Ante el paso del huracán Melissa por el oriente del país a finales del mes, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) emitió una alerta expresando su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad recluidas en las decenas de cárceles ubicadas en esa región. Tras los considerables daños provocados por el fenómeno meteorológico, el régimen cubano no ha ofrecido hasta el momento información sobre el estado de las prisiones. Por ello, este informe comienza reiterando la necesidad de que se brinde información pública sobre la situación de las personas privadas de libertad en la región afectada.
Durante octubre, el CDPC documentó 87 eventos relacionados con personas privadas de libertad. De estos, 74 ocurrieron en centros de detención o prisiones y 67 implicaron algún tipo de violación de derechos humanos.
Las provincias con mayor número de hechos violatorios registrados fueron La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba. Entre las cárceles con más denuncias recibidas destacaron el Combinado del Este (La Habana), Mar Verde (Santiago de Cuba) y Kilo 7 (Camagüey).
Al menos 47 personas (5 mujeres y 42 hombres) fueron víctimas directas de algún tipo de violación a sus derechos, mientras que 17 denuncias describieron situaciones que afectaron a la totalidad de la población penal de determinados centros. Los presos políticos Virgilio Mantilla Arango (Prisión Kilo 7, Camagüey) y Yosvany Rosell García Caso (Prisión Cuba Sí, Holguín) fueron los más afectados, de acuerdo con la información que este Centro pudo recabar. Los grupos más hostigados continuaron siendo las personas privadas de libertad por razones políticas, las opositoras y las afrodescendientes. (En una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad).
Se identificaron, total o parcialmente, 13 funcionarios penitenciarios (1 mujer y 12 hombres) como autores directos de violaciones registradas durante el período.
Los incidentes más reiterados fueron aquellos que implicaron alguna forma de hostigamiento (50 casos), negación de atención médica (24), condiciones de vida inadecuadas (12), traslados arbitrarios (10), problemas de alimentación (9) y golpizas o torturas físicas (7). En total, se registraron incidentes bajo 24 categorías distintas de violaciones y actos represivos. (Un evento puede contener varios incidentes violarios).
La crítica situación sanitaria del país, marcada por la circulación de al menos tres arbovirosis potencialmente letales, también se manifiesta en los centros penitenciarios, caracterizados por su deterioro estructural y la deficiente atención médica. En el campamento de trabajo forzado A-500 (Guantánamo) y en la Prisión de Mujeres de Matanzas se reportaron brotes de dengue, chikungunya y Oropouche. El impacto de estas enfermedades se agrava por la falta de agua, de electricidad y de una adecuada alimentación.
En el mes se registraron los casos de 13 personas privadas de libertad cuya salud se encuentra comprometida y que no reciben la atención médica adecuada.
Durante el mes de octubre se registraron dos muertes. La de Serguey Marrero Faure (Prisión Provincial de Guantánamo) se debió a una atención médica negligente. En el puesto médico de la prisión se le diagnosticó un trombo en una pierna, pero no recibió tratamiento y poco después perdió la vida. Por su parte, el fallecimiento de Yoendris Tornés Núñez (Campamento de trabajo forzado La Lima, La Habana) revela un patrón de irresponsabilidad estatal abordado en informes anteriores: fue encontrado ahorcado en el baño de una empresa donde realizaba trabajos forzados, a solo dos meses de obtener la libertad. En ambos casos, las familias han solicitado investigaciones por las sospechosas circunstancias de las muertes.
