En junio de 2025, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), programa de la asociación civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, registró 74 eventos relacionados con personas privadas de libertad. De ellos, 62 ocurrieron en cárceles o centros de detención y 58 implicaron violaciones a los derechos de las personas reclusas. A pesar de estas cifras pudiesen interpretarse como una mejora en las condiciones carcelarias, la disminución del número de violaciones respecto a meses anteriores pudiese explicarse por los constantes y extensos cortes eléctricos durante junio, que dificultaron la comunicación entre familiares y medios independientes y organizaciones de derechos humanos, así como la publicación de denuncias en redes sociales.
Se identificaron violaciones en 29 prisiones y centros de detención, distribuidos en 13 provincias. Las regiones con más incidentes violatorios registradas fueron La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba. Entre las cárceles más señaladas están la prisión de Quivicán (Mayabeque), Mar Verde (Santiago de Cuba), Agüica (Matanzas), la prisión de Guanajay (Artemisa), el Combinado del Este y la 1580 (ambas en La Habana).
Al menos 47 personas privadas de libertad fueron víctimas directas (7 mujeres y 40 hombres). Además, se recibieron 10 denuncias que describieron afectaciones colectivas al total de la población penal de un establecimiento determinado. Los grupos más vulnerables fueron los de personas privadas de liberad por razones políticas, las personas opositoras políticas y los que viven con enfermedades crónicas. * En una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad.
En junio, las personas más afectadas por violaciones a sus derechos fueron los presos políticos Jorge Bello Domínguez, José Daniel Ferrer García y Roberto Pérez Fonseca, recluidos respectivamente en las prisiones de Guanajay, Mar Verde y Quivicán.
Se identificó, total o parcialmente, la participación de 14 autoridades penitenciarias —todos hombres— en la ejecución directa de violaciones de derechos contra personas reclusas.
Los incidentes violatorios más reiterados fueron aquellos que implicaron alguna forma de hostigamiento o represión (38), negación de atención médica (15) y malas condiciones de vida en prisión (13), así como problemas de alimentación (11). En total, se documentaron al menos 30 categorías distintas de incidentes represivos. * Un evento puede contener varios incidentes de represión.
La negación o deficiencia en la atención médica continúa siendo uno de los principales problemas que enfrentan las personas privadas de libertad en Cuba. El informe “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud” recoge casos individuales que ilustran esta problemática durante el mes de junio. De manera estructural, se identifican patrones reiterados como la insalubridad general de los centros penitenciarios —que favorece la propagación de enfermedades—, la falta de provisión estatal de medicamentos, y el uso sistemático de la negación de atención médica como mecanismo de castigo o represalia por parte de las autoridades.
Durante el mes en cuestión, se recogieron denuncias sobre las deplorables condiciones materiales de reclusión, abarcando aspectos específicos como la higiene general, la escasez y contaminación de agua, la presencia de enfermedades contagiosas como la escabiosis, plagas como las chinches, y una alimentación insuficiente, mal balanceada y en mal estado, que ha contribuido al deterioro nutricional y al incremento de enfermedades gastrointestinales entre la población penitenciaria.
A estas condiciones deplorables se suma el actuar abusivo e impune del personal penitenciario, que con frecuencia responde con golpizas y torturas a los reclamos de las personas privadas de libertad. Denuncias recibidas desde la prisión de Ganuza (Mayabeque), Kilo 8 (Camagüey) y la Prisión Provincial de Villa Clara dan cuenta del uso recurrente de estas prácticas. En la última de estas prisiones, esposan de manos y pies a los reclusos para golpearlos. Onaikel Infante Abreu (Combinado del Este) fue rociado en la cara con spray por un guardia; a Yuniel Luis Granado Cedeño (Centro Correccional “Veguita 1”, Granma) le negaron la atención médica después de una paliza que le provocó heridas; José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde) fue golpeado en dos ocasiones por supuestos reclusos comunes al servicio de la Seguridad del Estado y el adulto mayor Rafael Hernández Viera (Prisión Provincial de Cienfuegos) también fue golpeado en dos ocasiones, una de ellas, mientras estaba esposado. Tanto Onaikel Infante como Rafael Hernández fueron llevados a celdas de aislamiento, con pésimas condiciones, tras las golpizas recibidas.
