El año 2023 cerró remarcando una de las grandes preocupaciones que el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y otras organizaciones de derechos humanos en la Isla hemos señalado sistemáticamente: la muerte de reclusos en cárceles cubanas por falta de asistencia médica, malas condiciones de habitabilidad y procederes negligentes de las autoridades penitenciarias.
Informaciones enviadas por reclusos desde las prisiones dieron cuenta de al menos ocho muertes ocurridas o conocidas durante el mes de diciembre en seis prisiones de cinco provincias del país. A pesar de las limitaciones para el flujo de información desde las cárceles, se supo que las víctimas fueron: Jorge Luis Verdecia Blanco (Prisión Provincial de Granma), José Miguel, Reinaldo Pérez Betancourt y “Kiko” Pineda (Kilo 8, Camagüey), Santiago López Gómez (Prisión Provincial de Cienfuegos) y Carlenis Reyes del Rosario (Prisión Provincial de Ciego de Ávila). Además, se reportaron los fallecimientos de los reclusos de nombre Damián (Prisión de Boniato, Santiago de Cuba) y Yordi (campamento de trabajo forzado en el municipio Sierra de Cubitas en Camagüey), sobre quienes las fuentes que denunciaron los casos no conoce sus apellidos.
Esto ocurría mientras una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se reunía con autoridades cubanas. Hasta el momento no se ha hecho pública ninguna información respecto a la inspección de prisiones o encuentros con familiares de presos políticos u organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil independiente, como corresponde según la misión del CICR.
Durante diciembre, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas compiló un total de 146 hechos represivos en 46 cárceles de todas las provincias del país, con destaque para La Habana (27 hechos represivos), Camagüey (20) y Mayabeque (18). Los centros penitenciarios con mayor cantidad de violaciones registradas fueron Combinado del Este (La Habana) y Kilo 8 (Camagüey), ambos con 11 denuncias, así como y la Prisión Provincial de Cienfuegos y la cárcel de Boniato (Santiago de Cuba), ambas con 10.
Se identificaron un total de 95 víctimas de algún tipo de acto represivo en las prisiones (12 mujeres y 83 hombres). Además, 25 denuncias hicieron referencia a violaciones contra las poblaciones penitenciarias en general. Entre las categorías de vulnerabilidad más recurrentes de las víctimas estuvo ser preso político, afrodescendiente, activista o defensor de derechos humanos, padecer enfermedades crónicas y pertenecer a grupos de oposición. Los prisioneros con más hechos de represión en su contra compilados fueron Alain Forbes Lamorú (Kilo 8), Lizandra Góngora Espinosa (Los Colonos, Isla de la Juventud), Javier Delgado Torna (Guamajal, Villa Clara), Juan Enrique Pérez Sánchez (Melena del Sur, Mayabeque), Pedro Albert Sánchez (1580, La Habana) y Daniel Moreno de la Peña (Boniato).
Casi todos los hechos incluyeron más de un incidente violatorio, siendo frecuentes los actos de hostigamiento y represión (105) y las denuncias sobre estado de salud (45). Los principales comisores de actos represivos fueron los funcionarios penitenciarios (123), oficiales de la Seguridad del Estado que actúan en las prisiones (12) y el sistema judicial (8).
Se identificaron total o parcialmente a 29 personas involucradas en los actos represivos: 17 funcionarios de prisiones, seis oficiales de la Seguridad del Estado, cuatro reclusos que participan en el hostigamiento de otros prisioneros por órdenes de los guardias, un funcionario del Ministerio de Justicia y un periodista que desde los medios nacionales utilizó declaraciones de un recluso sin su consentimiento y obtenidas bajo coacción según informó el propio prisionero.
Como se destacó en el informe de octubre, el hambre sigue siendo uno de los problemas que más dificulta la vida de los reclusos. Son comunes los reportes de raciones extremadamente reducidas, alimentación deficiente, comida mal elaborada o en estado de descomposición, con gusanos, gorgojos y sustancias no comestibles.
En total se recibieron reportes de problemas graves con la alimentación en 15 prisiones de diez provincias: Prisión de Mujeres de Occidente, Combinado del Este y 1580 (La Habana), Prisión Provincial de Mujeres, Kilo 8 y La Empresita (Camagüey), Combinado del Sur y Agüica (Matanzas), Prisión Provincial de Cienfuegos, Prisión Provincial de Ciego de Ávila, Prisión Provincial de Granma, Boniato (Santiago de Cuba), Campamento de Trabajo “Remedios 2” (Villa Clara), Prisión Provincial de Las Tunas y Prisión Provincial de Pinar del Río. En cuatro de estos centros penitenciarios (Prisión Provincial de Cienfuegos, Prisión Provincial de Las Tunas, Agüica y Boniato) las informaciones agregaron que existían altas cantidades de reclusos desnutridos.
