Cada mes, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registra las condiciones de salud de personas privadas de libertad en Cuba. Esta documentación enfrenta obstáculos estructurales que afectan la precisión de los datos disponibles —pueden consultarse en el texto “Limitaciones y alcances en la documentación de condiciones de salud en centros penitenciarios«. No obstante, la falta de acceso a evaluaciones clínicas rigurosas no disminuye la gravedad de los hechos documentados; por el contrario, la agrava, especialmente cuando se combina con la negativa a proporcionar atención médica oportuna.
La evidencia de deterioro físico visible, pérdida significativa de peso, persistencia de síntomas sin tratamiento y agravamiento de enfermedades preexistentes sin seguimiento médico constituyen indicadores claros de riesgo vital que requieren intervención inmediata, independientemente de las limitaciones diagnósticas.
A continuación, relacionamos los casos de las personas cuya salud física o emocional se encuentra en riesgo, tanto por enfermedades preexistentes como por condiciones propias del entorno carcelario, a partir de los registros del Centro durante julio de 2025.
Toda la información a la que se hace referencia, así como sus fuentes, está disponible para consulta en la base de datos pública del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas: https://docubprisiones.org/eventos-prisiones/.
- Alexander Díaz Rodríguez (Prisión Provincial de Pinar del Río): Preso político miembro del Partido Unión por Cuba Libre y firmante del Proyecto Emilia, condenado a 6 años de privación de libertad por el supuesto delito de “desacato”, tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Desde el inicio de su reclusión, ha padecido un cáncer de garganta —presuntamente en fase avanzada—, complicaciones hepáticas por hepatitis B y un cuadro de desnutrición severa, condiciones que se han agravado de forma sostenida debido a la falta de atención médica, la escasez de medicamentos y la no provisión de la dieta especializada que le fue indicada desde el 2022.
A lo largo de su encarcelamiento, Alexander ha sido sometido a traslados punitivos entre prisiones y campamentos de trabajo forzado por negarse a retractarse de denuncias públicas.
El más reciente de los traslados, desde la prisión Kilo 5 ½ a la Prisión Provincial de Pinar del Río ocurrió a inicios del mes de julio. En todos los lugares de reclusión, se han repetido las prácticas de negarle medicinas, restringirle el acceso a alimentos enviados por su familia y prohibirle recibir artículos básicos de higiene. Tras su reciente traslado, el teniente coronel Luis, jefe del puesto médico, se negó a suministrarle el tratamiento prescrito y a autorizar la dieta médica que requiere.
El deterioro de la salud de Alexander ha sido constante y progresivo, con signos visibles de caquexia, pérdida de visión y limitaciones físicas. Pese a las reiteradas solicitudes de licencia extrapenal, apoyadas incluso por personal médico, las autoridades cubanas las han negado. El pasado mes de junio fue revocado al régimen de mayor severidad, tras la publicación en redes sociales de una fotografía que muestra su estado de desnutrición. - Carlos Alberto Macdonald Ennis (Prisión Provincial de Las Tunas): Preso político y activista del movimiento Cuba Primero, arrestado en marzo de 2024 y mantenido en prisión sin petición fiscal durante más de 16 meses. Padece múltiples enfermedades crónicas, entre ellas hipertensión arterial, diabetes, pancreatitis y una cardiopatía, además de una tumoración en la cavidad nasal cuyo origen sigue sin determinarse por la ausencia de estudios diagnósticos.
A inicios de julio de 2025, su estado de salud se agravó con fuertes y persistentes dolores de cabeza y dolor localizado en la zona nasal, acompañados de secreciones continuas. Pese a la gravedad de estos síntomas y a la necesidad urgente de determinar si la tumoración es benigna o maligna, no ha recibido atención médica ni tratamiento, y se le siguen negando los medicamentos prescritos para el control de sus padecimientos. - Cristian Jorge Labrada Fonseca (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus): Preso político condenado a 10 años de privación de libertad por “atentado contra el orden constitucional”, “desacato” y “delito cometido en cumplimiento del servicio de guardia” por publicaciones en redes sociales realizadas cuando cumplía el Servicio Militar Activo.
