Hambre, robos y armas de fuego: corrupción en prisiones cubanas
Por Raúl Medina Orama
Pastillas, una cajetilla de cigarros, una bolsa de azúcar o de arroz, cualquier producto, por ordinario que parezca, adquiere un valor sobredimensionado en las prisiones de Cuba. Si el mercado negro es una dimensión ineludible para las familias de la Isla, en los penales hace la diferencia en la vida de un recluso.
Transparencia Internacional, una organización no gubernamental con sede en Berlín, Alemania, considera la corrupción como “el abuso del poder confiado para beneficio privado”. Tal concepto define a la perfección lo que ocurre en las cárceles de la isla. Los reclusos están sometidos al poder sin contrapesos de los oficiales del Ministerio del Interior (Minint), quienes no han dudado en usarlo para lucrar.
Entre 2023 y lo que va de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha registrado decenas de denuncias de corrupción en centros penitenciarios de casi todo el país. No obstante, es importante aclarar que la opacidad de las instituciones estatales cubanas dificulta la documentación de este y otros tipos de denuncias, por lo que los datos recopilados por el CDPC suponen apenas un subregistro de este problema.
Es posible que el escenario de las cárceles cubanas sea más corrupto aún de lo que ya sugieren las cifras y los testimonios sobre abusos de autoridad y enriquecimiento ilícito de funcionarios.
¿EN BUENAS MANOS?
De acuerdo con el Índice de percepción de corrupción (IPC) que publica cada año Transparencia Internacional, Cuba descendió tres puestos en el año 2023 con respecto al 2022, lo que significa que la población percibe un incremento de la corrupción en el sector público. Con 42 puntos de 100 posibles (donde una mayor puntuación significa un país menos corrupto), la Isla se ubica en el lugar 76 de 180 países.
Según otro informe, el Índice Global del Crimen Organizado (2023), en Cuba “la corrupción es un problema grave, los funcionarios implicados en prácticas corruptas rara vez son castigados y la corrupción menor está extendida por toda la administración pública”.
Aunque el Estado cubano firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, son cuestionables los esfuerzos que dice llevar adelante para erradicarla a través de la Contraloría y la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior. Los órganos “anticorrupción” y el sistema judicial no son independientes ni investigan al poder militar, ajeno a cualquier forma de fiscalización y a un Estado de Derecho inexistente en el país.
Las historias de corrupción en los penales cubanos no son un fenómeno reciente. No obstante, es una realidad omitida por los fiscales cubanos, quienes deberían velar por la integridad de los funcionarios de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del MININT, y vedada a las organizaciones de derechos humanos y expertos independientes. Los pocos casos conocidos no trascienden a la prensa estatal, controlada por el Partido Comunista de Cuba.
Según el abogado Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, “la corrupción es muy grande y afecta directamente la vida en el penal, llegando a provocar reyertas y muertes en las cárceles cuando se introduce alcohol o alguna droga o medicamento trabajado”.
En declaraciones al Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, González Leyva, quien mantiene contacto con decenas de prisioneros y recibe sus denuncias por teléfono, explica que una forma de corrupción muy presente en los penales “es la introducción por parte de los guardias de alcohol, drogas ilícitas y medicamentos que están calificados como drogas, para ofrecerlas a los presos a cambio de dinero y favores”.
Otras denuncias sobre corrupción en las cárceles registradas por el CDPC entre 2023 y lo que va de 2024, están relacionadas con robos cometidos por guardias y directivos de prisiones, quienes se apropian impunemente de alimentos, medicinas y otros bienes personales o que estaban destinados a toda la población penal.
Además, existen alianzas entre guardias y presos comunes con cargos disciplinarios para lucrar con las necesidades de los reclusos.
En julio de 2023, el periodista Mario Pentón publicó declaraciones de la esposa de un prisionero del Combinado del Este, que solicitó anonimato por temor a represalias contra él. La fuente denunció que un jefe de piso identificado como Osmani, junto con los “disciplinas” del edificio Tercer Norte, conocidos como “El Guajiro” y “Omarito”, venden minutos para llamadas telefónicas y comida.