La falta de recursos para alimentar a los prisioneros se complica por la sobrepoblación en las cárceles, al punto de que muchos reos tienen que dormir en el piso. Durante el mes de diciembre fueron reportadas situaciones de hacinamiento en la Prisión Provincial de Ciego de Ávila, la Prisión Provincial de Granma, La Empresita, Agüica y la cárcel Kilo 8 de Pinar del Río. A esto se suman los problemas con la calidad y el abastecimiento de agua en la Prisión Mujeres de Occidente, Boniato y Melena 2 (Mayabeque), en la que se enfermaron más de 90 presos por beber agua contaminada.
Estas malas condiciones, unidas al deficiente estado constructivo de las edificaciones, favorecen brotes de gripe (Prisión de Guanajay, Artemisa y Kilo 8 de Camagüey), varicela (La Empresita) y plagas de chinches, cucarachas y roedores (Prisión Provincial de Ciego de Ávila, Prisión Provincial de Granma, Boniato, Combinado del Este y 1580). La proliferación y agravamiento de estas enfermedades y otras se facilitan, además por la falta de recursos, medicamentos y la deficiente atención sanitaria, que son una constante en las prisiones cubanas. Así lo ilustran las 45 denuncias sobre estado de salud recogidas en diciembre, las cuales se detallan al final de este informe.
Con la llegada del invierno, un nuevo sufrimiento cae sobre los reclusos, debido a que la mayoría de las prisiones se encuentran en lugares aislados, con bajas temperaturas y las autoridades no garantizan el avituallamiento necesario para protegerse del frío. Además, de prisiones como las de Guanajay y Quivicán (Mayabeque), la Prisión Provincial de Pinar del Río y Kilo 8, también de esa provincia, han llegado reportes sobre guardias que impiden arbitrariamente a los presos usar la ropa de invierno que les llevan sus familiares.
En estas condiciones, al menos 12 reclusos fueron llevados a celdas de aislamiento como forma de represión, privados en muchas ocasiones de sus pertenencias, a pesar de las bajas temperaturas. Fueron los casos de Brenda Díaz García y Yaquelín Heredia Morales (Prisión Cuba-Panamá, Mayabeque); Orlando Almenares Reyes (Prisión Provincial de Ciego de Ávila); Jorge Luis Rodríguez Valdés y Yasiel Sánchez Pérez (Kilo 8, Pinar del Río); Walfrido Rodríguez Piloto (1580, por declararse en huelga de hambre); Jorge Yenier Ortiz Aguilera (Prisión Provincial de Granma, acusado de ser responsable de carteles antigubernamentales en el penal); el recluso apodado “El Mota” (Quivicán), Francisco Rangel Manzano (Canaleta, Matanzas); Aníbal Yasiel Palau Jacinto (Prisión de Melena del Sur) y Jorge Luis Gamboa Román (Prisión Potosí, Las Tunas). También continúa en condiciones de aislamiento, desde hace más de un año y en franca violación de las Reglas Mandela, el líder opositor José Daniel Ferrer García (Mar Verde, Santiago de Cuba).
Durante diciembre se reiteraron los reportes de palizas a reclusos. En Quivicán fueron golpeados y rociados con spray los presos comunes Manuel Frómeta Ramírez, Jaime García Cárdenas, Alberto Frómeta Peraza e Isidro Lastra Kim por negarse a participar en la represión contra los presos políticos de ese penal. En la Prisión Provincial de Cienfuegos el segundo jefe de orden interior acostumbra a golpear a los reclusos y aplicarle la técnica de tortura conocida como “la carretilla”. También fueron víctimas de golpizas los presos políticos Daniel Moreno de la Peña (Boniato), Reinier Calderín Socarrás (Kilo 8, Camagüey) y Yaquelín Heredia Morales (Cuba-Panamá) así como el reo común Reinaldo Oquendo Novas (Agüica), quien se encontraba en huelga de hambre desde hacía dos semanas en el momento en que recibió una paliza a manos del capitán Ferrer por no acceder a chequearse la presión arterial.
Fueron víctimas de amenazas Juan Enrique Pérez Sánchez y Aníbal Yasiel Palau Jacinto (Melena del Sur), las hermanas Lisdiany y Lisdani Rodríguerz Isaac (Prisión Guamajal de Mujeres, Villa Clara) y Denys Hernández Ramírez y Manuel Díaz Rodríguez (Guanajay). Eduardo Luis Fernández Suárez (Campamento de Trabajo Forzado “Toledo 2”, La Habana) fue amenazado por oficiales de la Seguridad del Estado con trasladarlo a una prisión en Guantánamo si no logra que su padre, el periodista Jorge Fernández Era, deje de hacer publicaciones críticas en redes sociales. A Danisbel Labrada Morales (Prisión Provincial de Cienfuegos), el segundo jefe de la cárcel lo amenazó de muerte al decirle que “le quedaba poco, por contrarrevolucionario”.
