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La prisión en Cuba, un lugar hostil para ser madre

Texto: Raúl Medina Orama, publicado en colaboración con Diario de Cuba.

Lisdany Rodríguez Isaac tiene 25 años, pero desea ser madre desde hace mucho tiempo, más del que lleva en prisión por manifestarse contra el Gobierno cubano en julio de 2021. Por aquellas horas de libertad en Placetas, Villa Clara, el régimen del Partido Comunista les está haciendo pagar a ella y a su hermana Lisdiany ocho años de privación de libertad entre penurias y maltratos.

Sin embargo, el encierro no ha hecho desistir a Lisdany de tener un hijo. Finalmente, ha quedado embarazada.

Las prisiones cubanas no son un lugar para ser madre. No son sitios para que nadie viva dignamente. No obstante, Lisdany llevará adelante su embarazo, según ha dicho su madre, Bárbara Isaac Rojas. Ni las presiones de agentes de la Seguridad del Estado que operan en la cárcel de mujeres de Guamajal, en Santa Clara, denunciadas por la madre y la ONG Prisoners Defenders, han logrado que ella aborte voluntariamente.

«Quieren que mi hija aborte, pero ella no quiere porque siempre ha esperado tener un bebé. No imaginaba el momento en que vino a ocurrir, pero ellos [Lisdany y su esposo, también recluso] lo quieren tener», declaró Isaac Rojas a Infobae.

De acuerdo con la madre de las presas políticas, cuando Lisdany presentó síntomas, «le hicieron un ultrasonido, que dio positivo». Sin embargo, «la doctora se lo hizo saber y se puso a preparar los análisis para que Lisdiany se lo sacara [abortara]. Mi hija le dijo que no, mas la Seguridad del Estado y el personal penitenciario la están atosigando para que interrumpa el embarazo«, aseguró Bárbara Isaac a El Debate.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) establece que el aborto forzado constituye una violación a los derechos sexuales y reproductivos.

La maternidad de las reclusas cubanas, lejos de ser un derecho que cuenta con todas las garantías y condiciones para su ejercicio, está atravesada por varios problemas que impactan no solo a quienes deciden dar a luz en los centros penitenciarios, sino también a quienes fueron separadas de sus hijos por el encierro. Pese a esto, durante último Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el Estado cubano en noviembre de 2023, en las Naciones Unidas, el teniente coronel Luis Emilio Cadaval, instructor del Ministerio del Interior (MININT), afirmó que «Cuba cumple con las Reglas de Bangkok» para «el tratamiento de reclusas y sus hijos».

El documento de las Naciones Unidas recomienda reducir el encarcelamiento de mujeres con sentencias alternativas, no privativas de libertad; prohíbe la falta de comunicación con familiares y su defensa; desaprueba la reclusión en sitios lejanos del domicilio familiar y la negación de atención médica con enfoque de género, entre otras condiciones.

Varias víctimas de violencia obstétrica y testigos de abusos en el sistema penitenciario cubano desmienten al oficial del MININT, como demuestran testimonios obtenidos por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y reportes de la prensa independiente.

Maternidad entre muros

Lisdany Rodríguez no es el único caso de una cubana cuya maternidad ha sido afectada por el presidio políticoMelkis Faure Echavarría, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenida y golpeada en estado de gestación el 6 de agosto de 2016, durante una manifestación pública y pacífica en La Habana Vieja. Perdió su embarazo pocas semanas después, mientras estaba aislada en el centro de detención del Vivac.

Luego, en la Prisión de Mujeres de Occidente (La Habana), conocida como El Guatao, quedó embarazada otra vez en 2017, durante una visita de su esposo, Freddie Nomihele Michel. Pero más de tres meses después perdió el embarazo debido a la deficiente atención médica mientras estaba aislada en una celda de castigo, según su pareja.

A Melkis Faure le suministraron enalapril, un medicamento contraindicado para embarazadas, informó entonces Martí Noticias.

«La atención médica deficiente, la retardación de seguimiento y la falta de exámenes tuvieron resultados dañinos para la activista», denunció Raza e Igualdad, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos.

En los «Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas», de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se establece que «las mujeres y las niñas privadas de libertad tendrán derecho de acceso a una atención médica especializada, que corresponda a sus características físicas y biológicas, y que responda adecuadamente a sus necesidades en materia de salud reproductiva».

