Desde 1959, en Cuba ha prevalecido una sistemática falta de información oficial sobre la situación de las personas privadas de libertad. La escasa documentación disponible proviene, en su mayoría, de testimonios de personas recluidas y de sus familiares.
Las autoridades cubanas impiden el acceso de observadores internacionales y rechazan cualquier tipo de fiscalización por parte de organismos de derechos humanos, mientras difunden, a través de medios estatales, una imagen positiva del sistema penitenciario que dista de la realidad.
Ante este escenario, el Centro desarrolla entrevistas en profundidad con personas que han estado privadas de libertad, como una de sus principales líneas de trabajo. Estos testimonios permiten documentar experiencias, llenar vacíos de información sobre el régimen carcelario cubano, desmontar el discurso oficial y contribuir a la construcción de verdad, justicia y memoria.
