Actualización sobre condiciones en prisiones (febrero de 2024)

La atención médica deficiente y la falta de medicamentos continúan siendo los principales problemas que enfrentan los reclusos en Cuba. De los 112 eventos monitoreados durante el mes de febrero por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, 44 incluyeron denuncias sobre estado de salud y falta de atención médica.

Dentro de las 44 denuncias*, se incluyen casos individuales de reclusos con problemas gástricos y estomacales (7), respiratorios (5), de diabetes (4), renales (3), ortopédicos (3), epilépticos (3), psiquiátricos (3), cardíacos (2), hipertensión (2), estomatológicos (1), uterinos (1), prostáticos (1) y de la piel (1); así como brotes diarreicos generalizados en Kilo 9 (Camagüey), de tuberculosis en la prisión de Quivicán (Mayabeque) y Valle Grande (La Habana), y de hepatitis y escabiosis en este último penal. 

En todos los casos, fue una constante la falta de medicinas y de atención sanitaria adecuada debido al estado de abandono en que el régimen cubano tiene las prisiones y también, en muchas ocasiones, como parte del hostigamiento de las autoridades penitenciarias contra los reclusos. 

Estos problemas con la atención médica fueron la causa directa de las tres muertes de prisioneros conocidas durante febrero de 2024: Fernando Chapier y Ángel Yasmín Ortega (Prisión Guamajal, Villa Clara); y Pável de la Torre Cívico (Campamento de trabajo forzado El Pitirre, La Habana). 

En nuestro reporte, “Personas privadas de libertad con situaciones de salud delicadas”, se detalla de manera individualizada cada uno de estos casos.

Durante el mes de febrero, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró un total de 112 hechos ocurridos en 30 establecimientos carcelarios de 11 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Los territorios con mayor número de denuncias fueron La Habana (36), Villa Clara (16) y Camagüey (12). Las prisiones con más hechos contabilizados fueron el Combinado del Este, en La Habana (14); Guamajal, en Villa Clara (10); y la cárcel de Quivicán, en Mayabeque (8).

Del total de hechos compilados, además de las denuncias sobre estados de salud, 79 implican alguna forma de hostigamiento y represión, 17 se refieren a problemas con la alimentación, 13 al uso arbitrario de celdas de castigo y 10 a golpizas**. En general, se registraron 34 formas diferentes de hostigamiento contra los reclusos. 

Al menos 83 prisioneros (9 mujeres y 74 hombres) fueron víctimas de algún tipo de violación a sus derechos, mientras que 10 denuncias se refirieron a problemas que afectan a la población carcelaria en su conjunto. Los reclusos sobre los que se recogió mayor número de denuncias fueron los presos políticos del 11J Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán), Nilo Abrahantes Santiago (Prisión Jóvenes de Cotorro, La Habana), Lisdani Rodríguez Isaac (Prisión Guamajal de Mujeres, Villa Clara), así como el recluso contestatario Miguel Ángel Álvarez Sánchez (Prisión Provincial de Cienfuegos). Las categorías de vulnerabilidad más recurrentes entre las víctimas fueron las de ser preso político, afrodescendiente o padecer enfermedades crónicas.

Las principales violaciones fueron cometidas por las autoridades penitenciarias (78), el sistema judicial (17) y los oficiales de la Seguridad del Estado (7) que actúan en las prisiones reprimiendo a los presos políticos***. Durante el mes de febrero se identificaron, total o parcialmente, a 24 funcionarios involucrados en la comisión de hechos represivos. De ellos, 22 son trabajadores de prisiones, 1 fiscal militar y 1 oficial de la Seguridad del Estado. En un porcentaje importante de las denuncias no se precisa quiénes son los victimarios implicados.

Muy ligada a los problemas de salud recogidos, se encuentra la cuestión de la pésima alimentación en las prisiones. Entre las 17 denuncias recopiladas sobre este tema, 10 se refieren a problemas generales con la comida en las prisiones Kilo 8 y Kilo 9 (Camagüey), El Caguayo y Mar Verde (Santiago de Cuba), Guamajal y Campamento de trabajo forzado La Demajagua (Granma), Combinado del Este, Valle Grande, Prisión Provincial de Guantánamo y Prisión de Quivicán; 3 a incumplimientos en la entrega de dietas médicas; 2 a enfermedades gastrointestinales provocadas por comida en descomposición; 1 a la mala alimentación que reciben las mujeres embarazadas; y 1 al robo de comida por parte de las autoridades. Además, en la Prisión Provincial de Guantánamo, se reportaron alrededor de 600 reclusos en estado de desnutrición. También se conoció de desmayos por hambre sufridos por varios prisioneros en Valle Grande.