Las transferencias de dinero deben hacérselas los familiares a la esposa del recluso conocido como “El Guajiro”, quien purga una alta condena. Este preso cuenta, según las denuncias, con la venia de los oficiales para realizar el negocio ilícito y portar armas blancas.
Otro caso de alianza para delinquir entre funcionarios y reos comunes, fue denunciado en la prisión de Quivicán (Mayabeque). Según una publicación del activista Alberto Ortega Fonseca, el preso a cargo de la disciplina en el destacamento 13, Lázaro Serera Núñez, cobra por permitir a los reclusos llamar por teléfono, y entrega los sobornos a directivos de la cárcel.
Otras denuncias exponen que las autoridades cobran directamente en dinero o en especie para otorgarles a los prisioneros beneficios que les corresponden por derecho, como llamadas telefónicas, horas de visita y pabellón o tomar luz solar.
HISTORIAS DE LA CÁRCEL
En noviembre de 2023, la prisionera política Mailene Noguera Santiesteban regresó al campamento penal de El Guatao (La Habana) con ocho libras de arroz que le regalaron unas monjas del Centro Médico Psicopedagógico “La Edad de Oro”, donde cumplía trabajo correccional.
Noguera, condenada a cuatro años y seis meses por las protestas de julio de 2021 (11J), esperaba que el regalo alimentara por unos días a sus dos niños. Sin embargo, según una denuncia de José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), donde milita la joven, las oficiales de El Guatao le decomisaron el arroz sin que tuviera posibilidad de reclamar.
Incidentes así no son aislados en las prisiones, de acuerdo con las declaraciones de Juan Carlos González Leyva: “La corrupción en el régimen carcelario es parte de una corrupción general en todo el país. Los bienes de la prisión, sobre todo los alimentos de los presos, son sustraídos en primer lugar por el jefe del penal, que usualmente es un teniente coronel del MININT, y también por otros funcionarios de menor rango. Esto conlleva a que los presos no se puedan alimentar bien”, afirmó.
En una entrevista con el CDPC, José Díaz Silva, preso político varias veces, señala los manejos ilegales de alimentos esenciales en la cárcel, como el huevo.
“Cuando la prisión no está dominada por los presos y el guardia no es corrupto, te lo dan entero. Otras veces, el preso a cargo y el reeducador te dan una mitad [del huevo hervido] como plato fuerte y la otra te la venden. Toda esa corrupción existe allá adentro”, dijo.
Yanay Solaya, ex prisionera política del 11J, señaló al CDPC que el robo de alimentos afectaba también a las mujeres que acababan de parir en la Prisión de Mujeres de Occidente (El Guatao).
“No hay alimento ni nada para esos niños. (…) No entraba ni la leche. O no les llegaba, porque las primeras ladronas son la directora de la prisión y otras [funcionarias], que entraban a la cocina y se iban cargadas”, explicó.
El preso político Jorge Luis Gamboa denunció en septiembre de 2023 que el jefe de prisiones en Las Tunas, teniente coronel Leandro García, posee una cría de cerdos que alimenta con la comida de los reclusos, en complicidad con los jefes de cocina del penal El Típico.
Según González Leyva, “muchos jefes de prisiones tienen cochiqueras de cerdos que mantienen con la comida de los reclusos. Además, trafican con los medicamentos de la prisión y hacen casas con el trabajo esclavo de los presos”.
Por su parte, Díaz Silva también llamó la atención sobre el uso de los reclusos para trabajos sin paga o mal remunerados: “Algunos presos trabajan como esclavos, porque no les pagan. A otros sí les pagan, pero les descuentan el avituallamiento como si les dieran aseo de calidad, ropa, zapatos”.
A inicios de enero de 2024, el preso político Fernando Michel Bárzaga Mompié, condenado a 5 años por el 11J, denunció que en el campamento La Demajagua (Manzanillo, Granma) no le estaban pagando salarios a los reclusos que trabajan “en la agricultura”. Solo les daban, a algunos, un día más de pase.
