Actualización sobre condiciones en prisiones (abril de 2024)
“Es un campo de concentración”. Así calificó Nilo Abrahantes Santiago a la prisión 1580 en una llamada telefónica desde ese penal habanero. Los reportes recibidos por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas muestran que las malas condiciones denunciadas por este preso político, manifestante de las protestas de julio de 2021, son comunes en la mayoría de los recintos carcelarios del país.
Mala alimentación, enfermedades, falta de atención médica, violaciones de los derechos de los reclusos, torturas, filtraciones y plagas de chinches son tópicos que se repiten en los 166 eventos compilados por esta organización durante el mes de abril de 2024, provenientes de 54 centros de reclusión de todas las provincias del país.
De estos 166 eventos, 145 incluyen alguna forma de hostigamiento y represión hacia los reclusos, 62 son denuncias relacionadas con estado de salud, 30 tienen que ver con procesos penales o administrativos, 28 con problemas con la alimentación, 12 con plagas y brotes epidemiológicos y 11 con el uso de las celdas de castigo como método de represión1.
Las provincias con más reportes durante el mes fueron La Habana (40), Camagüey (24) y Santiago de Cuba (20). Asimismo, las prisiones con mayor cantidad de denuncias fueron el Combinado del Este de La Habana (21), Guamajal de Villa Clara (9) y la 1580 de La Habana (8). Fueron víctimas de algún incidente de hostigamiento al menos 123 reclusos (11 mujeres y 112 hombres) y 23 eventos se refirieron a problemas que afectan a la totalidad de la población penitenciaria de una cárcel en específico.
Entre los reclusos más reprimidos estuvieron los presos políticos Maikel Armentero Oramas y Javier Delgado Torna (Prisión Guamajal, Villa Clara), Virgilio Mantilla Arango (Prisión Kilo 7, Camagüey), Alexander Díaz Rodríguez (Campamento de trabajo forzado “La Conchita”, Pinar del Río), Jorge Luis Rodríguez Valdés (Prisión Provincial de Pinar del Río), Daniel Alfaro Díaz (Técnico de Guanajay, Artemisa) y Lizandra Góngora Espinosa (Los Colonos, Isla de la Juventud). Los presos políticos, los afrodescendientes, los opositores y los pacientes de enfermedades crónicas estuvieron entre las poblaciones que con más frecuencia resultaron víctimas de represión2.
La mayoría de los incidentes represivos fueron cometidos por autoridades penitenciarias, seguidos por oficiales de la Seguridad del Estado que actúan en las prisiones, y funcionarios del sistema judicial. Fueron identificadas total o parcialmente 3 mujeres y 26 hombres que protagonizaron estas violaciones. De ellos, 24 son funcionarios de prisiones, 3 oficiales del Departamento Técnico Investigativo (DTI) y 2 de la Seguridad del Estado.
La situación de la salud en las prisiones cubanas va más allá de lo alarmante. El abandono estatal respecto al suministro de medicamentos, las condiciones infrahumanas de los centros penitenciarios, la indolencia de muchos médicos y la negación intencional de atención sanitaria por parte de las autoridades penitenciarias clasifican como tortura. Los casos particulares de reclusos con afectaciones pueden consultarse con más detalle en el informe mensual “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud”.
Durante el mes se conoció la muerte por falta de atención médica de dos reclusos: Elio Casas Zamora, de 27 años, en la Prisión Provincial de Granma, y la de un prisionero mayor de edad, cuya identidad no se ha podido conocer, en la prisión 1580*. Un tercer recluso, de 31 años, cuyo nombre completo también se desconoce, se suicidó en la prisión Nieves Morejón (Sancti Spíritus), y en la cárcel Cerámica Roja (Camagüey), Fray Pascual Claro Valladares intentó ahorcarse cuando supo que fue condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las protestas de Nuevitas, en agosto de 2022.
