica y la indolencia institucional. Anthony Bermúdez (La Condesa, Mayabeque), Ariel Hasdie López (Quivicán, Mayabeque) y Abraham Carmenates Hervás (Boniato, Santiago de Cuba) fallecieron por falta de asistencia sanitaria o negligencia. Kevin Caraballo (Nieves Morejón, Sancti Spíritus) murió durante una huelga tras autolesionarse (clavándose la cabeza) como forma de protesta para reclamar su inocencia.
El caso de Ariel Hasdie López estuvo vinculado a tuberculosis, enfermedad sobre la cual también se recibieron reportes en las prisiones de Quivicán y Melena del Sur (Mayabeque) y Guanajay (Artemisa). Hubo denuncias de contagios extendidos de dengue (Nieves Morejón), hepatitis (La Condesa) y otras infecciones en Agüica (Matanzas) y Mar Verde (Santiago de Cuba).
Las enfermedades se propagan en ambientes insalubres donde escasean medicamentos para una población penal debilitada por la mala alimentación, que en muchos casos alcanza estados de desnutrición. Este mes se reiteraron denuncias sobre alimentos servidos en mal estado (pescado, morcilla, pasta, calabaza) en al menos 9 prisiones de siete provincias, provocando diarreas generalizadas. En la Prisión Provincial de Cienfuegos, la “solución” ofrecida a las personas presas fue beber “agua con cal o con jabón”. A esto se suma la contaminación del agua de consumo en la mayoría de los penales.
La crisis alimentaria se agrava porque oficiales se apropian de las raciones destinadas a la población penitenciaria y desde la Prisión Provincial de Guantánamo y Agüica las autoridades restringieron la entrada de alimentos que llevan las familias. En esta última prisión, 11 personas se declararon en huelga de hambre en protesta por la mala alimentación y la falta de atención médica.
También realizaron huelga de hambre los opositores Ángel Serrano Hernández (Combinado del Este) y Pedro Luis Fernández Peralta (Hospital Nacional de Reclusos, La Habana) para exigir atención médica; Cruz García Domínguez (Prisión Cuba Sí) y Guillermo Carralero López (Prisión Provincial de Las Tunas) reclamando su liberación inmediata; Yoel García García (Prisión Provincial de Villa Clara) por considerar injusta su condena; y Yosvanis Silva Sánchez e Ismael Kindelán González (Prisión Provincial de Holguín), exigiendo beneficios penitenciarios. Este último recluso, al igual que Carralero López, se cosió la boca como medida de protesta, mientras que José Lázaro Estrada Rojas (Prisión Cuba Sí) ingirió anzuelos en dos ocasiones para demandar su traslado a régimen abierto.
Los traslados siguieron siendo empleados como forma de hostigamiento, en particular contra personas presas políticas. Entre los casos más graves están los de Duvier Medina Quintero, trasladado fuera de su provincia de residencia; Marco Antonio Alfonso Breto, movido a un piso con internos multirreincidentes; Maykel Castillo Pérez, llevado a Kilo 8 tras ser agredido por otra persona reclusa coludida con las autoridades; y Mario Alberto Hernández Leyva quien, mientras era liberado de la cárcel 1580 (La Habana) fue desaparecido forzadamente durante varios días y luego devuelto a prisión, esta vez en el Combinado del Este. A Castillo Pérez se le amenaza con un nuevo cargo por “daños a la propiedad social”; mientras que Hernández Leyva, iniciado el mes de septiembre, fue excarcelado con la obligación de presentarse semanalmente en una estación policial.
Durante agosto, varias personas, como el mismo Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río), Saylí Navarro Álvarez (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas) y Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato) sufrieron suspensión de visitas familiares. Por su parte, el joven Walnier Luis Aguilar Rivera (Combinado del Este) pidió a su padre que no asistiera a la prisión, actitud que su familia asocia a presiones de la Seguridad del Estado dentro del penal.
Las golpizas y castigos corporales siguen siendo prácticas habituales. Frómeta Allen fue golpeado y arrastrado; Hernández Leyva (1580, La Habana) recibió una paliza por negarse a vestir uniforme de preso común; Kindelán González fue agredido para obligarlo a abandonar la huelga de hambre y el capitán Addel Aldana Escalona le arrancó de un tirón el el alambre con el que se había cosido la boca, causándole lesiones.
José Daniel Ferrer García permanece en Mar Verde junto a quienes lo han golpeado por órdenes de la Seguridad del Estado. Ienelis Delgado Cué (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) fue atacada por otra persona interna y, en lugar de protegerla, las autoridades la enviaron a celda de aislamiento.
Finalmente, en el Combinado del Este y la Prisión de Guanajay se documentó que las personas condenadas a cadena perpetua tienen restringido su derecho a tomar sol y salir al patio, lo cual constituye una violación grave a sus derechos fundamentales.