“Yo fungí como electricista y nunca tuve un salario”, agregó Bárzaga en una llamada telefónica desde el centro penitenciario.
Según el Decreto-Ley 81/2023, los reclusos tienen derecho a “recibir la remuneración económica por la labor realizada y sus resultados de trabajo” y a “disfrutar del período de vacaciones anuales pagadas”. La autoridad penitenciaria puede efectuar retenciones por una serie de razones justificadas, pero estas “solo pueden ascender al cincuenta por ciento del total de la remuneración que le corresponde a la persona privada de libertad, incluidos los descuentos por concepto de avituallamiento, alimentación y otros servicios que se prestan”.
“Yo trabajé en algunas prisiones, chapeando caña. Estuve tres o cuatro meses y nunca recibí un centavo”, dijo José Díaz Silva al CDPC.
Otros cientos de presos trabajan en la producción de carbón de marabú para exportar en “condiciones de semiesclavitud”, según reveló un reciente reportaje de DIARIO DE CUBA.
ARMAS DE FUEGO, UN PASE A MENOR SEVERIDAD
Según el Índice Global del Crimen Organizado (2023), “aunque el mercado ilícito de armas en Cuba es insignificante, los indicios apuntan a la existencia de un mercado y una demanda internos entre las bandas callejeras”.
Recientes testimonios de reclusos de tres provincias distantes, dieron cuenta de lo que parece ser un plan ilegal de las autoridades para exigirles que consigan y entreguen dichas armas a cambio de beneficios.
En diciembre de 2023 se divulgó una carta enviada desde el Combinado del Este (La Habana) por Ariel Montes de Armas, quien denunció que las autoridades le exigen entregar “dos pistolas”, que debe conseguir en la calle, para que le sea otorgado el pase a régimen de menor severidad que le corresponde.
Poco después, en enero de 2024, el preso político Julio César Vega Santiesteban denunció que en la prisión Las Mangas, provincia de Granma, las autoridades penitenciarias estaban exigiendo a los reclusos que compraran armas de fuego en el mercado negro y las entregaran, como condición para recibir los beneficios que les corresponden.
“La gente las compra por la calle y se contactan con los oficiales operativos del DTI [Departamento Técnico de Investigaciones] y esas cosas, la familia les entrega el arma y entonces es que les dan [al recluso] el beneficio que les toca”, dijo Vega Santiesteban.
Una denuncia similar trascendió en marzo de 2024, desde el penal Kilo 8 (Camagüey), desde donde el recluso Fausto René Ramos Ramírez comunicó que las autoridades han prometido “que el que entregue un arma de fuego será puesto en libertad inmediata”.
No es la primera vez que las autoridades recurren a esta estrategia corrupta. En noviembre de 2020 CubaNet publicó la denuncia del recluso Noel López González, del Combinado del Este, quien declaró al medio independiente que algunos presos recibían “la mínima severidad a cambio de entregar armas de fuego supuestamente de su propiedad”. Los encargados de recibir el arma eran los oficiales del DTI.
De esta manera, las autoridades estarían utilizando ilegalmente y bajo coerción a las personas privadas de libertad para trabajo operativo del MININT, al tiempo que condicionan los derechos de los prisioneros.
De acuerdo con un informe reciente de la organización independiente de asesoría legal Cubalex, esta práctica “no solo somete a prisioneros y familiares a los peligros y los elevados costos que implica conseguir un arma en un país donde su tenencia está sumamente restringida, sino que también pudiera ser parte de un mercado ilegal de armas con autoridades penitenciarias en su centro, debido a la ausencia total de transparencia que acompaña este tipo de acciones”.
El abogado y defensor de derechos humanos Juan Carlos González Leyva explica que las autoridades corruptas utilizan su poder para decidir “el pase a un régimen de menor severidad, el otorgamiento de la progresión del régimen carcelario y otros beneficios que son otorgados a los reclusos muy obedientes, a quienes están trabajando de manera esclava para estos jefes y no dicen nada”.