Se reportaron brotes de tuberculosis en la Prisión de Boniato (Santiago de Cuba), dengue en la Prisión Provincial de Granma y plagas de chinches y roedores en la Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas, la cárcel 1580, la Prisión Provincial de Holguín*, el Combinado del Este y la prisión de Melena del Sur (Mayabeque). En estos tres últimos penales se denunció que los techos tienen filtraciones y en la Prisión Provincial de Granma* existe un gran hacinamiento debido al aumento de la población penal. En Melena del Sur, el agua de beber está contaminada por los desechos de la fosa séptica de la prisión.
La situación de la alimentación también clasifica como una forma de tortura. Los reportes de este mes sobre alimentos escasos, en mal estado y sin balance nutricional provinieron de 15 cárceles de 10 provincias del país.
A continuación, algunos ejemplos que ilustran la gravedad de la situación. Los presos políticos Adrián Cao Tejera (Prisión Canaleta, Matanzas) y Levys González Piedra (Campamento de trabajo forzado “Sakenaf”, Granma) usaron la misma frase para describir lo que están viviendo: “Nos están matando de hambre”. Según Jorge Luis Rodríguez, en la Prisión Provincial de Pinar del Río más de las ¾ partes de la población penal tiene problemas de desnutrición y en la cárcel Potosí (Las Tunas), 201 reos, de los 380 recluidos en ese penal, están clasificados como “bajo peso” y con diferentes grados de desnutrición, según informó el preso político Jorge Luis Gamboa Román. Daniel Moreno de la Peña* (Prisión de Boniato) se encuentra pesando solamente alrededor de 40 kilogramos y el adulto mayor Félix Oscar Torres Hernández (Combinado del Este) ha perdido 20 kilogramos de peso. A Jorge Luis Gamboa Román (Prisión Potosí), recluso que requiere dieta alimenticia diferenciada, le están dando de comida dos plátanos en la mañana, dos al mediodía y dos en la tarde.
A los escasos y deficientes recursos que dedica el Estado para la alimentación de los presos, se suma el robo de la comida por parte de las autoridades penitenciarias para su propio consumo y el alimento de cerdos, como fue denunciado en la cárcel Potosí y la Prisión Provincial de Holguín*.
Entre las formas de torturas físicas más recurrentes se encuentran las golpizas propinadas por varios guardias a reclusos esposados, como ocurrió con Ibrahim Domínguez Aguilar (Prisión de Boniato), Javier Ramírez Isaac* y Ohauris Rondón Rivero (Prisión Valle Grande, La Habana). A estos dos últimos, además, los rociaron en los ojos con gas pimienta de forma indiscriminada, una práctica que también fue denunciada en la prisión 1580.
A esto se suman las frecuentes torturas psicológicas. A Daniel Moreno de la Peña* (Prisión de Boniato) le dificultan las visitas de su esposa y luego le dicen que esta lo ha abandonado. Félix Navarro Rodríguez (Prisión Agüica) fue víctima de un registro humillante, desnudo, antes de salir a la visita con sus familiares. En la Prisión de Guanajay (Artemisa), funcionarios de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios obligaron a que los reclusos de dos destacamentos fueran pelados al cero, por la fuerza, incumpliendo lo establecido en el propio reglamento.
Por denunciar las violaciones en las prisiones han sido amenazados con distintos castigos Yunieski Jackson Mensu (Prisión “La Empresita”, Camagüey), Jorge Luis Rodríguez Valdés (Prisión Provincial de Pinar del Río) y Ramón Enrique Montero Meriño (Prisión Kilo 8, Camagüey). En este último penal, Reinier Calderín Socarrás fue amenazado de muerte por el segundo jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios en la provincia. Por sus denuncias contra el jefe de la prisión Kilo 7, a Virgilio Mantilla Arango le han iniciado un nuevo proceso penal por desacato.
También, las autoridades emplean a reclusos comunes para reprimir a los prisioneros políticos. Este mes resultaron víctimas de esa práctica Lizandra Góngora Espinosa (Los Colonos), Fernando Michel Bárzaga Mompié (Prisión Provincial de Granma), Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión Melena del Sur) y Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río).