«En particular, deberán contar con atención médica ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto, el cual no deberá realizarse dentro de los lugares de privación de libertad, sino en hospitales o establecimientos destinados para ello», agrega.

Sin embargo, la reclusa Dayana de la Caridad González Lanz no disfrutó de estos derechos en El Guatao. En septiembre de 2023, el defensor de derechos humanos y activista antirracista Juan Antonio Madrazo denunció que a González Lanz le extirparon sus órganos reproductores tras una operación de urgencia. La joven afrodescendiente llevaba más de diez días con fiebres y fuertes dolores abdominales solicitando ser llevada al médico. Cuando lo hicieron, fue demasiado tarde y le hicieron la drástica intervención, sin avisar a sus familiares.

En Cuba, la escasez de alimentos y medicinas, la falta de atención médica oportuna y los maltratos directos son algunas de las situaciones que enfrentan las gestantes reclusas.

Nancy Rodríguez, quien estuvo internada en dos penitenciarías en La Habana y Camagüey entre 2003 y 2007, explicó al Centro de Documentación de Prisiones Cubanas que, cuando quedó embarazada, «no era constante» la atención personalizada de una ginecóloga. Recibía visitas «cada tres meses, más o menos». Cuando Nancy tenía un turno médico fuera de la unidad carcelaria o para realizarse análisis, no era llevada en una ambulancia, sino en un carro-jaula.

Ella recuerda su espacio en el área materna de la prisión «Granja 5», en Camagüey, como un cuarto pequeño de unos 4 x 4 metros, con dos camas, dos cunas y un baño minúsculo al lado de la puerta. Allí recibió «la misma alimentación de todas las reclusas», hasta que reclamó y comenzaron a suministrarle «un poquito de proteína: un huevo hervido, algún pollito».

«Mientras no protesté, fue la misma alimentación para todas. Nuestros familiares eran los que nos llevaban jabas en las visitas y nos reforzaban la alimentación», dice Nancy.

La Corte Interamericana advierte en el informe «Enfoque de género en materia de mujeres privadas de su libertad» que «las cantidades inadecuadas y el escaso valor nutricional de los alimentos puede provocar inanición y malnutrición a las mujeres embarazadas o lactantes con mayor frecuencia que entre la población general de mujeres privadas de libertad, incluso afectando la capacidad de las madres para amamantar».

En algunas ocasiones, Nancy percibió un trato «hostil» de parte de sus carceleras. «Estando yo con el niño, recién parida, había una guardia que entraba y tiraba las rejas del área de enfermería. Yo estaba viviendo en el cuarto contiguo a esa reja. Le pedí que no la tirara, porque el niño se sobresaltaba y se despertaba. Su respuesta fue faltarme el respeto».

No fue su único contratiempo mientras cuidaba de su hijo. El bebé casi muere por una neumonía que contrajo en la celda húmeda, que le provocó tos y casi una asfixia durante una noche. Para entonces, Nancy debía haber estado en libertad condicional desde hacía más de un año, pero no la excarcelaron hasta poco después del peligroso incidente.

Por otra parte, Yanay Solaya Baruh, expresa política por las protestas de julio de 2021 (11J), contó sobre el caso de una amiga de El Guatao, que se encuentra embarazada y recibió una licencia extrapenal, porque las malas condiciones de la prisión pusieron en riesgo su vida.

«Imagínate, ellos [los funcionarios de prisiones] no tenían una dieta, daban la misma comida para todos y la muchachita empezó a tener problemas de la presión, estuvo a punto de morir, parece que por la alimentación […] y cuando le subía la presión no había medicamentos ni comida, ni cómo atenderla, ni carros para moverla a las consultas, no había petróleo… ¡Nada!».

No es muy diferente la situación de las que ya dieron a luz y sus hijos. Según Yanay Solaya, «no hay alimento para esos niños».

Recuerda que una de sus vecinas de litera «trabajaba en la cocina, en la parte del Materno, y venía todos los días llorando, porque decía que ellas mismas tenían que inventar con el arroz, con algo, porque no había para darle a aquellos niños […] a veces no entraba ni la leche para darle a esos niños o no llegaba a ellos, porque las primeras ladronas son todas ellas mismas [las guardias], la directora de la prisión… que se iban cargadas de la cocina».

Los testimonios recogidos por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas coinciden con otros publicados por la prensa independiente. Por ejemplo, Kenia León, una exreclusa de San Miguel de Paradas, en Santiago de Cuba, dijo a Diario de Cuba en 2021 que en ese penal no estaban separadas las embarazadas del resto de las prisioneras.