En julio de 2025, Cristian fue objeto de medidas represivas que han afectado gravemente su estado emocional y de salud mental. El 15 de julio fue recluido en una celda de aislamiento e incomunicado, luego de negarse a entregar a las autoridades penitenciarias los alimentos que su madre le llevó. Días antes, en la visita familiar más reciente, su madre lo encontró profundamente alterado, con signos visibles de ansiedad y al borde del colapso emocional; con la voz quebrada le preguntó: “¿Por qué me sancionan así, si yo no hice nada malo?”. Como represalia por denuncias previas, fue trasladado a un destacamento de mayor severidad. - Donaida Pérez Paseiro (Prisión Guamajal de Mujeres, Villa Clara): Presa política, presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, condenada a 8 años de privación de libertad en el contexto de las protestas de julio de 2021 y actualmente privada de libertad tras la revocación de su libertad condicional en junio de 2025. A lo largo de su reclusión ha denunciado tratos discriminatorios y represalias por negarse a participar en actividades de “reeducación” de carácter político, manteniendo una postura de “plantada”.
A inicios de julio de 2025, su estado de salud se deterioró: presentó hemoglobina baja y episodios de pérdida de conocimiento. Aunque el personal médico reconoció la gravedad de la situación, se negó a ingresarla o brindarle tratamiento especializado sin la autorización de la Seguridad del Estado, alegando su condición de “reclusa contrarrevolucionaria”. - Isaac Jiménez (Combinado del Este, La Habana): Persona privada de libertad por delito común que padece un tumor de mediastino de aproximadamente diez centímetros, el cual comprime órganos vitales como el corazón, los pulmones y la vena aorta. Desde inicios de año presenta expectoración con sangre y dolor intenso en el pecho, síntomas que requieren atención médica urgente.
A pesar de la gravedad de su condición, en la prisión no se le han practicado las pruebas diagnósticas necesarias, y en los hospitales donde su familia ha intentado gestionarle atención le han respondido que “no hay turnos disponibles”. En varias ocasiones, su madre ha sido objeto de maltrato verbal por parte del personal de salud al insistir en que se le atienda. - Jiordan Marrero Huerta (Prisión Cerámica Roja, Camagüey): Preso político y líder del Partido Democristiano en Camagüey, detenido el 24 de abril de 2025 por su labor de denuncia de las condiciones de reclusión en cárceles cubanas. Desde su arresto permanece en prisión preventiva, sin que se le haya celebrado juicio ni entregado petición fiscal, bajo estricta vigilancia incluso durante llamadas telefónicas y visitas familiares.
De acuerdo con fuentes cercanas a su familia, ha debutado con problemas de presión arterial en prisión, sin que se le brinde asistencia médica. En el mes de julio sufrió un descenso brusco de la presión sin acceso a medicamentos. - José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde, Santiago de Cuba): Preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). Su encarcelamiento actual se produjo luego de que fuese revocada la libertad condicional que le había sido otorgada en enero, meses después de que su condena —en relación con una causa penal de 2020— hubiese sido íntegramente cumplida en marzo de 2024. Reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
En julio de 2025, Ferrer fue víctima de múltiples golpizas y actos de tortura, en el contexto de una huelga de hambre que mantenía como protesta por el ensañamiento en su contra. Entre los abusos documentados figuran golpes reiterados en la cabeza y el cuerpo, torsiones forzadas de los dedos y extremidades, asfixia, alimentación forzada con comida en estado de descomposición y agresiones que le provocaron perforación timpánica. Pese a que presenta dolores intensos de cabeza, garganta, oídos, músculos y articulaciones, tos persistente, lesiones en la piel por picaduras de insectos, y síntomas de infección, no ha recibido atención médica ni tratamiento.
Permanece hacinado en la misma celda con los once reclusos comunes que lo agredieron, en medio de plagas de chinches, mosquitos y moscas. Las autoridades le niegan el acceso a agua potable, obligándolo a consumir agua contaminada, y permiten que otros presos le roben los alimentos y artículos de aseo que le entrega su familia. - José Oscar Sánchez Madan (Combinado del Sur, Matanzas): Preso político, militante del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) y periodista independiente, condenado en distintas ocasiones por su activismo opositor. Encarcelado desde febrero de 2024 por manifestarse pacíficamente con carteles contra el gobierno, ha sido objeto de amenazas, golpizas y presiones para que acepte el exilio como condición de su liberación.
A mediados de julio, Sánchez presentaba un deterioro físico severo, con una pérdida de 13 kilogramos de peso corporal, inflamación en los pies y riesgo de ceguera a causa de una conjuntivitis no tratada. Pese a la gravedad de su estado, las autoridades penitenciarias le niegan asistencia médica. Ese mismo mes, dos teniente coroneles de la Seguridad del Estado se presentaron en la prisión y le advirtieron que podían dejarlo morir si no aceptaba exiliarse, reafirmando así el patrón de extorsión y coacción para forzar su salida del país. - Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión de Quivicán, Mayabeque): Preso político del 11J condenado por su participación en las protestas de julio de 2021. Desde finales de junio de 2025 presenta fiebre persistente, pérdida acelerada de peso, desmayos recurrentes y un principio de parálisis facial. Durante la última visita familiar, ocurrida a inicios de julio, se desmayó en dos ocasiones sin recibir posteriormente asistencia médica.
