Actualización sobre condiciones en prisiones cubanas (mayo de 2025)
Tal como hemos señalado en informes anteriores, la crítica situación que atraviesa la población cubana encuentra una expresión aún más desgarradora en el interior de las cárceles del país. A la creciente escasez de recursos que el Estado destina al sistema penitenciario, se suma el hecho de que los familiares —principales responsables de suplir las necesidades básicas de las personas recluidas, como alimentos, medicinas y ropa— enfrentan cada vez mayores obstáculos para cumplir con esa función.
Ania Zamora, integrante del movimiento Damas de Blanco y madre de la presa política Sissi Abascal Zamora (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas), así lo describió recientemente:
“Los presos sobreviven con lo que los familiares le[s] podemos llevar. La situación es crítica. Estamos enfrentando apagones de hasta de 22 horas y todo se nos echa a perder. No conseguimos casi nada para llevar, vivimos en una agonía para luchar el saco y nuestros presos se alimentan de eso porque la alimentación en la cárcel son tres cucharadas de arroz con un pedacito de pescado, muchas veces echado a perder. Nada de pan, nada de huevo. No hay comida en las prisiones y eso es alarmante”.
Durante el mes de mayo, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) documentó 108 eventos relacionados con personas privadas de libertad. De estos, 94 ocurrieron dentro de centros penitenciarios y 92 constituyeron violaciones a los derechos de estas personas. Los eventos registrados fuera de los penales estuvieron principalmente vinculados a procesos judiciales y a pronunciamientos internacionales en favor de la liberación de personas presas por motivos políticos.
Los tipos de incidentes más frecuentes registrados (teniendo en cuenta que un mismo evento puede incluir más de una categoría) fueron:
- actos de hostigamiento y represión (63 casos),
- negación de atención médica (29),
- condiciones de vida inadecuadas (17),
- problemas relacionados con la alimentación (13), y
- restricciones o irregularidades en las visitas (10).
Además, se identificaron otras 23 categorías de incidentes represivos sufridos por personas privadas de libertad.
El informe mensual del CDPC titulado “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud” incluye detalles individuales sobre quienes padecen enfermedades graves y se encuentran sin recibir la atención médica que requieren.
Los eventos que implicaron violaciones de derechos humanos ocurrieron en 32 cárceles y centros de detención distribuidos en todas las provincias del país, con mayor concentración en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey. Las instituciones con más reportes fueron el Combinado del Este (La Habana), las prisiones de Boniato y Mar Verde (Santiago de Cuba), la Prisión de Quivicán (Mayabeque) y la Prisión Provincial de Granma.
Según las denuncias recibidas por el CDPC, al menos 55 personas (cuatro mujeres y 51 hombres) fueron víctimas directas de violaciones. Además, 19 reportes hacen referencia a afectaciones que impactan a toda la población penitenciaria de ciertos establecimientos.
Las personas con más vulneraciones registradas en su contra fueron los presos políticos José Daniel Ferrer García (Prisión de Mar Verde), Félix Navarro Rodríguez (Prisión de Agüica, Matanzas) y Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato). Los grupos más afectados por los abusos documentados fueron las personas presas por motivos políticos, las opositoras y las afrodescendientes. (En una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad).
El CDPC logró identificar total o parcialmente a 21 personas responsables (dos mujeres y 19 hombres). De ellas, 18 son funcionarias o funcionarios del sistema penitenciario y tres, oficiales de la Seguridad del Estado encargadas/os de tareas represivas dentro de las prisiones.
La situación descrita por Ania Zamora en la Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas se repite en centros penitenciarios de todo el país. En mayo, el CDPC recibió denuncias relacionadas con la alimentación en al menos diez cárceles ubicadas en ocho provincias. Como en meses anteriores, se reportaron raciones reducidas, alimentos en estado de descomposición, largos intervalos entre comidas, preparación deficiente al punto de volver los alimentos incomibles y desayunos que consisten en agua con restos de pescado en mal estado.
En las prisiones de Kilo 7 (Camagüey) y la Provincial de Granma, personas privadas de libertad utilizaron expresiones como “hambruna” y afirmaron que las autoridades las están “matando de hambre”. En La Pendiente (Villa Clara), varios destacamentos se encuentran sin recibir visitas pues las autoridades no quieren que los familiares se percaten del alto número de personas con desnutrición y anemia. También se reportaron cuadros generalizados de desnutrición en Mar Verde y, en Kilo 8 (Camagüey), un examen realizado por personal penitenciario indicó que más del 90 % del Destacamento 1 presenta bajo peso.
La situación se ve agravada por prácticas sistemáticas de corrupción dentro del sistema penitenciario. Se denunciaron casos de sustracción de alimentos, tanto de los que llevan los familiares como de los destinados a los comedores de las prisiones, los cuales son desviados para alimentar cerdos pertenecientes a funcionarias y funcionarios penitenciarios. En el Combinado del Este y en la prisión de Quivicán, se reportó la participación de personal penitenciario en el ingreso de drogas a los penales. En este último centro, el jefe de reeducación y su esposa también estarían involucrados en la venta de beneficios penitenciarios y el cobro ilegal por llamadas telefónicas.
Preocupa especialmente el aumento de reportes sobre plagas y enfermedades contagiosas. Se denunciaron brotes de tuberculosis en la Prisión Provincial de Granma, el Combinado del Este y Cuba Sí (Holguín); varicela en La Pendiente y Mar Verde; hepatitis en el Combinado del Este y La Pendiente; chinches en Mar Verde y el Combinado del Este; y, en este último, también escabiosis y VIH. A esto se suma la falta de atención médica y de medicamentos, la ausencia de medidas de aislamiento para personas enfermas y la distribución de mascarillas exclusivamente a personal médico y de seguridad, no a la población penal.