Por el contrario, “a los reclusos que protestan o sencillamente no participan de estas cosas, les quitan sus derechos, o se los conceden tardíamente”.
Sobre la impunidad de los funcionarios, González Leyva dice que “todo el mundo sabe que existe esa corrupción, tanto las máximas autoridades de Cuba, como los mecanismos de control (Fiscalía Militar), pero está tolerado, se permite, porque es parte del pago y de las prebendas que reciben los acólitos del régimen cubano y las personas que tienen altos grados, como los coroneles, tenientes coroneles y mayores”.
POR “LA IZQUIERDA”
Las historias de corrupción en los penales cubanos no son un fenómeno reciente. Otros muchos casos ocurrieron antes de que el CDPC comenzara a registrarlos, lo que demuestra que estas conductas están normalizadas dentro de las prisiones cubanas.
En mayo de 2010, El Nuevo Herald informó que una decena de guardias de la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, permanecían arrestados desde comienzos de noviembre de 2009 “bajo acusaciones de corrupción y tráfico de drogas en conexión con los reclusos”.
La Contrainteligencia Militar investigaba a los detenidos por una red que introducía marihuana, pastillas de psicofármacos, alcohol y armas blancas utilizando cubetas de comida para animales (sancocho). Según testimonios de reclusos, citados por El Nuevo Herald, el jefe de orden interior de Canaleta, Manuel Marín, y el reeducador Rodolfo González, estaban entre los detenidos.
El poeta y ex preso político Raúl Rivero (1945-2021), dijo entonces al Herald que durante los 20 meses que estuvo recluido en Canaleta, desde abril de 2003, escuchó varias veces que los almacenes de la prisión estaban llenos de comida que dejaron descomponerse intencionalmente, para convertirla en alimento para cerdos, en detrimento de los reclusos.
“Allí las broncas entre los guardias por el control del sancocho eran tremendas”, declaró Rivero para la nota citada.
Otro reporte de CubaNet publicado en diciembre de 2017 denunció hechos de corrupción en Macondo, un centro para mujeres sancionadas a trabajo correccional con internamiento, ubicado en el municipio Alquízar, de la provincia Artemisa.
Según el escritor Ángel Santiesteban, “las más corruptas en esa prisión no son las presas, sino las de más alta jerarquía: la directora, María Elena Riverí Moya, y Kenia Castañeda López, jefa de Tratamiento educativo”.
Santiesteban afirmó que las funcionarias de entonces beneficiaban a reclusas con pases de hasta 48 horas a cambio de pagos de entre 25 y 50 pesos cubanos convertibles (moneda hoy retirada de circulación que equivalía al dólar). También, presuntamente, otorgaban rebajas de condenas a cambio de dinero o regalos.
Modalidades de corrupción descritas en los casos anteriores todavía predominan al interior de las prisiones cubanas.
Norge Yunior Guerrero Martínez, un prisionero del penal Kilo 9, en Camagüey, afirmó el pasado enero que el jefe del centro penitenciario “tiene un negocio” de otorgar visitas conyugales a quienes le entregue recursos materiales como latas de pintura, gasolina y varillas de soldar.
También en enero, la esposa del reportero independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, la activista Eralidis Frómeta, denunció que en el Combinado del Este (La Habana) las autoridades penitenciarias venden “a un alto precio” los cuartos para las visitas conyugales.
Según el citado Índice Global del Crimen Organizado 2023, “a pesar de que [en Cuba] se ha puesto en marcha un mecanismo anticorrupción, persisten los riesgos de corrupción, debido a la falta de derechos civiles, transparencia judicial y libertad de expresión y de los medios de comunicación. (…) Es imposible determinar el alcance de la corrupción, pero sigue siendo elevado, especialmente entre las élites políticas y militares”.
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Este reportaje del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas fue publicado originalmente en Diario de Cuba.