La deficiente alimentación, que repercute sobre las defensas del organismo, se combina con la escasez y mala calidad del agua, las plagas de insectos y las malas condiciones de la infraestructura de las cárceles. Esto crea un ambiente propicio para la proliferación de enfermedades que muchas veces terminan siendo letales o dejando secuelas irreversibles.

A lo anterior se debe sumar que el ambiente represivo y violatorio que prima en las prisiones cubanas también incide sobre el estado anímico de los reclusos, vulnerando aún más su sistema inmunológico. En el mes de febrero, Mayelín Rodríguez Prado (Prisión Provincial de Mujeres, Camagüey) intentó suicidarse cortándose las venas. 

Jorge Yenier Ortiz Aguilera (Prisión Provincial de Granma) fue golpeado nuevamente por presos comunes, bajo el mando de las autoridades, por reclamar sus medicamentos para la epilepsia. A Miguel Ángel Álvarez Sánchez (Prisión Provincial de Cienfuegos), los guardias le fracturaron la cabeza y el brazo por negarse a ponerse de pie durante el conteo, pese a que estaba en huelga de hambre. También durante una huelga de hambre fue torturado el anciano Ángel Marrero Blanco (Prisión Guamajal) por negarse a cargar el colchón, por lo que los guardias se lo amarraron al cuello con una sábana y lo obligaron a arrastrarlo. Por exigir el cese de esta arbitrariedad, Jorge Félix Marrero fue esposado, torturado con “la carretilla” y arrastrado, lo cual le provocó varias heridas; mientras a José Rodríguez Herrada lo tuvieron esposado por dos horas. A Lisdani Rodríguez Isaac (Prisión Guamajal de Mujeres), a pesar de estar embarazada, le negaron la alimentación. 

Miguel Ángel Álvarez fue llevado a celda de castigo tras la golpiza, donde aún lo mantienen desnudo. También en aislamiento y en condiciones de tortura se encuentran Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán), a quien permiten comer y tomar agua una sola vez en el día; y Misael Morales Patterson (Prisión Provincial de Guantánamo), recluido en un local sin electricidad ni agua. Asimismo, fueron enviados arbitrariamente a régimen de aislamiento Danisbel Labrada Morales (en huelga de hambre, Prisión Provincial de Cienfuegos), Aníbal Yasiel Palau Jacinto (por pedir asistencia para un recluso en estado de gravedad, Prisión  Melena del Sur, Mayabeque) y Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión  Melena del Sur). Entre los casos críticos contra quienes han empleado el recurso del aislamiento, se encuentran Lisdani Rodríguez Isaac por negarse a abortar y José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde), a quien mantienen en esta situación desde hace más de un año en violación a todo lo establecido en las Reglas Mandela y el propio reglamento penitenciario cubano. 

A esto se suman otras formas de tratos crueles como los cometidos contra Yasser Rivero Bonni (Combinado del Este) y José Luis Sánchez Fernández (Kilo 8), a quienes no permitieron asistir a los funerales de sus respectivos padres; al igual que las constantes amenazas y ofensas contra Nilo Abrahantes Santiago por parte de un primer teniente de nombre Iván.

También han sido amenazados con la fabricación de nuevas causas dentro de la prisión Carlos Michael Morales Rodríguez (Prisión Provincial de Villa Clara) —quien está próximo a cumplir su sanción— y Manuel Montero Calderón, por denunciar las malas condiciones y abusos cometidos contra los reclusos en el campamento de trabajo forzado La Demajagua, Granma. En la cárcel de Melena del Sur, pretenden inculpar de posesión de drogas a Juan Enrique Pérez Sánchez en represalia por su activismo. Además, un guardia incitó a Aníbal Yasiel Palau Jacinto a pelear, con la finalidad de llevarlo a cometer una indisciplina. 