Para hostigar a presos políticos, las autoridades penitenciarias y la Seguridad del Estado persisten en el uso de presos comunes, a los cuales premian con beneficios. Bajo esta situación de acoso se encuentran desde hace meses Reinier Calderín Socarrás (Kilo 8, Camagüey), Yoandrys Gutiérrez Vargas (Prisión Provincial de Granma) y Mayelín Rodríguez Prado (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey). También es común el robo de pertenencias a presos políticos, como le sucedió este mes a Yasmani González Valdés y Yuri Almenares González (La Habana), Jorge Ernesto Pérez García (Campamento 16, La Habana) y Yasser Fernando Rodríguez González (Prisión Provincial de Pinar del Río).
En el mes de diciembre le fueron negadas visitas familiares a las personas presas por motivos políticos Lizandra Góngora Espinosa (Los Colonos), José Daniel Ferrer García (Boniato, por décima vez consecutiva) y María Cristina Garrido Rodríguez (Prisión de Mujeres de Occidente), a quien la Seguridad del Estado le prohibió por una año las visitas de su cuñado, esposo de la también presa política Angélica Garrido.
Se usaron los traslados de prisión o de destacamento como forma de represión contra Yasmani González Valdés (más de 15 movimientos dentro del Combinado del Este desde que está en prisión), Emiyoslan Román Rodríguez (Prisión Jóvenes del Cotorro), Maikel Armando Peña Suárez (llevado a Melena del Sur por participar en una protesta el Día Internacional de los Derechos Humanos en la prisión de Quivicán), Jorge Luis Gamboa Román (Prisión Potosí) y Eider Frómeta Allien (Boniato) quien fue cambiado incluso de provincia, tras ser acusado de organizar una huelga en la Prisión Provincial de Guantánamo.
También les fueron suspendidas las llamadas telefónicas a Juan Enrique Pérez Sánchez (Melena del Sur), Jesús David Rodríguez Prevot (Prisión Provincial de Guantánamo) y Adael Jesús Leyva Garrido (Combinado del Este). A María Cristina Garrido Rodríguez se las limitaron como represalia por dirigir una carta a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos. Mientras que a Lizandra Góngora Espinosa (Los Colonos) y a Jorge Luis Rodríguez Valdés (Kilo 8, Pinar del Río) les colocaron vigilancia para que escuchen sus llamadas. José Daniel Ferrer García continúa sin derecho a llamar por teléfono desde el mes de marzo.
En diciembre el rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, “Pupito Ensy”, recluido en la Prisión de Jóvenes de Occidente (La Habana), fue sancionado a dos años de privación de libertad por escribir una canción sobre una oficial de la Seguridad del Estado que lo reprimió. Además, le fue ratificada la sentencia de cinco años de cárcel al opositor Pável Alberto Rodríguez Nápoles (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus), mientras que a Pedro Albert Sánchez, por intentar entregar una carta a Gilmore, le revocaron la pena de cinco años de reclusión domiciliaria y fue enviado a la cárcel 1580. El opositor Aníbal Ribiaux Figueredo (Mar Verde, Santiago de Cuba) lleva más de tres meses recluido sin tener acceso a ningún tipo de documentación legal sobre su caso. A los prisioneros políticos Freydel Ramírez Calzado (1580) y Mariuska Díaz Calvo (Prisión de Mujeres de Occidente) les fue negado nuevamente el paso a régimen de menor severidad.
Todas estas violaciones y malas condiciones en las cárceles son los principales motivos de la gran cantidad de huelgas de hambre y autolesiones que se registran en el sistema penitenciario cubano. En diciembre último estuvieron en huelga por inconformidad con fallos judiciales, negativas de beneficios, exigencia de atención médica o protesta ante arbitrariedades al menos diez reclusos: Léster Miranda Acea y Ernesto Romero Muñoz (Prisión Provincial de Cienfuegos), Jacqueline Heredia Morales (Cuba-Panamá), Walfrido Rodríguez Piloto (1580), Francisco Rangel Manzano (Canaleta), Nelson Amaya Martín (Kilo 8, Camagüey), Alain Forbes Lamorú (Kilo 7, Camagüey), Daniel Moreno de la Peña (Boniato), Alexeis Rodríguez Martínez (Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado, Holguín) y José Francisco Hernández Rodríguez (Prisión Provincial de Pinar del Río).
A consecuencia de este clima de hostigamiento constante, familiares de presos políticos enviaron una carta a los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, solicitando la revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de esa entidad con Cuba.
Durante el mes de diciembre fueron liberados tras extinguir íntegramente sus condenas los prisioneros políticos Erisdel Benítez Moya (Campamento de Trabajo Forzado “Toledo 2”), Ienelis Delgado Cué (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) y Luis Darién Reyes Romero (Prisión Valle Grande, La Habana). Tras más de seis meses encarcelado sin ser sometido a juicio, fue excarcelado José Manuel Barreiro Rouco (Prisión Provincial de Cienfuegos). Luis Robles Elizástigui fue trasladado finalmente a régimen de menor severidad, en el campamento de trabajo forzado “Zona Cero”, dentro de la propia prisión Combinado del Este.
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