Otro patrón persistente continuó siendo el uso sistemático de la violencia y la impunidad. Desde la prisión Kilo 9 (Camagüey) se denunció la aplicación de la tortura conocida como “el potro”, consistente en amarrar de manos y pies a los reclusos en posición horizontal durante largos períodos. Se registraron además golpizas contra los reclusos Ángel Romero (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba) para obligarlo a inculparse por la muerte de otro prisionero; Adrián Curuneaux Stevens (Prisión 1580, La Habana) por exigir medicamentos; Luis Enrique González Martínez (Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado, Villa Clara) para que se inculpara por la fuga de un recluso; Georlys Olazábal Drake (Combinado del Este, La Habana) por pedir que le permitieran una llamada telefónica extra para saber de su hijo enfermo; Eduardo Javier Bouza (Prisión de Guamajal, Villa Clara) por causa no especificada en la denuncia; e Idalberto Reyes Saroza (Prisión Provincial de Cienfuegos) por compartir sus ideas políticas con otros reclusos. Reyes fue golpeado mientras se encontraba esposado, hasta desmayarse. Posteriormente fue recluido en una celda de aislamiento.
En protesta por la golpiza, Reyes Saroza inició una huelga de hambre y se cosió la boca con un alambre de cobre. Durante el mes, también realizaron este tipo de huelga Luis Enrique González Martínez (Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado, Villa Clara); David Leyva Palomo y Yosvany Rosell García Caso (Prisión Cuba Sí, Holguín); Walfrido Rodríguez Piloto y Silvio Valdés Martínez (Combinado del Este, La Habana); y Yoendri Navarro Torres (Combinado del Sur, Matanzas).
El aislamiento como castigo también fue aplicado a Adrián Curuneaux Stevens (Prisión 1580, La Habana), Walfrido Rodríguez Piloto y Oscar Luis Ortiz Arrovsmeth (Combinado del Este, La Habana); Maykel Castillo Pérez (Prisión Kilo 8, Pinar del Río) y Virgilio Mantilla Arango (Prisión Kilo 7, Camagüey).
En la prisión La Pendiente (Villa Clara), el funcionario de Orden Interior Islander Laffita Turro agredió físicamente a los reclusos y los obligó a entregarle alimentos y artículos personales bajo amenazas. Su superiora, Yurianis Speck Rosillo, jefa del penal, fue denunciada por vender visitas y accesos a pabellones conyugales, mantener vínculos impropios con familiares de reclusos y recibir regalos y beneficios económicos a cambio de favores. Se supo que en el campamento de trabajo forzado La Lima (La Habana), los guardias participan en la venta de drogas.
También este mes, los reclusos que suelen denunciar las violaciones en las prisiones sufrieron represalias. Eider Frómeta Allen (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba) fue amenazado con “no salir nunca de la prisión” por denunciar la muerte de un recluso; Amaury Díaz García (Kilo 8, Camagüey) fue advertido por el jefe del penal de que “no se hacía responsable de lo que pudiera pasarle”; Loreto Hernández García (Prisión de Guamajal, Villa Clara) fue amenazado de muerte por el jefe de Orden Interior; Alfonso Espinosa Miranda (Kilo 9, Camagüey) fue amenazado con “desaparecer” por el jefe de Establecimientos Penitenciarios en la provincia, coronel Eider Sierra Ochoa; y Pedro Luis Fernández Peralta (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque) recibió una amenaza de golpiza por parte del segundo al mando del penal.
Por otra parte, durante el mes fue aplicada la restricción arbitraria del derecho a la comunicación. En el campamento de trabajo forzado “El Anoncillo” (Camagüey), las reclusas quedan sin comunicación telefónica cada vez que llueve, sin que las autoridades hayan resuelto el problema. Fue limitado también el contacto con el exterior de los reclusos que denuncian de manera frecuente la situación de los penales y las personas privadas de libertad. Así sucedió con Luis Enrique González Martínez (Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado, Villa Clara), Manuel de Jesús Rodríguez García (Combinado de la Construcción “Augusto César Sandino”, Pinar del Río), Yosvany Rosell García Caso (Prisión Cuba Sí, Holguín), José Daniel Ferrer García y Jorge Reinier Arias García (Prisión Mar Verde, Santiago de Cuba). Jorge Reinier, además fue sometido a las mismas torturas que aplicaban al líder opositor Ferrer García antes de su salida al exilio.