«Recuerdo a una que se llamaba Dayana. Estuvo cuatro días sin bañarse en medio de una depresión. La ‘reeducadora’ la golpeó por la pierna y la obligó a pararse gritándole ‘¡tienes que bañarte, cochina, aquí nadie está obligado a soportar tu peste, mira esa ropa qué sucia!’. La muchacha estuvo deprimida muchos días más luego de la humillación».

León también señaló la falta de dieta especial para las gestantes. De acuerdo con la entrevistada, «ellas comían lo mismo que las demás. Solo les echaban un poquito más de arroz. Leche, nunca. En el desayuno, cocimiento».

Asimismo, Ienelis Delgado, activista conocida como «Mambisa Agramontina», dice a pocos días de su excarcelación de Granja 5 que en ese penal camagüeyano no se le brindó ningún tipo de atención para la salud sexual y reproductiva. Explica que en el local separado, conocido como «hogar materno», las reclusas embarazadas tienen un poco más de condiciones: teléfono, un refrigerador… Pero la comida que les dan es igual de escasa y mal elaborada que la del resto de las prisioneras.

En 2013, la población penal femenina en Cuba era de unas 4 000 internas, según dijeron fuentes oficiales a la prensa estatal y extranjera durante una visita supervisada a varias prisiones. Sin embargo, por lo general, el régimen no publica información actualizada de la población carcelaria en Cuba ni permite el escrutinio de organizaciones independientes.

Una joven que estuvo presa por los sucesos del 11J y solicitó mantener su anonimato por temor a represalias, explicó que en El Guatao solo recibió atención médica meses después de descubrirse su embarazo y tras protagonizar un incidente de desobediencia.

«Todo fue por mi propia rebeldía, porque me escapé por la reja entreabierta, estaba muy mal, con malos síntomas, porque si no, no me llevan [al médico]«, dijo en declaraciones al Centro. Además, en la prisión «había mucho tráfico de medicamentos, casi siempre faltaba algo«, y «si le hacía rechazo a un fármaco no me lo cambiaban».

La joven no fue trasladada de inmediato para un lugar acorde a su condición, ni las autoridades carcelarias atendieron su solicitud de interrumpir el embarazo. «Apenas podía comer nada de lo que había allí y mi familia no tenía las posibilidades de llevarme la alimentación que necesitaba», dijo.

De todas maneras, en «el hospitalito» al que la llevaron, la atención era «muy mala» y en las noches corría a cargo de otras prisioneras que fungen como enfermeras. Ella misma tuvo que ayudar en dos partos «porque no había ambulancias y en lo que llegaron ya los niños estaban afuera».

La legislación cubana solo permite que la madre permanezca con su hijo en prisión hasta que cumpla un año de edad. Luego, son separados y el pequeño enviado con algún familiar que pueda hacerse cargo de él, o a una institución estatal conocida como «casa de la Patria», hasta que su madre sea excarcelada.

Otro de los principios de la CIDH puntualiza que «cuando se permita a las madres o padres privados de libertad conservar a sus hijos menores de edad al interior de los centros de privación de libertad, se deberán tomar las medidas necesarias para organizar guarderías infantiles, que cuenten con personal calificado, y con servicios educativos, pediátricos y de nutrición apropiados, a fin de garantizar el interés superior de la niñez».

Distancias insalvables

No solo al interior de las prisiones se lastima la maternidad de las presas políticas. Lizandra Góngora, madre de cinco hijos, fue condenada a 14 años de prisión y actualmente está confinada en un penal en la Isla de la Juventud, alejada de su familia y de su lugar de residencia.

Según información publicada por Contexto CubanoLizandra expresó su decisión de inocularse VIH para buscar que las autoridades la trasladen a una cárcel de acceso menos difícil para sus hijos y su esposo. Esta determinación nace de su intento, durante meses, sin éxito, de que el Estado cubano le conceda el cambio de centro penitenciario. Desde abril de 2023 la presa política se encuentra en la cárcel Los Colonos, en la Isla de la Juventud, sin que su familia, residente en Güira de Melena, Artemisa, fuera informada del cambio con antelación.

De acuerdo con la CIDH, «los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso».

Asimismo, los traslados «no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes; ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública».

