Actualización sobre condiciones en prisiones cubanas (febrero de 2025)
Desde 2023, cuando el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) comenzó a registrar las muertes de personas privadas de libertad, no se había documentado un mes tan letal como este febrero de 2025. Se documentaron nueve muertes en cuatro prisiones del país, lo que supera las ocho registradas en diciembre de 2023.
Más de la mitad de los fallecimientos conocidos ocurrieron en la cárcel de Boniato (Santiago de Cuba), desde donde se ha denunciado la situación de hambruna y exposición a enfermedades contagiosas a la que se encuentran sometidos los reclusos, desde varios meses atrás. Las muertes de los prisioneros Osbety Girón Matos, Hugo Sarmiento Socarrás, Giovanis Reyes Ortega, Irai Nieto y Oscar Leyva Caballero se debieron a la mala alimentación, la falta de atención médica, la proliferación de enfermedades como la tuberculosis y la agobiante situación en términos generales en que viven las personas reclusas cubanas.
Las otras muertes reportadas durante el mes fueron las del recluso apodado “El Niño” (Campamento de trabajo forzado “Tarea Confianza”, Santiago de Cuba), Yoleisy Oviedo Rodríguez (Campamento de trabajo forzado anexo a la Prisión de Mujeres de Occidente, La Habana), Danny La O Alarcón y Johny Castañeda Fonseca (Prisión Provincial de Granma).
De acuerdo con la información disponible hasta la fecha, Giovanis Reyes y Danny La O se suicidaron a consecuencia de las situaciones prolongadas de desnutrición y falta de atención médica, respectivamente, que estaban viviendo. Este tipo de decisiones mortales se repiten con frecuencia en las cárceles, como salida asumida por personas reclusas que ya no pueden soportar las condiciones infrahumanas en que subsisten.
Durante el mes, el CDPC monitoreó un total de 100 eventos relacionados con personas privadas de libertad. De estos, 87 ocurrieron en 36 cárceles y centros de detención de 14 provincias del país. Los restantes eventos, ocurridos fuera de prisión, estuvieron relacionados principalmente con las excarcelaciones retomadas por el Estado cubano a finales de febrero.
De los 87 eventos ocurridos en prisiones, 80 implicaron algún tipo de violación a los derechos de los reclusos. Las provincias con mayor número de violaciones registradas fueron La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba y las prisiones más repetidas en denuncias son la de Boniato, el Combinado del Este (La Habana), la Nieves Morejón (Sancti Spíritus) y la Prisión Provincial de Granma.
Al menos 56 personas reclusas (6 mujeres y 50 hombres) fueron víctima de algún tipo de violación y 18 denuncias hicieron referencia a situaciones que afectan a la totalidad de la población penal de un establecimiento. Las personas presas por razones políticas, opositoras y afrodescendientes fueron las poblaciones vulnerables más reprimidas.
Se identificaron total o parcialmente a 29 personas (4 mujeres y 25 hombres) que participaron directamente en la ejecución de las violaciones: 28 funcionarios penitenciarios y un oficial de la Seguridad del Estado que opera en las prisiones.
Los incidentes represivos más reiterados dentro de los 80 eventos violatorios registrados fueron aquellos que incluyeron alguna forma de hostigamiento o represión (53), las denuncias sobre estado de salud (27), las malas condiciones de vida en prisión (18), la negación de atención médica (16), los problemas con la alimentación (13) y el uso de celdas de castigo (11). Además de estos incidentes, se identificaron otros 23 tipos de eventos que constituyen violaciones a los derechos de los reclusos. * Un hecho violatorio puede contener más de un incidente de represión.
Algo de especial preocupación para el CDPC es la deficiente atención médica en las cárceles, la negación de esta como forma de tortura usada por los guardias contra las personas reclusas y la escasez de medicamentos más básicos. En el informe “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud” se exponen los casos de personas reclusas con enfermedades que no están siendo atendidas.
Durante el mes, se reportaron brotes de tuberculosis en las cárceles Combinado del Este, Melena del Sur (Mayabeque) y el campamento de trabajo forzado anexo a esta prisión, así como el centro penitenciario de Boniato. Desde el Combinado del Este también se recibieron denuncias de proliferación de hepatitis A, en un ambiente de hacinamiento y falta de higiene que contribuye al contagio de la enfermedad.
A la escasez de medicamentos se suma la corrupción de las autoridades y el personal sanitario, que roban y venden en el mercado negro los pocos fármacos suministrados a las cárceles, como se denunció desde la prisión Cuba Sí (Holguín). Al esquema de corrupción se añade el robo de los alimentos destinados a las personas reclusas en esta propia cárcel, así como la venta de drogas y armas blancas de fabricación artesanal por parte de las autoridades penitenciarias. En la Prisión Provincial de Ciego de Ávila los guardias consumen drogas. En el campamento anexo a la prisión Melena del Sur no pagan a los reclusos por el trabajo que son obligados a realizar y en la Prisión Jóvenes del Cotorro (La Habana) venden los derechos a las llamadas por teléfono.