Los traslados de prisiones y entre destacamentos siguen empleándose como forma de castigo y este mes fue aplicado a Ángel Castro Carrera (Combinado del Este), Mailene Noguera Santiesteban (Prisión “Ceiba 4”), Yonay Moreau Leal (Prisión Agüica, Matanzas), César Antonio Granados Pérez (Campamento de trabajo forzado “La Cuba”, Ciego de Ávila), Yeidel Carrero Pablo (Campamento de trabajo forzado “Valle del Yabú), Villa Clara), Liván Hernández Sosa (Prisión Guamajal) y Geovanys Cepúlveda Martínez (Prisión La Empresita), a este último como represalia por denunciar las condiciones inhumanas en que se encontraban los reclusos en el campamento de trabajo forzado “Santa Teresa” (Camagüey), dedicado a la producción de carbón marabú. También por denunciar las malas condiciones en las prisiones, Armando Guerra Pérez* (Prisión Guamajal) fue amenazado con ser trasladado a una cárcel en la región oriental.
Esta cuestión de las pésimas condiciones y el uso de los reclusos como mano de obra esclava, mal alimentados, sin medicinas, sin implementos de trabajo, con salarios miserables y a veces inexistentes, expuestos a jornadas agotadoras y forzados a cumplir exigentes normas diarias de producción, so pena de ser revocados a regímenes penitenciarios cerrados, se repitió en varios reportes. Por este motivo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos la violación de los derechos laborales de las personas privadas de libertad en Cuba, quienes son sometidos a trabajo forzoso en la producción de carbón con fines mercantiles de empresas pertenecientes a militares.
Durante el mes estuvieron en celda de castigo, de manera arbitraria, los presos políticos Yanet Pérez Quevedo (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey), Jorge Luis Rodríguez Valdés (Prisión Provincial de Pinar del Río), Virgilio Mantilla Arango (Kilo 7, Camagüey), Pedro Albert Sánchez (Prisión 1580), Roberto Ángel Piloto Rodríguez (Prisión “Veguita 1”, Granma), Ohauris Rondón Rivero (Prisión Valle Grande), Jorge Luis Gamboa Román (Prisión Potosí, Las Tunas) y Alfredo González Reyes (Combinado del Este), este último por solicitar atención médica durante una crisis de hemorroides con sangramiento.
Durante el mes se registraron ocho negaciones o irregularidades con las visitas como forma de represión. Entre los casos más alarmantes se encuentran Lizandra Góngora Espinosa (Los Colonos) encarcelada en la Isla de la Juventud, a más de 150 kilómetros de su casa, en Artemisa, y adonde sólo se puede llegar a través de embarcaciones marinas de difícil acceso, lo que dificulta las visitas de su esposo e hijos pequeños. También está el caso de Alexander Díaz-Rodríguez (Campamento de trabajo forzado “La Conchita”), enfermo de cáncer y en estado de desnutrición, a quien los guardias han impedido que se le entreguen alimentos llevados por amigos por ser “productos contrarrevolucionarios fabricados por el imperialismo”.
Entre otras irregularidades, al matrimonio de presos políticos Yilian Lucía Oramas García (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque) y Geobel Manzo López (Prisión Provincial de Villa Clara) les impiden comunicarse por teléfono y a José Oscar Sánchez Madan (Combinado del Sur, Matanzas) le niegan la asistencia religiosa. También se registraron dos denuncias de presencia de la droga conocida como “químico” en las cárceles de Melena del Sur y la 1580, en ambos casos con la participación directa o complicidad de las autoridades penitenciarias. Durante el mes realizaron huelga de hambre, como forma de protesta ante las violaciones de las que son víctimas, los reclusos Roiler Rodríguez Ruiz* (Prisión Provincial de Holguín), Daniel Alfaro Díaz (Técnico de Guanajay), Lizandra Góngora Espinosa (Los Colonos), Jharoll Lázaro Guardiola Cartaya* (Combinado del Este), Roberto Ángel Piloto Rodríguez (Prisión “Veguita 1”, Granma), Robert Luis Ortiz de la Cruz (en una prisión de Holguín todavía por verificar) y Eddy Daniel Rodríguez Milián (Prisión “La Pendiente”, Villa Clara).
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