Durante el mes se registraron huelgas de hambre realizadas por 17 reclusos: Ángel Marrero Blanco (Prisión Guamajal); Miguel Ángel Álvarez Sánchez, Danisbel Labrada Morales, Damián Enrique Montalvo, Idalberto Reyes Saroza, Carlos Atencio Hernández, Islandy Torres Machado, Oscar Pedraza Vargas y Alfredo Luis Limonte Rodríguez (Prisión Provincial de Cienfuegos); Yuniel Divo Montalvo (Combinado del Sur, Matanzas); Despaigne Piña (El Típico de Manzanillo, Granma); Nilo Abrahantes Santiago y Walfrido Rodríguez Piloto (Prisión Jóvenes de Cotorro); Juan Carlos Torres Campillo (Combinado del Este); y Jorge Yenier Ortiz Aguilera, Yoandrys Gutiérrez Vargas y Julio Ortiz Vargas (Prisión Provincial de Granma). En la mayoría de los casos, las huelgas responden a motivos políticos, así como a reclamos por violaciones en los procesos judiciales y otras cometidas dentro de las prisiones. 

Este último es el caso de la huelga de hambre realizada por Abrahantes y Rodríguez, como protesta por haberles sido suspendidas las llamadas telefónicas en represalia por las denuncias que realizaban desde la cárcel. Debido a esa misma causa, a Ediyersi Santana (Kilo 9) y Reinier Calderín Socarrás (Kilo 8) también les han sido violados sus derechos a comunicarse telefónicamente. A Dayron Martín Rodríguez (Combinado del Este), desde hace un año, no le permiten llamar a su hermana y madre, residentes en el exterior. A José Daniel Ferrer García no lo dejan usar el teléfono desde hace más de un año y a Adrián Curuneax (Valle Grande) le colocaron un guardia para que lo vigile mientras llama. 

Asimismo, se reportaron arbitrariedades por parte de las autoridades durante las visitas a los prisioneros Daynel Cambell Curré (Kilo 9) y Emmanuel Robles Pérez (Prisión de Quivicán). A Daniel Moreno de la Peña (Prisión Boniato, Santiago de Cuba), Juan Enrique Pérez Sánchez (Prisión de Melena del Sur) y José Daniel Ferrer García les fue negado este derecho por razones políticas. 

Tras su repatriación desde Bahamas y un período de internamiento en el cuartel de la Seguridad del Estado conocido como Villa Marista (La Habana), el manifestante del 11J y preso político Marco Antonio Alfonso Breto fue trasladado hacia el Combinado del Este. También el opositor José Oscar Sánchez Madan fue regresado a la prisión Combinado del Sur tras varias protestas pacíficas con carteles en las calles de Matanzas para exigir a la Seguridad del Estado que parara de sabotear los trabajos particulares que conseguía. 

Jorge Martín Perdomo fue traslado de noche al campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh (Mayabeque) y Luis Robles Elizástigui al campamento El Pitirre (anexo a la prisión 1580, La Habana), para que realizara trabajo correccional a pesar de sus crisis de hemorroides. Como otra forma de represión, Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán) fue ubicado en un destacamento con enfermos de tuberculosis

En febrero se realizaron los juicios a los prisioneros políticos Yasmany González Valdés (Combinado del Este) y Frederict Otero Angueira (Valle Grande), ambos acusados individualmente del falso delito de propaganda contra el orden constitucional, por realizar pintadas antigubernamentales el primero y por manifestarse pacíficamente con consignas el segundo. La Fiscalía les solicitó a ambos 6 años de privación de libertad. 

En cuanto a procesos penales, la madre de Sulmira Martínez Pérez denunció que esta lleva más de un año en prisión sin que le hayan formulado siquiera petición fiscal, así como la necesidad de despedir al abogado contratado para su caso debido a su falta de atención al caso. Recientemente, la organización legal independiente Cubalex denunció la recurrencia de esta mala praxis con varios presos políticos. 

Durante el mes, también le fue negada la libertad condicional a los prisioneros políticos Amanda Dalai Matamoro Cabrera**** y Lisdiany Rodríguez Isaac (Prisión Guamajal de Mujeres); Reyna Yacnara Barreto Batista (Campamento El Anoncillo, Camagüey); y Luis Manuel Otero Alcántara (Prisión de Guanajay, Artemisa). Tampoco le ha sido concedido el paso a régimen de mínima severidad a Ernesto Borges Pérez (Combinado del Este); mientras le fue denegado a José Luis Castillo de la Torre y José Luis Castillo Bolaños.

Por último, Luis Robles Elizástigui recibió pase por primera vez desde su encarcelamiento en 2020. Por otra parte, se les permitió visitar sus viviendas a los prisioneros políticos Mailene Noguera Santiesteban (Prisión Mujeres de Occidente, La Habana), Aymara Nieto Muñoz (Campamento de trabajo forzado Villa Delicias, La Habana) y Frank Michel Monterrey Peláez (Campamento de trabajo forzado La Lima, La Habana). 

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