Como cada mes, se recibieron denuncias desde varias prisiones de diferentes provincias del país que dan cuenta de la mala calidad de la alimentación y reducción de las porciones. Persisten los problemas con el acceso al agua y la calidad de esta. También se reiteran las denuncias del estado caótico de las infraestructuras de los destacamentos y sobre reclusos que duermen en el suelo debido al hacinamiento y la falta de colchones en la Prisión Provincial de Granma y la Prisión Cuba Sí.
Se reportó el uso abusivo de las celdas de aislamiento de manera extendida en los penales Nieves Morejón, Quivicán (Mayabeque) y Combinado del Este. A este castigo fueron sometidos en el mes los presos Dixán Gaínza Moré (Kilo 8, Camagüey) y Alexander Fábregas Milanés (Prisión La Pendiente, Villa Clara), La Habana). Manuel de Jesús Rodríguez García (Prisión Provincial de Pinar del Río) y Orlando García Zúñiga (Kilo 7, Camagüey) fueron confinados en medio de una huelga de hambre; Gregorio Rafael Ocaña García (Prisión Provincial de Villa Clara) fue confinado como represalia por escribirle una carta a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos; y Adonis de la Rosa Rodríguez (Prisión Guamajal, Villa Clara), Adrián Curuneaux Stevens (Prisión 1580) y Lázaro Piloto Romero (Prisión Jóvenes del Cotorro) fueron confinados luego de ser golpeados. Piloto Romero fue recluido desnudo, sin colchón y sin comida, por gritar consignas antigubernamentales.
Además de estos reclusos, otros cuatro fueron víctimas de golpizas Yurisnel Rodríguez Torres (Prisión de Boniato), Yoel Alexis Mendoza Ulquízar (Prisión de Agüica, Matanzas), Jorge Guerrero (Kilo 9, Camagüey) y un preso común no identificado en la Prisión Provincial de Ciego de Ávila. Desde las cárceles Nieves Morejón, el campamento de trabajo forzado anexo a la prisión Melena del Sur y la Prisión Mujeres de Occidente (La Habana) se denunció el uso frecuente de la violencia física por parte de guardias.
Nuevamente, durante el mes de febrero las autoridades emplearon a reclusos comunes agresivos para perjudicar a los presos políticos. Se reportaron incidentes de este tipo contra Julio César Vega Santiesteban (Prisión Provincial de Granma) y José Antonio Pompa López (Combinado del Este). A este último lo recluyeron junto a una persona que padece una enfermedad contagiosa, con el objetivo de hostigarlo.
Durante el mes le fue violado arbitrariamente el derecho a las llamadas telefónicas a los reclusos Alexander Fábregas Milanés (Prisión La Pendiente), Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán) y Manuel de Jesús Rodríguez García (Prisión Provincial de Pinar del Río). Debido a dificultades técnicas que las autoridades no atienden, también han visto afectado su derecho a la comunicación los reclusos de los campamentos de trabajo forzado “Ho Chi Minh” (Mayabeque) y las reclusas de “El Anoncillo” (Camagüey). En la prisión de Boniato, el jefe de orden interior suspendió por 15 días las llamadas telefónicas a los presos del destacamento 16 por negarse a participar en una golpiza contra otro prisionero y a los presos del tercero norte del edificio 3 del Combinado del Este, solo les permiten llamar por teléfono dos veces a la semana.
Este tipo de acciones normalmente van encaminadas a impedir que los prisioneros puedan denunciar hacia el exterior las situaciones en que se encuentran. Los que se atreven a romper el cerco informativo son víctimas de represalias, como sucedió este mes con Amaury Díaz García, por denunciar los privilegios que tienen los policías recluidos en la cárcel Nieves Morejón; Virgilio Mantilla Arango (Kilo 7, Camagüey) a quien fabricaron otra causa penal por sus denuncias; a Maykel “Osorbo” Castillo Pérez le impusieron una medida disciplinaria grave por comunicar el acoso contra su persona en la Prisión Provincial de Pinar del Río y a Leyanis Ávila García (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) la amenazaron para que su esposo, también prisionero, dejara de hacer denuncias. A Oscar Sánchez Madan (Combinado del Sur, Matanzas) nuevamente le negaron la asistencia religiosa como represalia por el proselitismo político anticastrista que realiza en el penal y a Jorge Martín Perdomo (Campamento de trabajo forzado “Ho Chi Minh”) y los reclusos del tercero norte del edificio 3 del Combinado del Este les han violado su derecho a tomar el sol.