A pesar de la gravedad del cuadro —que se suma a antecedentes de problemas respiratorios, trastornos de ansiedad y lesiones provocadas por golpizas previas—, las autoridades penitenciarias han omitido realizar diagnósticos o brindar el tratamiento necesario. Este patrón de negligencia médica deliberada se ha visto agravado por prácticas de hostigamiento sistemático, incluyendo traslados arbitrarios, aislamiento y restricciones a la comunicación con su familia, en represalia por sus denuncias públicas y acciones de protesta. - Leydiana Cazañas Amador (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas): Prisionera política recluida en la Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas. Desde inicios de julio de 2025 presenta dolores intensos provocados por una gastritis y una hernia umbilical previamente diagnosticadas. Aunque ha recibido tratamiento paliativo con omeprazol inyectable, no ha sido evaluada por un cirujano ni se le ha brindado atención especializada, mientras el dolor se intensifica progresivamente.
Su situación médica se desarrolla en un contexto de desatención reiterada y carencia de medicamentos, documentado desde su reclusión en 2023, así como de denuncias previas sobre malas condiciones de vida en prisión, incluyendo infestación de chinches y restricciones a la comunicación con su familia y su defensa. - Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán, Mayabeque): Preso político condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, tras ser acusado de “desacato” por romper un retrato de Fidel Castro. Reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Desde su encarcelamiento, ha padecido múltiples afecciones graves: úlceras estomacales, crisis asmáticas, problemas pulmonares y dolores de espalda y columna, agravados por el estrés carcelario, las deficientes condiciones de vida y la falta de atención médica oportuna. Pese a sus antecedentes, no ha recibido tratamiento médico adecuado. Además, ha sido privado de medicamentos esenciales, incluso cuando estos han sido provistos por su familia, y se le han robado insumos médicos como jeringuillas y alimentos necesarios para su dieta especial.
A lo largo de su reclusión, Roberto ha sido sometido a un patrón sostenido de hostigamiento y castigos disciplinarios, incluyendo reclusiones prolongadas en celdas de castigo completamente tapiadas, traslados punitivos a otros penales, golpizas y la incitación de presos comunes para agredirlo. Estas medidas han sido aplicadas como represalia por sus protestas pacíficas dentro de prisión —como huelgas de hambre, consignas políticas y denuncias sobre las condiciones del penal— y por negarse a usar el uniforme de preso común.
Desde mediados de julio de 2025, su salud se ha deteriorado gravemente: ha sufrido vómitos constantes por las úlceras, fiebre alta y una tos persistente producto de un virus o una alergia aún no diagnosticada. Este mismo mes, se vió obligado a rechazar ser llevado a consulta por las condiciones de hacinamiento y riesgo de contagio en el transporte colectivo en el que sería trasladado. - Sissi Abascal Zamora (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas): Presa política y miembro del movimiento Damas de Blanco, condenada a 6 años de privación de libertad por el supuesto delito de “desórdenes públicos” tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Desde su encarcelamiento ha sido objeto de un patrón sostenido de hostigamiento, represalias y privación de beneficios penitenciarios por negarse a participar en actividades políticas, a estudiar o trabajar, como forma de protesta por su detención arbitraria.
Las autoridades la han catalogado de forma reiterada como “presa negativa” para justificar la denegación de reducciones de condena, el paso a régimen de menor severidad o la libertad condicional, así como su exclusión de pases extraordinarios concedidos a otras reclusas. Ha sufrido requisas arbitrarias en las que le han confiscado pertenencias personales, incluidos diarios y fotografías familiares, además de la interceptación y control de sus llamadas telefónicas.
En materia de salud, Sissi enfrenta un deterioro progresivo derivado de la falta de atención médica oportuna. Durante el mes de julio presentó dolor dental agudo que no ha sido tratado por negársele la atención estomatológica, así como problemas ginecológicos que requieren una cirugía pendiente desde meses atrás. En ocasiones ha padecido infecciones respiratorias, catarros y fiebre alta sin acceso a medicamentos, y ha tenido que bañarse con agua helada a pesar de las bajas temperaturas. Las autoridades penitenciarias han alegado falta de transporte o saturación de turnos para no trasladarla a consultas especializadas. - Walfrido Rodríguez Piloto (Combinado del Este, La Habana): Padece gastritis aguda, dermatitis severa en todo el cuerpo —que le causa lesiones dolorosas y visibles— y problemas graves de tensión arterial. A pesar de su condición crítica, no ha recibido ningún tipo de atención médica ni tratamiento adecuado. Desde el mes de junio, permanece recluido en una celda, sin acceso a cuidados básicos ni supervisión médica. Por este motivo se declaró en huelga de hambre.