Asimismo, se impuso esta medida a Frank Cuspinera Medina (Combinado del Este) y a Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río), en respuesta a la decisión de ambos de iniciar huelgas de hambre. En el caso de Cuspinera, la protesta buscaba una revisión justa de su causa; mientras que Castillo se manifestó ante las amenazas de ser trasladado a una prisión en el oriente del país.
La huelga de hambre continuó utilizándose como forma de protesta por parte de varios reclusos durante el mes. Franklin Reymundo Fernández Rodríguez, Yasmany Crespo Hernández, Orleidi Casanova Leyva, Yunior Salazar Hernández y Luis Enrique Pérez Torres (Prisión Cuba Sí, Holguín) la emprendieron para exigir su pase a régimen de mínima severidad. Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán) la emprendieron para exigir su pase a régimen de mínima severidad; Julio César Granado Cedeño (Centro Correccional “Veguita 1”) exigía atención médica; José Daniel Ferrer García (Prisión Mar Verde) debido a las golpizas sufridas y las condiciones de reclusión en las que permanece. Por su parte, Miguel Alfonso Jiménez Marrero, hacia el día 27 de junio, reclamaba su libertad desde hacía dos meses; su estado de salud, según los reportes recibidos, era ya crítico.
Otra de las formas de protesta —o de escape ante los atropellos sufridos— documentadas en el mes fueron los intentos de suicidio y las autolesiones. Se registraron en junio cuatro eventos de este tipo, dos de ellos con resultado fatal: el primero relacionado con un recluso no identificado en la prisión de Quivicán y el otro, con Eduardo Pérez Suárez (Prisión Provincial de Cienfuegos). También se reportaron intentos de suicidio por parte de Misleydis Rodríguez Más (Prisión de Mujeres de Occidente) y Alejandro Morales Pereira (Prisión La Pendiente, Villa Clara). Misleydis se encontraba entonces en celda de castigo, tras varios meses sin recibir visitas familiares ni conyugales y, tras el intento, se declaró en huelga de hambre.
Además, se documentó una tercera muerte bajo custodia: la del recluso Lázaro Vasco Francisco (Prisión 1580, La Habana), ocurrida en circunstancias poco claras que apuntan a posible participación de las autoridades penitenciarias y a intentos de encubrimiento.
Además de los casos de aislamiento, se documentaron restricciones al uso del teléfono como forma de represalia. A Félix Navarro Rodríguez (Prisión Agüica) y a Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán) se les limitaron las llamadas telefónicas para impedir que informaran sobre su estado de salud. También se impuso esta restricción a Jorge Martín Perdomo (Campamento de trabajo forzado “Ho Chi Minh”, Mayabeque) tras haber sido agredido físicamente por el jefe del penal; y a Cristian Labrada Fonseca (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus), luego de ser trasladado a un destacamento de alta peligrosidad.
Asimismo, los traslados como forma de castigo fueron aplicados a Panter Rodríguez Baró (Combinado del Este), trasladado a la prisión de Boniato, ubicada a más de 800 kilómetros de su lugar de residencia, tras denunciar la falta de atención médica; Divaldo Valcárcel González (Combinado del Sur, Matanzas), enviado a la cárcel de Agüica, acusado de organizar una protesta dentro del penal; y Maykel Castillo Pérez (Prisión Provincial de Pinar del Río), trasladado temporalmente a una celda de castigo en la prisión Kilo 8, también en Pinar del Río. Otras denuncias recurrentes se refirieron a las condicionesde trabajo forzado en los campamentos de mínima severidad. En estos espacios, las personas recluidas son obligadas a realizar largas jornadas laborales bajo el sol, sin una alimentación adecuada, sin acceso a agua potable y con sueldos extremadamente bajos o, en muchos casos, inexistentes. Se denunció que estos salarios son apropiados por las propias autoridades penitenciarias, quienes además se benefician del trabajo de los reclusos para atender propiedades agrícolas de carácter personal.
La información presentada en este informe representa un subregistro de los eventos y víctimas reales; una documentación completa resulta imposible debido a la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios. Conozca nuestra metodología.
Los información expuesta en este informe representa un subregistro de los eventos y víctimas reales; una documentación completa resulta imposible debido a la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios.