Estas condiciones se ven agravadas por el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria, los apagones frecuentes y la escasez de agua, tanto para el aseo como para el consumo humano.
Los abusos físicos perpetrados por las autoridades continúan ocurriendo en un clima de total impunidad. Amaury Díaz García (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus) fue brutalmente golpeado con patadas y bastones por exigir su medicación. Panter Rodríguez Baró (Combinado del Este) fue agredido tras denunciar la falta de atención médica. Walfrido Rodríguez Piloto (Combinado del Este) fue esposado, golpeado y le sumergieron la cabeza en un cubo con agua. En la prisión de Quivicán, un oficial identificado como Alexis Figo Castellanos golpeó a una persona privada de libertad contra la pared, causándole una herida grave, por no haberse afeitado “correctamente”.
En el caso específico de las personas presas por motivos políticos, persiste el uso sistemático de otras personas reclusas por motivos comunes como instrumento para el hostigamiento. Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato) fue golpeado por orientación de las autoridades penitenciarias y posteriormente trasladado a un destacamento catalogado como violento. Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión de Quivicán) fue recluido en un módulo destinado a personas con graves condiciones de salud para aislarlo del resto de la población penitenciaria, en relación con sus frecuentes denuncias sobre la situación del penal.
Otras personas han sido castigadas por denunciar las condiciones carcelarias. Ienelis Delgado Cué (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) fue amenazada con la pérdida del derecho a llamadas telefónicas. A Leoncio Rodríguez Ponce (Prisión Provincial de Holguín) se le suspendieron las llamadas y fue amenazado con ser trasladado a un penal más lejano. Loreto Hernández García (Prisión de Guamajal, Villa Clara) y Amaury Díaz García (Prisión Nieves Morejón) recibieron amenazas de muerte.
Carlos Alberto Macdonald Ennis (Prisión Provincial de Las Tunas) fue intimidado por un oficial de la Seguridad del Estado tras acciones legales interpuestas por su familia en su defensa. Yadir Ayala Ibáñez (Prisión Kilo 7) fue amenazado debido a la reunión de su madre con el embajador estadounidense Mike Hammer. A Taimir García Mariño (campamento de trabajo forzado “El Anoncillo”, Camagüey) y Gilberto Duniesky Pedroso González (Prisión Alambrada, Villa Clara) se les advirtió que serían devueltos a prisión si continuaban su activismo político al salir en libertad.
Se reportaron múltiples negaciones de visitas familiares a personas presas por razones políticas, incluyendo a José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez, Mario Alberto Hernández Leyva (Prisión 1580, La Habana), Ienelis Delgado Cué (Camagüey), Idael Naranjo Pérez (Combinado del Este) y Saylí Navarro Álvarez (Matanzas). En varios casos, las visitas fueron suspendidas en más de una ocasión.
Las autoridades penitenciarias también emplean el dolor emocional como forma de tortura. A José Gabriel Barrenechea Chávez (Prisión La Pendiente) se le negó visitar a su madre en estado terminal y sólo se le permitió asistir al velorio durante una hora y media, esposado y de madrugada. A Eider Frómeta Allen se le negó el traslado a una prisión cercana a su provincia, donde su abuela se encuentra en estado crítico.
El uso arbitrario y prolongado del aislamiento continúa como una herramienta de represión. Durante el mes, se impuso esta sanción a Enrique Mustelier Sosa (Prisión Provincial de Guantánamo) y Dixán Gaínza Moré (Kilo 8) por gritar consignas políticas tras ser agredidos. También a Amaury Leyva Prieto (Combinado del Este) por denunciar abusos mediante una carta; a Mario Alberto Hernández Leyva (Prisión 1580) por reclamar el robo de sus alimentos; a Luis Giraldo Martínez Sierra y Alberto Padrón Labrada tras un incidente provocado por otras personas reclusas; y a Panter Rodríguez Baró y Walfrido Rodríguez Piloto tras haber sido golpeados. Lázaro Leonardo “Pupito Ensy” Rodríguez Betancourt (Combinado del Este) permanece en aislamiento desde hace más de tres meses, sin derecho a llamadas, y recientemente inició una huelga de hambre exigiendo su excarcelación tras haber cumplido su condena.
Las huelgas de hambre siguen siendo una de las pocas formas de protesta en este contexto de represión. En mayo, se declararon en huelga Juan Enrique Pérez Sánchez y Vladimir Castillo Llanes (Quivicán), para exigir atención médica para Roberto Pérez Fonseca; Dixán Gaínza Moré (Kilo 8), en protesta por su aislamiento; Miguel Alfonso Jiménez Marrero (La Pendiente), por la condena de 12 años tras presuntamente lanzar una piedra a una tienda; Jesús Osmani Adán Pérez (Kilo 8), porque se le niega el paso a régimen de mínima severidad por negarse a agredir a presos políticos; Lázaro Piloto Romero y Walfrido Rodríguez Piloto (Combinado del Este), por la golpiza sufrida por este último; Manuel de Jesús Rodríguez García (Pinar del Río), ante la fabricación de un nuevo delito para evitar su excarcelación; Yaniel Tejeda Medina (Nieves Morejón), exigiendo su libertad; y, por esta misma razón, Ienelis Delgado Cué, mientras se encontraba detenida en el Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado en Camagüey.
Durante el mes también se registraron dos muertes: un suicidio por ahorcamiento en el Combinado del Este, y la de Yoelvis Díaz Aparicio (Prisión Provincial de Cienfuegos), quien falleció tras inyectarse petróleo con excrementos como protesta y las autoridades le negaron el traslado a un hospital civil.
Los información expuesta en este informe representa un subregistro de los eventos y víctimas reales; una documentación completa resulta imposible debido a la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios.