- Yasmany González Valdés (Combinado del Este, La Habana): Activista conocido como “El Libre”, fue detenido el 20 de abril de 2023 tras un operativo policial en su vivienda y posteriormente condenado por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, acusado de colocar carteles antigubernamentales. Desde su ingreso en prisión ha sido objeto de reiteradas represalias, incluyendo golpizas, confinamiento prolongado en celdas de castigo, traslados punitivos entre destacamentos y la privación de visitas familiares y llamadas telefónicas. En varias ocasiones ha denunciado públicamente las condiciones de insalubridad, el hacinamiento y la falta de acceso a agua potable en la prisión. Ha sido golpeado por reclusos comunes instigados por oficiales y vigilado de forma constante por presos colaboradores de la Seguridad del Estado.
Su salud ha experimentado un marcado deterioro durante el encarcelamiento. Ha perdido alrededor de 20 kilogramos de peso, así como sus piezas dentales, sin recibir atención estomatológica. Padece diarreas recurrentes debido a la contaminación del agua, infecciones orales no tratadas, problemas respiratorios y una evidente fragilidad física, que ha sido descrita por su familia como un envejecimiento prematuro. A inicios de julio de 2025, continuaba en muy malas condiciones de salud y sin recibir atención médica, sumándose a un largo historial de negligencia deliberada. - Yilian Lucía Oramas García (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque): Prisionera política que vive con VIH, arrestada en relación con una protesta pacífica en agosto de 2021. Durante su reclusión ha enfrentado un grave deterioro de salud debido a la descompensación simultánea de múltiples condiciones crónicas.
A inicios de julio de 2025, su cuadro clínico era crítico: presión arterial descompensada, diabetes fuera de control y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca, sin que recibiera atención médica oportuna. La situación se agravó cuando, como represalia por denunciar públicamente su estado de salud y las condiciones del penal durante un pase, las autoridades le suspendieron las llamadas telefónicas y las salidas al patio, condicionando su restablecimiento a la intervención de la Seguridad del Estado.
Su historial penitenciario incluye medidas punitivas recurrentes como la revocación de beneficios, la restricción de comunicación con su esposo —también preso político— y el confinamiento prolongado, incluso en periodos de huelga de hambre. Estas represalias han desencadenado crisis agudas de salud, como la descompensación de su azúcar y el agravamiento de infecciones asociadas a su condición inmunodeprimida.
Observaciones generales
El monitoreo de casos de personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud correspondiente a julio de 2025 confirma la persistencia de un patrón sistemático de negligencia médica deliberada que constituye tortura institucionalizada contra personas privadas de libertad en Cuba. La salud se utiliza como herramienta de castigo, control político y quebrantamiento psicológico, en abierta violación de los principios de neutralidad médica y de las obligaciones internacionales del Estado cubano.
Los casos documentados muestran cómo este patrón se manifiesta mediante la omisión intencional de diagnósticos para enfermedades potencialmente mortales, la negación de tratamientos especializados, la exigencia de autorizaciones políticas para acceder incluso a atención básica y el abandono de personas en estado crítico.
Durante el período analizado, la omisión de estudios oncológicos ante tumoraciones evidentes y la negación sistemática de medicamentos para enfermedades crónicas evidencian la disposición de las autoridades a permitir la evolución mortal de patologías tratables. El hacinamiento extremo, el agua contaminada, la ausencia de ventilación y la proliferación de vectores agravan estas condiciones, mientras la desnutrición severa y las enfermedades derivadas de la reclusión convierten la muerte por causas prevenibles en un desenlace previsible.
El escenario descrito evidencia la ausencia de las garantías de protección médica en el ámbito penitenciario. La combinación de enfermedades graves sin tratamiento, deterioro nutricional y condiciones insalubres establece un riesgo cierto e inminente de muertes bajo custodia estatal.
La magnitud y sistematicidad de este patrón exige intervención internacional urgente. Es imperativo que la comunidad internacional ejerza presión diplomática y establezca mecanismos de supervisión humanitaria para frenar la instrumentalización política de la salud y garantizar atención médica conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y dignidad humana.
Para un completo entendimiento del panorama penitenciario cubano, consulte el informe “Actualización sobre condiciones en prisiones cubanas (julio de 2025)”, así como el resto de los recursos disponibles en esta web.