El caso de Góngora demuestra cómo el régimen cubano hace caso omiso del derecho internacional humanitario. En el penal Los Colonos, en varios momentos, le han impedido que reciba visitas familiares y alimentos que algunos amigos le llevan. También le restringieron las llamadas telefónicas, que realiza bajo estricta vigilancia de oficiales de la prisión, y le han negado la atención médica especializada de un psiquiatra.

En julio de 2023, su esposo, Ángel Delgado, denunció que Lizandra Góngora fue amenazada por una reclusa común con un arma blanca. Las amenazas continuaron en meses posteriores, sin que las autoridades carcelarias tomaran medidas efectivas para protegerla, a pesar de que la opositora les hizo saber que temía por su vida en la prisión.

Góngora ha denunciado otras acciones represivas contra ella, realizadas o instigadas por la Seguridad del Estado y otros funcionarios del MININT. Entre los incidentes, se cuentan las amenazas de trasladarla a prisiones más lejanas, la restricción de sus visitas conyugales, agresiones de oficiales y de otras reclusas que colaboran con las autoridades, el acoso y el aislamiento del resto de la población penal, y el robo de sus medicinas.

La sistemática represión y la separación de sus hijos impuesta por el Estado han llevado a Lizandra Góngora a advertir sobre «las consecuencias de lo que pueda pasar conmigo», si no se autoriza su traslado a un penal en La Habana.

Un caso similar es el de Aymara Nieto, Dama de Blanco trasladada en 2020 a una cárcel en la provincia de Las Tunas, a casi 700 kilómetros de su familia en La Habana, tras ser acusada falsamente de liderar un motín en El Guatao.

«Lo que más me ha afectado es la separación de la familia, y que estén atravesando por dificultades sin que puedas resolver nada, que no esté en tus manos [la solución], porque al final, antes que todo, soy madre», declaró a Martí Noticias en octubre de 2023, tras obtener su primer pase reglamentado después de cinco años de presidio.

También Melkis Faure, quien ya había perdido dos embarazos bajo custodia estatal, pasó un año y dos meses (entre 2020 y 2021) sin que le permitieran ver a sus hijos, con la justificación de las restricciones impuestas para frenar la pandemia de Covid-19.

Esta separación, que en el caso de las prisioneras políticas puede implicar grandes distancias, es lo que quiere evitar a toda costa Lázara Karenia González, cuyos familiares han sostenido durante años una intensa campaña en redes sociales para evitar su encarcelamiento. La manifestante del 11J se enfrenta a la posibilidad de regresar a una celda, pues el Tribunal Municipal de Cárdenas (Matanzas) rechazó una solicitud de licencia extrapenal presentada el 3 de enero por su abogado, informó Martí Noticias.

Durante la mayor parte de su embarazo y en el primer año de vida de su hijo, Lázara Karenia estuvo en su domicilio cuidando a su bebé. Ahora las autoridades le exigen que regrese a prisión para terminar de cumplir una condena de tres años y seis meses de trabajo correccional con internamiento, dictada en marzo de 2022.

Peligra el sueño de Lisdany

Las precarias condiciones de vida en las prisiones cubanas afectan a toda la población penal. Sin embargo, en el caso de una embarazada las consecuencias son graves.

Bárbara Isaac nos pudo actualizar que el 12 de febrero visitó a sus hijas y supo que Lisdany «se siente mal, tiene vómitos». Explicó que «está haciendo mala barriga, pero al no tener alimentación adecuada, se siente peor«.

En una entrevista con El Espectador, la madre de las presas políticas expuso que Lisdany fue trasladada a una celda con malas condiciones de ventilación, presuntamente en represalia por no ceder a las presiones para que aborte. En su nueva ubicación, la joven padece un estado gripal. Según Bárbara Isaac, habían logrado que le permitieran asistir a una cita de control prenatal, pero al final nunca autorizaron un carro para trasladarla.

Recientemente, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas declaró en un comunicado su preocupación por los casos de Lizandra Góngora y Lisdany Rodríguez, y pidió al Estado que las presas políticas sean liberadas de forma inmediata.

La organización agregó: «Mientras no sea efectiva la merecida liberación de todas las personas presas por motivos políticos, instamos a las autoridades a respetar los derechos de estas mujeres y a abstenerse de acciones que empeoren su situación en las cárceles, donde sobreviven en medio de precarias condiciones de salud y alimentación que incrementan el sufrimiento de las personas privadas de su libertad».

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